por Franco Machiavelo
Cuando un proceso que se levanta sobre la promesa de soberanía, dignidad popular y ruptura con la dependencia histórica comienza a mostrar señales de conciliación con los centros del poder global, no es extraño que surjan tensiones, críticas y, sobre todo, desencanto en sus propias bases. No se trata de purismo ideológico vacío, sino de una contradicción material profunda: ¿puede un proyecto que se define antiimperialista reconfigurar sus relaciones con la potencia hegemónica sin alterar su esencia?
El problema no es el diálogo en sí, sino las condiciones en que ese diálogo se produce. En un sistema mundial estructurado por relaciones desiguales, donde el capital transnacional dicta las reglas del juego, cualquier acercamiento corre el riesgo de convertirse en subordinación si no está sostenido por una correlación de fuerzas favorable al pueblo. La historia latinoamericana ha mostrado una y otra vez cómo las aperturas “pragmáticas” terminan siendo la puerta de entrada para la recomposición de las élites económicas y la domesticación de los proyectos populares.
Desde una lectura crítica, el giro hacia entendimientos con Estados Unidos genera sospechas porque puede interpretarse como una adaptación a las presiones del mercado global y del bloqueo, pero también como una señal de agotamiento del impulso transformador original. Cuando la supervivencia del aparato estatal se prioriza por sobre la profundización de la participación popular, se produce un desplazamiento: de la revolución como proceso vivo, a la administración del orden existente con nuevos actores.
Aquí aparece una tensión clásica: la distancia entre dirección política y base social. Si las decisiones estratégicas se toman sin una deliberación real desde abajo, se debilita la hegemonía construida en torno al proyecto. No basta con resistir externamente; también es necesario mantener la coherencia interna. De lo contrario, el discurso emancipador corre el riesgo de vaciarse y convertirse en mera retórica.
El desencanto, entonces, no surge necesariamente de una traición explícita, sino de la percepción de una deriva. De sentir que el horizonte de transformación se estrecha, que la crítica es deslegitimada, y que las alianzas comienzan a responder más a la lógica de supervivencia que a la de emancipación.
Defender un proceso revolucionario “de pie” implica sostener su autonomía, su capacidad crítica y su vínculo orgánico con el pueblo. Implica también aceptar que la legitimidad no es un capital infinito: se construye y se erosiona en la práctica concreta. Y cuando las decisiones parecen alejarse del mandato popular, la crítica no es un ataque, sino una forma de defensa.
Porque al final, la mayor amenaza para cualquier proyecto transformador no siempre viene de afuera. A veces nace en el momento en que deja de cuestionar las estructuras que prometió cambiar.
