La Palabra Abierta, Ecuador
Por L. Parrini
La semana anterior fue una semana política extraordinaria, una semana que empezó con una amenaza directa a nuestro sistema democrático. La amenaza es la instrumentalización de la justicia en favor de determinados intereses políticos que incluye la deportación de un político detenido en los Estados Unidos y extraditado a Ecuador, considerado enemigo del régimen, José Serrano, acusado de ser autor intelectual del crimen de Villavicencio; y la sentencia en firme contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por despojarse del grillete de seguridad, acusado de comercializaciones ilícitas de combustible subsidiado. Estos casos abren un debate acerca de los límites de la justicia y su frecuente uso como herramienta de propaganda de cara a los próximos comicios.
Todo ocurre dentro de un estado de excepción que cruza una línea roja que lo hace incompatible con una democracia liberal, que otorga al régimen sin control el derecho a detener a ciudadanos, suspender libertades personales, derecho a reunión y asociación, a espiar comunicaciones privadas y requisar bienes.
El Estado puede arrestar a una persona, relegarlo o expulsarlo del país. Implica movilización militar y policial: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salen a las calles para reforzar el control y la seguridad ciudadana. Suspensión temporal de derechos: El Gobierno puede suspender o limitar ciertos derechos constitucionales de forma específica. Los más comunes son Inviolabilidad de domicilio: Permite a los agentes realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial previa en zonas conflictivas. Inviolabilidad de correspondencia: Faculta la revisión de mensajes o comunicaciones para prevenir amenazas. Libertad de asociación y reunión: Se pueden prohibir aglomeraciones o protestas que representen un riesgo para el orden. Libertad de tránsito (toque de queda): Se establecen horarios en los que la circulación está prohibida, según la gravedad del caso. Facultades económicas y de requisición: El Ejecutivo puede usar fondos públicos destinados a otros fines para enfrentar la emergencia y ordenar requisiciones temporales de bienes.
En esta coyuntura la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Puntos clave de la nueva ley: Sin estado de excepción. El cambio más significativo es que las Fuerzas Armadas (FFAA) podrán colaborar legalmente con la Policía en tareas de seguridad interna sin necesidad de declarar un estado de excepción previo. Activación por decreto: Para que los militares intervengan, el presidente de la República deberá emitir un Decreto Ejecutivo. Este acto debe fundamentarse en informes técnicos de la Policía Nacional y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Además, se notificará a la Corte Constitucional y a la Asamblea en un plazo de 24 horas. Plazos y prórrogas: El apoyo militar tendrá una duración máxima de 180 días, con la opción de extenderse por 30 días adicionales. Ámbito de acción: El rol militar se enfocará estrictamente en el combate al crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y en el control de crisis graves dentro del sistema penitenciario. La ley aclara que las operaciones castrenses serán complementarias y no sustituirán las competencias ordinarias de la Policía.
La nueva disposición legal se ampara en el grado de confianza que inspire la autoridad, y allí radica el problema: la república no confía en la benevolencia de la autoridad, en cambio invoca controles, límites y contrapesos a cada poder que resguardan la libertad frente a los abusos. La aprobación de esta ley significa el fin del contrato básico que sostiene a la democracia, significa dejar de ser ciudadanos con derechos garantizados a la libertad, la privacidad para pasar a ser súbditos cuyos derechos dependen de la benevolencia de una autoridad.
La democracia no se trata de entregar todo el poder a una persona o régimen y confiar a que se lo usará con criterio, eso se llama despotismo, y es la receta de todos los regímenes autoritarios que intentan expandir su poder. Dicho poder invoca una amenaza existencial representada en un enemigo político, concentra la autoridad en una sola mano, suspende los derechos ciudadanos y reduce el control del poder legislativo y judicial, todo mientras el dictador benevolente no dé por superada la amenaza. Esa fórmula ha funcionado desde la Alemania de 1933 hasta los Estados Unidos de Trump en la actualidad, pasando por El Salvador de Bukele.
Esas medidas no tienen nada que ver con el combate al crimen organizado, aun sin ellas los fiscales pueden espiar a los sospechosos, allanar sus viviendas, confiscar sus bienes como prueba de delito, ese es su trabajo habitual no el trabajo del Presidente, es decir, determinar a quién se investiga a quién se espía o a quién se arresta. El mandatario no puede ni debe proferir amenazas contra sus enemigos, como lo hizo contra el ex presidente R. Correa, al comunicar la detención de su ex ministro J. Serrano en la cárcel El Encuentro.
