por Franco Machiavelo
En ciertos momentos históricos, las sociedades no solo enfrentan crisis materiales, sino también una profunda distorsión de sentido. Chile parece transitar precisamente por ese punto de inflexión: un escenario donde el diagnóstico dominante habla de decadencia, agotamiento fiscal y colapso institucional, mientras las respuestas propuestas avanzan en dirección opuesta a la superación de esas mismas tensiones.
La agenda económica asociada a José Antonio Kast se inscribe en esa paradoja. Bajo la retórica de austeridad, orden y responsabilidad, se configura un modelo de reorganización social que no distribuye el costo de la crisis, sino que lo reasigna. Y lo hace siguiendo una lógica persistente en la historia económica: trasladar el peso del ajuste hacia quienes tienen menor capacidad de resistirlo, mientras se alivian las cargas de quienes concentran el capital.
Una transferencia regresiva de recursos
No se trata simplemente de “recortes” o “incentivos”. Se trata de una arquitectura coherente. Por un lado, la reducción de impuestos a grandes patrimonios y empresas se justifica como motor de inversión y crecimiento futuro. Por otro, la contracción del gasto social —en pensiones, salud, transferencias como la PGU— se presenta como una necesidad técnica inevitable. Sin embargo, al observar ambos movimientos en conjunto, emerge con claridad su efecto real: una transferencia regresiva de recursos, donde el financiamiento del alivio tributario de los sectores altos proviene, directa o indirectamente, de la disminución de derechos y garantías de las mayorías.
Aquí se revela el núcleo del problema: la crisis no se administra como un desafío colectivo, sino como una oportunidad de reconfiguración. El Estado deja de ser un instrumento de equilibrio social para transformarse en un mecanismo de aseguramiento de la acumulación. En ese tránsito, lo público pierde densidad política y se redefine como gasto prescindible, mientras lo privado se eleva a la categoría de racionalidad superior.
Lo más sofisticado —y a la vez más inquietante— de este proceso no es solo su dimensión económica, sino su eficacia cultural. Se instala una narrativa donde los derechos sociales aparecen como excesos, las políticas redistributivas como distorsiones, y la desigualdad como un resultado natural del mérito. De este modo, la discusión deja de ser estructural y se vuelve moral: el problema ya no es cómo se distribuye la riqueza, sino quién “merece” recibir apoyo.
En ese marco, la contradicción inicial se vuelve aún más evidente: si el país está “al borde”, ¿por qué las soluciones refuerzan las asimetrías que lo han llevado a ese punto? La respuesta exige abandonar la idea de incoherencia. No hay tal. Existe, más bien, una consistencia profunda entre diagnóstico y proyecto: la crisis se interpreta desde una perspectiva que considera excesiva la intervención social del Estado, y por tanto propone su reducción como camino de salida.
Pero esa coherencia tiene un costo. Un país no se recompone debilitando las condiciones materiales de su mayoría. No hay estabilidad duradera en una sociedad donde la seguridad económica se vuelve privilegio y no derecho. Y no hay legitimidad sostenible cuando amplios sectores perciben —con razón— que el esfuerzo se distribuye de manera desigual.
Así, el “mundo al revés” deja de ser una metáfora y se convierte en una descripción precisa: una sociedad donde quienes menos tienen sostienen, mediante la pérdida de protección y derechos, los beneficios de quienes más poseen.
Y en ese punto, la pregunta ya no es retórica, sino política en su sentido más profundo:
¿qué tipo de sociedad se está construyendo cuando la salida a la crisis consiste en profundizar sus causas?
Porque cuando la desigualdad no es corregida, sino organizada, no estamos frente a una falla del sistema.
Estamos frente a su forma más pura de funcionamiento.
