La bolsa o la vida
Venezuela, el petróleo y el nuevo reparto del mundo
Por Patricio Arenas
Los imperios siempre han sabido encontrar palabras respetables para designar la
apropiación. El siglo XIX hablaba de civilización. El XX, de defensa del mundo libre,
de modernización, de lucha contra el comunismo. El XXI prefiere un vocabulario
administrativo: inversión, estabilización, seguridad energética, asociación público-
privada. Cambia el léxico. No la relación de fuerzas.
El viernes 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció en su red social que
Estados Unidos acababa de firmar «el mayor acuerdo petrolero de la historia
mundial»: el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de
reservas probadas venezolanas, negociado por el secretario de Estado Marco Rubio,
el secretario de Guerra Pete Hegseth y la presidenta interina de Venezuela, Delcy
Rodríguez. Sin costo alguno, precisó, para el contribuyente estadounidense.
Quizá tenga razón en lo de histórico. Sólo que probablemente no se trate de un
acuerdo petrolero. El salteador de caminos del siglo XIX resumía su operación en
cinco palabras: la bolsa o la vida. Ofrecía, técnicamente, una elección.
Un contrato después de una captura
Conviene precisar de inmediato lo firmado, porque el titular es considerablemente
más espectacular que el contrato. Estados Unidos no ha anexado 65.000 millones de
barriles ni ha nacionalizado el subsuelo venezolano. Según un funcionario
estadounidense citado por la prensa, Washington obtuvo el 55 % de la producción
efectiva de una nueva empresa privada constituida con un operador local. El
petróleo sigue bajo tierra y sigue siendo, jurídicamente, venezolano. El dispositivo,
según Caracas, cubre diecisiete campos, se extiende por veinticinco años y apunta a
más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno de Delcy Rodríguez calcula
100.000 millones de dólares de inversión y más de 200.000 millones en ingresos
fiscales para el Estado venezolano. Esta precisión no debilita el problema. Lo define.
Porque la cronología también forma parte del contrato. En enero de 2026, una
operación militar estadounidense secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo
trasladó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo. Delcy
Rodríguez asumió la presidencia interina. Ocho meses después, su gobierno firma
con la potencia que derribó a su predecesor un acuerdo de un cuarto de siglo sobre la
quinta parte de las reservas nacionales.
Los contratos no existen fuera de la historia. El derecho internacional conoce desde
hace mucho el problema de los tratados desiguales, y no hace falta que un ejército
ocupe permanentemente un territorio para que una relación contractual sea
profundamente asimétrica. Tampoco hace falta transferir la propiedad del subsuelo.
La propiedad formal puede seguir siendo venezolana. La bandera también. PDVSA
puede continuar existiendo.
Pero la soberanía económica no consiste en conservar un título de propiedad:
consiste en poder decidir. Quién explota. Cuánto se produce. A quién se vende. En
qué moneda. A qué precio. Qué parte de la renta sirve al desarrollo nacional. Cuando
esas decisiones pasan bajo el control de otro Estado, la propiedad jurídica sobrevive
mientras la soberanía real se evapora.
Existe además un dispositivo menos comentado. Ante la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado, en enero, Rubio explicó el arreglo alcanzado con Caracas
sobre el crudo sancionado: Estados Unidos autorizaría su salida al mercado, a precio
de mercado, y los ingresos correspondientes se depositarían en una cuenta sometida
a supervisión estadounidense, para ser gastados en beneficio del pueblo venezolano.
La frase merece releerse. Los ingresos petroleros de un Estado soberano,
administrados bajo la vigilancia de otro.
La historia colonial ofrece numerosos ejemplos de países formalmente
independientes cuyos puertos, ferrocarriles, minas, aduanas o plantaciones se
administraban desde Londres, París, Bruselas o Washington. No eran colonias en los
mapas. Lo eran en los balances.
El experimento saudí
Existe una manera sencilla de medir el carácter extraordinario de lo ocurrido: basta
con sustituir Venezuela por Arabia Saudita y Estados Unidos por China.