Investir al presidente de la República de poderes especiales no ayuda a combatir el crimen. Nadie puede afirmarlo, ni tampoco justificar el hecho que otorgar estos poderes al mandatario sería necesario para combatir la delincuencia. En democracia la fórmula es todo lo contrario: construir instituciones permanentes, no excepcionales, para dar la batalla contra el crimen. Atacar las causas erradicando la pobreza, fortalecer una educación en valores, construir cárceles reformatorias y fortalecer la capacidad operativa del Estado para perseguir al crimen organizado y detectar la ruta del dinero de las organizaciones criminales.
En campaña se ofreció derrotar al crimen declarándole la guerra, -violencia contra violencia- en campaña esta oferta se convierte en un permanente montaje mediático asociando a criminales con los enemigos políticos. En campaña se decía que bastaba con voluntad política, ahora resulta que no es suficiente, que además hay que promulgar leyes que restrinjan nuestros derechos y poner la libertad de las personas en manos de un poder sin control. ¿Ese fue un plan desde el principio o se les acaba de ocurrir?
Otra fórmula copiada del recetario de los autócratas es crear una lista negra confeccionada por el poder político de organizaciones supuestamente criminales o terroristas. Se trata de una bomba de tiempo en el hígado de nuestra democracia, lista para ser gatillada por cualquier líder autoritario presente o futuro. La esperanza radica en que la política esté a la altura de su responsabilidad histórica en un momento crítico de nuestra democracia. Que todos en política, desde la izquierda hasta la derecha, quienes comparten los valores básicos de la democracia liberal, defiendan los límites que separa la república de despotismo, es decir, que el presidente de la República en democracia tiene una autoridad limitada, sometida a controles no un poder omnímodo sobre los ecuatorianos.
El distractor
La captura de Serrano desvía el foco de atención de problemas urgentes como la crisis energética, la seguridad interna y bullados casos de corrupción. No es casualidad o coincidencia que cuando el caso Progen vuelve a tomar fuerza José Serrano regresa deportado a Ecuador, además un día viernes, y se vuelve a activar toda una historia en torno al correismo, es decir, lo que el gobierno quiere: un enemigo político conocido, seguridad, cárcel y una amenaza presidencial, el contenido perfecto para llenar las redes y distraer de otros temas al país. Con Progen sucede que se trata de un hecho que involucra a 84 millones de dólares y la propia defensa acusa al gobierno de utilizar el caso con fines políticos, acusación que forma parte del conflicto comunicacional que rodea el caso. Entonces una noticia se come a otra noticia en el interés del público, un recurso mediático calculado para dominar a la opinión pública. Vivimos un proceso electoral en el que la comunicación necesita de enemigos visibles, símbolos fuertes y mensajes fáciles de recordar. En política una noticia puede ser absolutamente real y al mismo tiempo terminar funcionando como una enorme distracción.
Las noticias judiciales operan como distractor de otras tanto o más importantes para el país, como el uso por parte del gobierno de 200 millones de dólares en gastos reservados. Cómo se justifica el manejo de tal cantidad de dinero que, por su condición de reservado, no está sometido a ningún control. El dispendio, puede incitar al robo de gastos reservados y utilizados sin control, porque no queda rastro de ellos porque, precisamente, son reservados. Ecuador requiere transparencia para conocer en qué se gastan 200 millones de dólares, y el mandatario ecuatoriano tiene que dar una explicación de ese gasto. ¿Será acaso que se invierte ese dinero en la compra de tres medios de comunicación: diario el Universo, Radio Centro, ¿y el portal digital La Posta? El mandatario debe informar directamente no a través de periodistas o editorialistas pagados, que le regalan el micrófono.
El otro síndrome de la devaluación democrática que vive el país es la no existencia de partidos políticos ideológicamente estructurados. Una democracia sin partidos políticos no es vigorosa. Antes del fatuo pragmatismo que hoy debilita la política había ideas, ahora dónde están las metas, propuestas y soluciones a ocho millones de ecuatorianos que no tienen empleo, a siete millones sin seguridad social. El país reclama soluciones a sus problemas y la respuesta solo puede venir de organizaciones enfocadas en el interés público.
Hoy medio Ecuador se muere de miedo de abrir la boca y cuando esto ocurre estamos ante la peligrosa disminución de la democracia que incuba a los protodictadores. A la causa de la desigualdad hay que sumar la intolerancia, como factores que influyen en una mayor polarización social y en una criminalización de la protesta ciudadana. La tensión social provocada por estas circunstancias deteriora la convivencia nacional.
