por Leopoldo Lavín
La polémica volvió al centro del debate esta semana con el proyecto del paquete neoliberal denominado Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, enviado por José Antonio Kast al Congreso y duramente cuestionado por su carácter regresivo, su ambición refundacional y su explícita voluntad de desmontar derechos sociales y culturales bajo la retórica de la eficiencia.
Entre sus múltiples disposiciones, una encendió especialmente las alarmas en el mundo cultural, editorial y académico: la incorporación de una excepción a los derechos de autor que permite a sistemas de inteligencia artificial reproducir, adaptar y utilizar obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus creadores. Pero el verdadero escándalo no reside sólo en la radicalidad de la propuesta de Kast, sino en que ese artículo no es suyo: se trata de una reproducción casi textual de una norma que el propio gobierno de Gabriel Boric ya había impulsado en 2024 y que fue rechazada entonces por la Cámara de Diputados.
Ignorancia crasa o impostura
En su artículo 8, la megarreforma de Kast incorpora un nuevo artículo 71 T a la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, estableciendo una excepción a los derechos de autor para la extracción y análisis automatizado de datos, permitiendo la reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública de obras protegidas sin autorización ni remuneración a sus titulares.
Es decir, mientras se pronuncian discursos sobre soberanía informativa, democracia digital y defensa de la cultura, se promovía una legislación que facilitaba precisamente la apropiación privada de bienes culturales por parte de las plataformas tecnológicas más concentradas del planeta.
En los hechos: Progresistas y neoliberales
Cuando Vallejo habla de combatir la desinformación y de enfrentar el poder de las plataformas, omite que gobernar también exige confrontar el modelo económico que sostiene ese poder. Y ahí el balance del oficialismo resulta decepcionante: no hubo reforma estructural de medios, no hubo fortalecimiento sustantivo de un sistema público de comunicación, no hubo una política seria contra la concentración mediática y, peor aún, sí hubo disposición a debilitar la protección de creadores nacionales en beneficio de la industria global de la inteligencia artificial.
La izquierda latinoamericana suele denunciar —con razón— el colonialismo económico de las plataformas digitales. Pero en Chile, bajo retórica progresista, se terminó proponiendo una forma de extractivismo cultural: transformar la producción intelectual local en materia prima gratuita para alimentar modelos de negocio ajenos, radicados principalmente en Silicon Valley.
No se trata de defender un inmovilismo tecnológico ni de negar la importancia de la inteligencia artificial. Se trata de una pregunta mucho más básica: ¿quién gana y quién pierde cuando se legisla? Si el resultado es que los autores pierden derechos y las grandes plataformas ganan capacidad de acumulación, entonces no estamos ante una política progresista, sino ante una versión tecnocrática del viejo neoliberalismo.
Por eso las declaraciones de Barcelona no convencen. No basta con denunciar la desinformación en foros internacionales si, al mismo tiempo, se impulsa una arquitectura legal que fortalece a quienes concentran el poder informativo global. No basta con hablar de democracia digital mientras se normaliza la cesión gratuita del trabajo intelectual a los nuevos monopolios de la inteligencia artificial.
La verdadera pregunta no es qué dijo Vallejo en Barcelona, sino por qué su gobierno defendió en Santiago exactamente aquello que ahora pretendió criticar fuera de Chile. Porque hablar contra las plataformas puede ser políticamente rentable; legislar para ellas, en cambio, revela algo más profundo: ignorancia tecnológica o simple obediencia neoliberal.
Leopoldo Lavín Mujica