Imaginemos. Una operación militar china captura al príncipe heredero saudí y lo
traslada a Pekín para ser juzgado. Un nuevo gobierno se instala en Riad. Ocho meses
después, Xi Jinping anuncia que China ha obtenido el control mayoritario sobre la
producción de una quinta parte de las reservas del reino, mediante una sociedad
participada por intereses chinos, por veinticinco años. Pekín promete inversiones,
reconstrucción de infraestructuras, empleo y cuantiosos ingresos fiscales para el
Estado saudí. Y proclama, finalmente: el mayor acuerdo petrolero de la historia.
¿Cuánto tardaría Washington en denunciarlo? Probablemente unas horas. Los
editoriales hablarían de anexión económica; el Congreso, de imperialismo chino; los
gobiernos europeos invocarían la Carta de Naciones Unidas; se reuniría el Consejo
de Seguridad. Los especialistas explicarían que Pekín intenta apoderarse de las
arterias energéticas del planeta. Y seguramente tendrían razón.
Lo interesante es preguntarse por qué resulta tan fácil identificar una relación
imperial cuando imaginamos que China la ejerce sobre Arabia Saudita, y tan difícil
cuando Estados Unidos la ejerce sobre Venezuela. Esta asimetría intelectual
constituye uno de los mecanismos más eficaces del poder: lo que hace el adversario
se llama imperialismo; lo que hacemos nosotros, estabilidad.
El petróleo no es el objetivo: es el instrumento
Reducir la operación venezolana a una búsqueda de hidrocarburos sería, sin
embargo, equivocarse sobre su dimensión. Estados Unidos no carece de petróleo: es
uno de los mayores productores mundiales, y sus empresas dominan buena parte de
las tecnologías, los mercados y la financiación internacional de la energía.
Aunque los montos sean colosales, no hace falta deducirlo al control de petróleo.
Rubio lo dijo. Interrogado sobre por qué Estados Unidos necesitaba el crudo
venezolano, respondió que no lo necesita, porque produce suficiente en casa; lo que
no tolerará es que lo controlen sus rivales. «¿Por qué necesita China su petróleo?»,
preguntó. «¿Por qué Rusia? ¿Por qué Irán? Ni siquiera están en este continente.»
Durante dos décadas, Pekín convirtió a Venezuela en uno de sus principales puntos
de apoyo económicos en América Latina. Los bancos chinos prestaron decenas de
miles de millones de dólares a Caracas, y una parte considerable de esos créditos se
reembolsó mediante entregas de crudo. El propio Rubio describió el mecanismo
ante el Senado con una precisión reveladora: China recibía petróleo venezolano con
un descuento de unos veinte dólares por barril, y ni siquiera pagaba en efectivo,
puesto que los envíos servían para amortizar la deuda. Para Pekín, Venezuela
combinaba tres objetivos: acceso a materias primas, presencia económica en el
hemisferio y construcción progresiva de circuitos comerciales menos dependientes
del dólar.
Washington decidió cerrar esa puerta. Y no lo oculta: el secretario de Estado sostuvo
que la región no será una base de operaciones para adversarios, competidores y
rivales de Estados Unidos, antes de resumirlo en cuatro palabras que habrían
encantado a los diplomáticos del siglo XIX: «Este es nuestro hemisferio.» La palabra
importante no es Venezuela. Es nuestro.
Conviene añadir aquí una dimensión menos elevada, y por eso mismo más verosímil. El anuncio no ocurre en el vacío: Estados Unidos lleva seis meses en guerra con Irán, los precios de la gasolina se han disparado, la Reserva Estratégica de Petróleo cayó a comienzos de agosto por debajo de los 300 millones de barriles —más de cien millones menos que en enero— y las elecciones de medio término se
aproximan. Dos días después del anuncio, Trump precisó el destino previsto del crudo venezolano: rellenar precisamente esa reserva. La gran estrategia y el calendario electoral rara vez viven separados.
El corolario Trump
Hay una razón para no atribuir la comparación con la doctrina Monroe a la
malevolencia de los comentaristas extranjeros: la formuló la propia Casa Blanca. La
Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025 introdujo lo que
sus redactores denominaron el «corolario Trump» a la doctrina Monroe.
Vale la pena recordar de qué se trata. En 1823, cuando el presidente James Monroe
proclamó su célebre doctrina, Estados Unidos era todavía una potencia emergente y
el mensaje dirigido a las monarquías europeas parecía sencillo: Europa debía
abstenerse de intervenir de nuevo en las jóvenes repúblicas americanas. La doctrina
sufrió rápidamente una transformación, y «América para los americanos» terminó
significando, con creciente frecuencia, América para Estados Unidos.
