Tierra, poder y violencia
Las comunidades indígenas les disputan las ricas tierras de la Patagonia a terratenientes extranjeros en un conflicto que se ha agudizado con el protagonismo que ha asumido el gobierno argentino en él. Un operativo irregular de la Gendarmería, en Chubut, dirigido por el Ejecutivo, terminó con la desaparición de un joven. Un caso que amenaza con retrotraer el país a los peores días de la dictadura militar.
Fabián Kovacic, desde Buenos Aires
Brecha, 11-8-2017
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, huyendo de la represión de la Gendarmería Nacional que ingresó ilegalmente en tierras de la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, a 1.400 quilómetros de Buenos Aires, en la provincia patagónica de Chubut. “Tenemos a uno”, gritaban los gendarmes, según los testigos, mientras rodeaban unos matorrales y cargaban entre todos un bulto en la camioneta de la fuerza de seguridad.
En un operativo de desalojo que no contaba con el aval de la justicia (no hubo orden de allanamiento) pero que no obstante fue comandado en persona por el número tres del Ministerio de Seguridad del gobierno federal, Pablo Noceti, la Gendarmería Nacional irrumpió en el terreno que la comunidad Pu Lof ocupaba desde hacía un par de semanas, destruyó todo el campamento mapuche y persiguió a las personas que allí se encontraban. Maldonado, un artesano bonaerense que vivía en la ciudad patagónica El Bolsón, se encontraba circunstancialmente allí para apoyar el movimiento antiminería y la causa mapuche. Montaba guardia en uno de los puestos de vigilancia del campamento, ya que para poder reclamar una tierra legalmente –y presentar recursos ante la justicia para obtenerla– primero los pueblos originarios tienen que tomar posesión de ella. Desde ese lunes no se supo más nada de Maldonado. El Estado niega tenerlo en custodia, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de un caso de desaparición forzada.
Es la segunda desaparición presuntamente política en democracia, que esta vez parecería responder a una nueva lógica de represión, diferente a la de la última dictadura militar pero de matriz similar. La primera fue la de Julio López (en setiembre de 2006), testigo en el juicio contra el comisario Miguel Etchecolatz, acusado de cometer delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983. En total, desde la reinstauración democrática de 1983, se han registrado 220 desapariciones, según la Comisión Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una Ong dedicada al seguimiento de arbitrariedades represivas estatales.
La desaparición de Maldonado se inscribe en el marco del conflicto por las codiciadas tierras de la Patagonia argentina entre comunidades indígenas y grandes empresarios.
Terratenientes
La comunidad mapuche Pu Lof, compuesta por un centenar de ciudadanos, reclama sus tierras ancestrales, que el empresario italiano Luciano Benetton reivindica como suyas. Fue en 1991 que el magnate textil compró la Compañía Tierras del Sud SA, que cuenta con casi un millón de hectáreas en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La compañía obtuvo gratuitamente estas tierras en 1880 –tras la llamada conquista del desierto que diezmó a las tribus mapuches y tehuelches en la Patagonia– por una ley del gobierno de Nicolás Avellaneda (1874) que cedía tierras a colonos que quisieran labrarlas.
Según el historiador Ramón Minieri, en su libro Ese ajeno sur,(1) algunos ciudadanos británicos con testaferros argentinos reclamaron entonces ante la oficina estatal de Tierras y Colonización un conjunto de hectáreas que hoy comprenden la propiedad de Benetton. Durante la apertura liberal de los años de Carlos Menem (1989-1999), decenas de empresas extranjeras compraron tierras en el país. Uno de los que compró terrenos a los británicos fue Benetton, y desde entonces es el extranjero con más tierras en Argentina.
Resistencias
En las tierras de Benetton, en el departamento de Cushamen, la comunidad Pu Lof reclama desde hace siglo y medio 600 hectáreas como propias. Y a partir de ese conflicto y otros, como el de las tierras cercanas a El Bolsón, adjudicadas al magnate británico Joe Lewis (ex dueño del Hard Rock Café), surgió el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (Ram), que reivindica con acciones radicales la propiedad del suelo. Incendios, atentados con bombas molotov, inutilización de maquinarias y destrucción de alambrados, son algunas de las acciones ejecutadas en la última década por este grupo, cuyo ideario cruza el anarquismo con prácticas y simbología ancestral de los pueblos mapuche, araucano y tehuelche. El dirigente de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala es acusado por autoridades en Argentina y Chile de ser el líder de Ram, pero no hay pruebas de ello.
