Pueblo Mapuche. Reconocen racismo y sexismo contra la Machi Millaray: tribunal condena a Bío Bío por contenidos tendenciosos
El Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno acogió la demanda por discriminación arbitraria interpuesta por la machi mapuche-williche Millaray Huichalaf Pradines contra Bío Bío Comunicaciones S.A. La sentencia, dictada el 25 de julio, declara que el medio incurrió en un trato discriminatorio al estigmatizarla mediante el apodo «la machi de los sacrificios» y una cobertura cargada de estereotipos raciales, religiosos y de género.
Ada Calderón
La Izquierda Diario. Miércoles 29 de julio
Millaray Huichalaf es una autoridad ancestral y espiritual del Pueblo Mapuche-Williche. Desde hace más de diecisiete años lidera la defensa del río Pilmaiquén frente a los proyectos hidroeléctricos de Statkraft, empresa estatal noruega. Su lucha cuenta con el respaldo de más de 120 comunidades del territorio y ha llegado incluso a la OCDE, a través del Punto Nacional de Contacto de Noruega.
En ese contexto de persecución y hostigamiento, Bío Bío publicó dos reportajes —el 14 y el 28 de septiembre de 2025— que hoy un tribunal calificó como un acto de discriminación arbitraria.
El apodo que lo dice todo
El primer reportaje se tituló «La ’machi’ de los sacrificios: la oscura trama detrás del ritual que terminó con dos personas muertas». Partió de la trágica muerte de dos personas en el río Pilmaiquén en agosto de 2025. Pero, según constató el tribunal, el medio no se limitó a informar: asoció prácticas culturales indígenas con «ritos satánicos», sacrificio de animales y oscuridad, y usó comillas en la palabra «machi» para poner en duda su autoridad tradicional.
El segundo reportaje, del 28 de septiembre, repitió el mismo apodo y sumó un sesgo de género claro: un subtítulo que la llamaba «Una mujer perdida», algo que un hombre en su misma posición jamás habría enfrentado.
Lo que dice la sentencia
El juez Claudio Ernesto Thomas Veloso concluyó que:
El uso constante de comillas en la palabra «machi», sumado al resto de la cobertura, genera un efecto que refuerza la discriminación y desanima la participación de una autoridad indígena en la vida pública.
El subtítulo «Una mujer perdida» no respeta los derechos fundamentales de la demandante.
Que algunas comunidades no reconozcan a una machi como autoridad es normal y no debería usarse como una descalificación pública.
Bío Bío afectó el derecho de Millaray Huichalaf a participar en la vida pública como mujer, machi y defensora ambiental.
Por eso, el tribunal Resuelve contra Bío Bío:
1. Declaró la existencia de discriminación arbitraria por parte de Bío Bío Comunicaciones S.A.
2. Ordenó eliminar las referencias que la identifican como «la machi de los sacrificios», reemplazándolas por «la Machi Millaray Huichalaf», y eliminar el uso de comillas en la palabra machi.
3. Ordenó reemplazar el subtítulo «Una mujer perdida» por una versión desprovista de la carga moralizante de género.
4. Obligó al medio a publicar una rectificación explicando que la sentencia lo obligó a modificar esas expresiones por su efecto discriminador, y a señalar la multa pagada.
5. Ordenó una capacitación obligatoria para el 90% de su plantel periodístico sobre los estándares vulnerados en el fallo.
6. Impuso una multa de 10 UTM a beneficio fiscal y condenó en costas a la demandada.
No es un caso aislado
Lo que le pasó a Millaray Huichalaf no es un error editorial puntual. Es una práctica habitual de los medios de comunicación financiados por los grandes empresarios para desprestigiar a las autoridades y dirigentes del Pueblo Nación Mapuche que defienden sus territorios, sus aguas y sus bosques frente al avance de forestales e hidroeléctricas.
El caso de la papay Julia Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Indígena de Putreguel (Máfil, Región de Los Ríos), muestra algo parecido.
Chuñil, defensora del bosque nativo, desapareció el 8 de noviembre de 2024 tras denuncias de amenazas de personas interesadas en explotar los terrenos que ella protegía. Su familia apuntó desde el inicio al empresario forestal Juan Carlos Morstadt, sospecha que creció tras conocerse una llamada interceptada donde él le dice a su padre «la quemaron», en referencia a Chuñil.
Sin embargo, en enero de 2026 la Fiscalía Regional de Los Ríos, a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel, detuvo y formalizó por el crimen a tres hijos y al exyerno de la propia Julia Chuñil, alegando «evidencia científica» y peritajes. La familia de los detenidos rechaza esa versión y denuncia un «montaje» con «pruebas falsas».
Es una causa judicial activa, con versiones enfrentadas que la justicia todavía debe resolver. Pero el propio medio CIPER Chile advirtió sobre el riesgo de una cobertura sin memoria ni rigor cuando quien está en el centro de la historia es, otra vez, una dirigenta mapuche que defendía tierra en disputa con intereses forestales.
Este patrón —apodos estigmatizantes como «la machi de los sacrificios», o coberturas apresuradas que instalan un relato antes de que la justicia hable— cumple una función: fabricar en la audiencia chilena el consentimiento social para avalar la destrucción de la naturaleza que estas autoridades defienden. Deslegitimar a quien defiende el río, el bosque o la tierra facilita el camino a la empresa de turno.
Todo esto ocurre mientras el Wallmapu lleva más de cuatro años militarizado bajo Estado de Excepción, con Fuerzas Armadas desplegadas contra comunidades mapuche que reclaman tierras arrebatadas históricamente en la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». La estigmatización mediática de sus autoridades espirituales y defensoras ambientales no es casualidad: es parte del mismo despojo.
Una victoria que va más allá de un caso
Que un tribunal reconozca que el lenguaje de un gran medio —comillas, subtítulos moralizantes, asociación de la espiritualidad indígena con satanismo— constituye discriminación, no es un hecho menor. Es el reconocimiento judicial de algo que comunidades mapuche y organizaciones de mujeres denuncian hace años: que la «objetividad periodística» puede esconder racismo y machismo sin nombrarlos como tales.
La demanda de Millaray Huichalaf mostró cómo Bío Bío combinó estigmatización racial, religiosa y de género sobre una misma persona: mujer, indígena y defensora ambiental. El tribunal no acogió cada argumento tal como fue planteado, pero sí validó lo central: que la cobertura excedió la libertad de prensa y funcionó como una herramienta para deslegitimar a una autoridad ancestral.
Bío Bío ahora debe rectificar públicamente, no por voluntad propia, sino por una sentencia firme. Estigmatizar a una machi por ser mujer, mapuche y defensora del agua no es periodismo de interés público. Es discriminación.
La comunicación no debe estar subordinada a intereses económicos ni al poder de unos pocos, se requiere medios independientes, diversos y críticos, que informen con rigurosidad y permitan que las comunidades formen su propia opinión a partir de información plural y no de narrativas impuestas.
(Nota elaborada a partir de la sentencia rol C-538-2025 del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, de fecha 25 de julio de 2026.)