México conoció la amputación territorial. Cuba, la tutela. Puerto Rico, la anexión.
Panamá, la separación de Colombia y el control del canal. Nicaragua, Haití y
República Dominicana, las ocupaciones militares. Guatemala descubrió en 1954 que
una reforma agraria podía convertirse en amenaza estratégica cuando afectaba los
intereses de la United Fruit Company. Chile aprendió en 1973 cuánto podía costar
intentar modificar democráticamente la distribución del poder económico. Durante
décadas, Washington justificó esas intervenciones mediante la lucha contra el
comunismo. La Unión Soviética desapareció en 1991, pero las esferas de influencia le
sobrevivieron; sólo faltaba encontrar un nuevo rival. China ocupó el lugar.
La operación venezolana no representa, por tanto, un regreso de la doctrina Monroe.
Representa su actualización, y esta vez con nombre propio. La antigua protegía el
hemisferio frente a las potencias europeas. La nueva pretende contener a Pekín.
La sombra del dólar
Existe una dimensión suplementaria, más difícil de demostrar y por ello mismo tratada aquí con prudencia. Desde hace medio siglo, la centralidad del dólar en los intercambios energéticos constituye uno de los pilares de la potencia estadounidense. El mecanismo es conocido: una parte considerable del petróleo mundial se comercializa en dólares, los importadores y los bancos necesitan dólares, los bancos centrales acumulan activos denominados en dólares, y Washington obtiene algo que ninguna otra potencia posee en proporciones comparables, la capacidad de financiarse internacionalmente en su propia moneda. Sería simplista reducir esa supremacía al llamado petrodólar, pero los mercados energéticos siguen siendo una pieza del sistema, y Pekín lleva años intentando internacionalizar el renminbi mediante acuerdos de intercambio monetario y sistemas de pagos alternativos. Los resultados son modestos. La dirección es clara.
No existe evidencia pública que permita afirmar que preservar la hegemonía del
dólar constituya un objetivo explícito del acuerdo venezolano. Sería igualmente
ingenuo ignorar el efecto sistémico. Una reserva petrolera no es sólo una reserva
energética: es una reserva de relaciones económicas futuras. Cada barril extraído
dentro de veinte o treinta años supondrá un comprador, un banco, una moneda, una
aseguradora, un transportista. Controlar el petróleo significa controlar parcialmente
esas relaciones. Cuantos más recursos estratégicos permanezcan integrados en
circuitos dominados por Estados Unidos, más difícil será construir un sistema
internacional independiente del dólar.
Por eso la batalla energética y la batalla monetaria empiezan a confundirse. Y por
eso la comparación saudí adquiere todo su sentido: si Pekín controlara la producción
de una quinta parte de las reservas del reino, no serían simplemente barriles chinos.
Serían contratos chinos, bancos chinos, tecnología china, seguros chinos, quizá
pagos en renminbi. Serían décadas de relaciones económicas organizadas alrededor
de Pekín. Washington comprendería de inmediato que semejante operación no es
comercial, sino geopolítica.
Una soberanía de geometría variable
Durante treinta años, tras la desaparición de la Unión Soviética, Occidente sostuvo
que el mundo había superado las esferas de influencia: los Estados eran soberanos,
cada país podía elegir sus alianzas, el derecho debía prevalecer sobre la fuerza. Era,
al menos, el discurso; la realidad siempre fue más complicada. Pero hoy ya no se
trata de violar ocasionalmente esos principios. Se empieza a admitir abiertamente
que las grandes potencias poseen espacios geográficos en los cuales consideran
intolerable la presencia de sus competidores. Washington habla del hemisferio
occidental, Moscú de su «extranjero próximo», Pekín de Taiwán y los mares
adyacentes. Las palabras cambian; la lógica converge.
Venezuela ofrece en este contexto una lección particularmente cruel. Durante años, Washington denunció numerosos aspectos del régimen de Nicolás Maduro: represión de opositores, debilitamiento institucional, irregularidades electorales.
Pero si el objetivo era devolver al pueblo venezolano su soberanía política, resulta llamativo que el proceso desemboque en la transferencia del control sobre la producción de una quinta parte de sus reservas hacia la potencia que intervino contra su gobierno, y que el propio Trump haya declarado que el país «no está listo todavía» para celebrar elecciones.