El pasado 27 de junio Facundo Huala fue detenido a 50 quilómetros de Bariloche por personal de Gendarmería a pedido del gobierno de Chile, que lo acusa de participar en acciones de vandalismo en 2013. El secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, había anunciado el día anterior que se comprometía a cumplir con el pedido chileno de extradición de Huala. En agosto de 2016 el líder mapuche ya había sido detenido a pedido del país trasandino, pero su extradición fue denegada por falta de pruebas por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. La respuesta del Ejecutivo a esta decisión del Poder Judicial fue sorprendente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intervino y reclamó a la Corte Suprema de Justicia que desestimara la decisión del juez. El supremo descartó su pedido el miércoles 2 de agosto, apenas un día después de la desaparición de Santiago Maldonado.
Ensañados
Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y quien dirigió el operativo en el que habría desaparecido Maldonado, tiene una historia de apego a la represión. Abogado defensor de condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, Noceti defiende la curiosa teoría de que los juicios por esos delitos corresponden a una “legalización de la venganza estructurada y diseñada por el poder político”. En 2000 se incorporó al estudio jurídico de Alejandro Battaglia y Fernando Velazco, defensores poco exitosos de Leopoldo Galtieri y oficiales del Ejército que actuaron en La Pampa y Entre Ríos durante la dictadura: todos fueron condenados por la justicia federal. En enero de 2016, cuando Noceti fue nombrado para su cargo en el ministerio, los organismos de derechos humanos advirtieron sobre cuáles eran sus antecedentes y le reclamaron al gobierno que revisara su designación.
Noceti se jactó en dos entrevistas radiales de su decisión de llevar adelante el operativo sin orden judicial. Aseguró que “con los miembros de Ram no hay nada que hablar. Vamos a judicializarlos para que queden todos detenidos. No piden nada y sólo buscan generar caos”. Su superior, la ministra Bullrich, intenta sin éxito desde el año pasado convertir al Ram en un grupo terrorista, pese a que la Corte Suprema desestimó aplicar la ley antiterrorista a la comunidad que integra Facundo Huala. “No vamos a permitir que los mapuches intenten crear un Estado autónomo en el medio de Argentina. La toma de tierras que están haciendo no es una reivindicación sino un delito que vamos a perseguir”, afirmó Bullrich.
Riquezas de la tierra
El conflicto en Chubut tiene varias aristas, todas relacionadas con intereses económicos. La provincia ya tiene seis empresas extranjeras (de Japón, Estados Unidos, Bélgica y Canadá) interesadas en iniciar proyectos de explotación minera –para extraer plata, oro y petróleo–, todos apalabrados por el presidente, Mauricio Macri, en febrero pasado. Además, hace un año Macri firmó un decreto que modifica la ley de tierras rurales de 2014, que impedía a los extranjeros poseer superficies de más de mil hectáreas: desde el 1 de julio de 2016 la compra de tierras es irrestricta para los extranjeros.
Pero Chubut tiene un fuerte movimiento antiminero desde la cordillera hasta la costa atlántica. En 2003, por ejemplo, la ciudad de Esquel votó masivamente en un plebiscito contra la minería en la región, y es precisamente en Chubut donde ahora se reabre el conflicto por la tierra. El gobernador, Mario das Neves, es un peronista que optó, por instinto de conservación, por apoyar al movimiento local antiminero y discrepar con el gobierno de Macri. Hoy observa con preocupación el desarrollo del conflicto. Teme una maniobra política que conduzca en el mediano plazo a la intervención federal de Chubut para sacarse de encima a un movimiento que traba los planes de negocios.
Vivo lo quieren
En respuesta a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) argentino, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Onu expresó su preocupación por el caso e instó al Ejecutivo argentino a tomar “todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo”, según informó el Cels. Amnistía Internacional inició a su vez una campaña por el operativo en Cushamen y la desaparición de Maldonado.
Familiares de Maldonado y organizaciones de derechos humanos organizaron una primera marcha el lunes pasado hasta el Congreso responsabilizando al Estado nacional y a la ministra Bullrich por la desaparición del joven. Al día siguiente volvieron a reclamar la aparición con vida de Maldonado. Exasperada por las acusaciones, Bullrich aseguró que Gendarmería no detuvo al joven, “el gobierno no sabe dónde está y ni siquiera puede confirmar su presencia en el lugar el día de los hechos, porque quienes fueron desalojados tenían sus caras tapadas”. Pablo Noceti es el único funcionario político que estuvo presente durante los hechos. Pero hasta ahora nadie lo interrogó.
La represión en Argentina vuelve a estar al servicio de los intereses económicos de los grandes grupos empresariales.
Nota
1) Fondo Editorial Rionegrino, 2006.
