Le Monde Diplomatique
Con poco más de tres meses en el poder, el gobierno de José Antonio Kast ha iniciado una ofensiva directa contra el mundo del trabajo. No es una sorpresa: el proyecto político que promueve representa los intereses del gran capital nacional y transnacional. Su gestión se alinea con una preocupante ola de mandatarios regionales que subordinan la soberanía de sus naciones a las corporaciones financieras que controlan los recursos estratégicos del planeta, como la tecnología, las telecomunicaciones, el agua, el petróleo, el cobre y el litio.
En esta dinámica de subordinación, el gobierno actúa con la urgencia de despejar el camino a los mercados globales, intentando desmantelar cualquier resguardo normativo que el capital perciba como un obstáculo para sus inversiones. Atraer capital a toda costa parece ser la única consigna, sin importar los costos humanos para las familias de los trabajadores.
Como punta de lanza de esta estrategia, la “Mesa de Reactivación Laboral” -creada en mayo por el Ministerio del Trabajo y conformada por nueve académicos defensores del actual modelo económico-, elaboró en menos de dos meses un paquete de 22 medidas destinadas, supuestamente, a dinamizar el empleo formal a través de capacitación, subsidios para mujeres y jóvenes, y una agresiva flexibilidad laboral. La justificación técnica de la comisión se sostiene en la compleja realidad laboral del país, reflejada en una tasa de desempleo del 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026 -que llega al 10,5% en las mujeres- y en los 40 meses que Chile arrastra con una desocupación sobre el 8%.
No obstante, detrás de este diagnóstico se esconde un retroceso histórico. El aspecto más peligroso del informe es la propuesta de eliminar la “indemnización por años de servicio”. Esta institución ha sido la garantía de que el trabajo es un derecho fundamental y de que el despido arbitrario constituye un daño que debe ser reparado por quien lo ejerce. La Mesa propone sustituir este pago obligatorio por un fondo financiado mediante un seguro complementario al de cesantía. De este modo, el empleador queda eximido de pagar la indemnización con recursos propios, obteniendo carta blanca para aplicar el despido libre según sus intereses.
¡Se acaba la protección al trabajador!
La gravedad de la situación actual no tiene precedentes cercanos. Ni la dictadura civil-militar se planteó eliminar de raíz estas protecciones básicas, ni el empresariado había encontrado un escenario tan favorable para sus pretensiones. Lo más preocupante es la existencia de liderazgos políticos dispuestos a transar principios que debieran ser intransigibles. Si las organizaciones sociales y las fuerzas políticas no muestran una postura firme en la defensa del derecho laboral, se permitirá que un pensamiento anacrónico borre de un plumazo décadas de lucha social. Reactivar la economía jamás puede ser la excusa para desmantelar la dignidad de la clase trabajadora; es momento de articular la resistencia y frenar este atropello institucional.
La hora presente exige un esfuerzo supremo de las alicaídas organizaciones sociales y, principalmente, de las sindicales. Hay que dejar en claro que esto es intolerable: ha llegado el momento de que el movimiento sindical prepare y capacite a los trabajadores para grandes desafíos históricos.
El único lenguaje que entienden los gobernantes subordinados al capital y los empresarios rentistas es el de la movilización social y, en particular, el de su herramienta más eficaz: la huelga general. La historia demuestra que los trabajadores han logrado avanzar recurrentemente gracias a este mecanismo. Es momento de poner la huelga en el centro del debate, de forma que la conciencia de clase germine a la brevedad para defender lo poco que todavía les queda a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
6 de julio 2026