Una democracia puede elegir privatizar, atraer capital extranjero, conceder campos
petroleros, vender una empresa pública. La soberanía incluye el derecho a tomar
malas decisiones. Pero para que exista soberanía debe existir algo previo: la
capacidad de decir no.
Ésa es la pregunta que debería plantearse respecto del acuerdo del 28 de agosto.
¿Podía Caracas rechazar las condiciones estadounidenses? ¿Podía elegir libremente
una compañía china, una empresa rusa, un consorcio europeo? ¿Podía decidir
mantener esos campos sin explotar durante diez años? Si la respuesta es negativa, el
problema no es la propiedad. Es la soberanía.
Conviene añadir, por lo demás, que el acuerdo podría no realizarse nunca en los
términos anunciados. Los analistas del sector señalan que este tipo de montaje no
resulta especialmente atractivo para las grandes compañías internacionales, cuya
experiencia y capital resultan indispensables para reactivar una industria que hoy
produce apenas el 1 % del crudo mundial pese a poseer las mayores reservas
probadas del planeta. No sería la primera vez que un anuncio histórico envejece mal.
Pero el precedente político ya está establecido, y los precedentes no necesitan
cumplirse para producir efectos.
El precio del precedente
Los precedentes internacionales tienen una característica incómoda: nunca
pertenecen exclusivamente a quienes los crean. Si una potencia puede intervenir
militarmente en otro Estado, capturar a su dirigente y obtener meses después el
control económico de una parte considerable de sus recursos estratégicos, otras
potencias observarán. Y aprenderán. Mañana China podría emplear argumentos
similares en su periferia; Rusia, en la suya; India, Turquía u otras potencias
regionales podrían concluir que el verdadero derecho internacional es simplemente
la relación de fuerzas.
Washington respondería que las situaciones son diferentes. Siempre lo son. Cada
imperio posee excelentes razones para explicar por qué sus intervenciones no se
parecen a las de los demás. Rubio precisó, por lo demás, que la operación de enero
no requería autorización del Congreso, puesto que no se trataba de una invasión.
Pero las reglas internacionales sólo existen cuando se aplican también a quienes
poseen la fuerza necesaria para violarlas. De lo contrario dejan de ser reglas y se
convierten en recomendaciones dirigidas a los débiles.
La bolsa o la vida
Trump sostiene desde hace tiempo que Venezuela robó el petróleo estadounidense
cuando Hugo Chávez nacionalizó, hace dos décadas, centenares de activos
extranjeros. El argumento posee una elegancia particular: la apropiación se presenta
como restitución. También el salteador de caminos puede sostener que la bolsa era
suya.
Los viejos imperios necesitaban conquistar territorios para apropiarse de sus
recursos: enviar ejércitos, instalar gobernadores, administrar colonias. El
imperialismo contemporáneo resulta más económico. No necesita cambiar una
bandera ni suprimir un himno; puede mantener un presidente en el palacio y
reconocer formalmente la propiedad nacional del subsuelo. Sólo necesita controlar
las decisiones importantes. Quién extrae. Quién financia. Quién compra. Quién
transporta. Quién cobra. Y quién no entra.
Venezuela seguirá apareciendo en los mapas. Sus 303.000 millones de barriles
seguirán figurando estadísticamente como reservas venezolanas. Ésa es quizá la gran
innovación del siglo: ya no es necesario poseer un país para disponer de sus
riquezas. Basta con poseer las decisiones.
Cuando dentro de algunos años los historiadores intenten comprender en qué
momento el orden internacional nacido en 1945 empezó a ceder definitivamente el
paso al nuevo reparto del mundo, quizá vuelvan la mirada hacia Caracas y hacia
aquel 28 de agosto de 2026. Y tal vez concluyan que Donald Trump tenía razón: fue
un acontecimiento histórico. Sólo se equivocó, en una palabra. No fue el mayor
acuerdo del siglo. Fue una elección ofrecida en un camino oscuro, con la mano del
otro sobre el arma.
Caracas conservó la vida: la bandera, el himno, el palacio, la empresa nacional, el
título de propiedad sobre el subsuelo. Y entregó la bolsa.
