por Franco Machiavelo
Cuando un proyecto político se presenta envuelto en banderas, consignas de orden y promesas de “reconstrucción”, muchas veces intenta ocultar lo que en realidad propone: una reorganización del poder en favor de una minoría económica. Bajo el discurso de seguridad y estabilidad se esconde una agenda que golpea directamente a los sectores populares, a los trabajadores, a los estudiantes, a los pobladores y a quienes históricamente han debido luchar para ser reconocidos: el movimiento feminista y la diversidad sexual.
El lenguaje del orden funciona como un dispositivo político. Se construye la idea de que el conflicto social es el problema principal, cuando en realidad el conflicto nace de la desigualdad estructural. En lugar de resolver esa desigualdad, la agenda de la ultraderecha la administra mediante control y disciplina. Así, la protesta social deja de ser vista como una expresión legítima del pueblo y pasa a ser tratada como una amenaza que debe ser contenida por policías y militares en las calles.
Esta lógica no es casual. Es la forma clásica en que el poder intenta preservar privilegios. Mientras se endurece el aparato represivo contra quienes se movilizan por derechos, se promete al mismo tiempo una rebaja de impuestos para los sectores más ricos. El resultado es evidente: menos recursos para políticas públicas y más acumulación en manos de quienes ya concentran la riqueza.
A esto se suma la promoción de un modelo económico donde el Estado se repliega y abre la puerta a contratos con grandes compañías privadas. Empresas que muchas veces operan sin respeto por los derechos laborales ni por el equilibrio ambiental, pero que encuentran en estos gobiernos un aliado dispuesto a reducir regulaciones en nombre del “crecimiento”. El costo de ese crecimiento lo pagan los trabajadores precarizados, las comunidades que ven devastados sus territorios y las generaciones futuras que heredarán ecosistemas dañados.
De este modo se configura una verdadera guerra social silenciosa. No se declara formalmente, pero se ejecuta en la práctica: recortes, desprotección laboral, criminalización de la protesta y disciplinamiento de los cuerpos que se organizan para cambiar el orden existente. El poder económico se protege mientras el pueblo es llamado a obedecer.
Pero la historia de Chile demuestra algo que estos proyectos suelen olvidar: cada vez que se intenta reducir al pueblo a un sujeto pasivo, surge una fuerza social capaz de reorganizarse. Desde las poblaciones, las universidades, los sindicatos y los territorios emergen voces que recuerdan que la democracia no es silencio ni obediencia, sino participación, dignidad y justicia social.
Porque cuando el poder intenta imponer el miedo como forma de gobierno, la memoria colectiva se transforma en resistencia. Y allí donde el pueblo reconoce su propia fuerza, ninguna agenda autoritaria puede presentarse eternamente como destino inevitable.
