por Jano Ramírez
Cada temporal vuelve a mostrar las mismas imágenes: familias viendo cómo el agua invade la casa que les costó décadas de trabajo, horas extras, créditos y sacrificios; pequeños comerciantes perdiendo en una noche el esfuerzo de toda una vida; trabajadores que no pueden llegar a sus empleos porque la ciudad deja de funcionar. Pero esta vez vimos algo especialmente preocupante: también fueron afectados conjuntos habitacionales nuevos, urbanizados y planificados, donde familias trabajadoras apenas comenzaban a construir su vida. Entonces queda al descubierto una realidad incómoda: el derecho a una vivienda digna no termina cuando se entrega una llave. También depende de cómo se planifica la ciudad y de las prioridades con que se construye.
Sin embargo, cada vez que ocurre una tragedia como esta, el debate público parece comenzar y terminar en el mismo lugar. Las explicaciones de siempre se repiten: que llovió demasiado, que fue un fenómeno excepcional o que el cambio climático lo explica todo. Pero si el problema fuera solamente la intensidad de las precipitaciones, ¿cómo explicamos que incluso villas nuevas y formalmente urbanizadas hayan terminado inundadas? ¿Por qué colapsan una y otra vez pasos bajo nivel y puntos críticos que conocemos desde hace años? ¿Por qué quienes sufren las peores consecuencias siguen siendo, mayoritariamente, familias que viven de su trabajo?
La respuesta no está únicamente en la lluvia. También está en décadas de decisiones sobre cómo y para quién se construyeron nuestras ciudades.
Durante las últimas décadas, Santiago y muchas otras ciudades crecieron aceleradamente. Se levantaron nuevas viviendas, autopistas, centros comerciales y extensas zonas urbanas. Pero una ciudad no se sostiene solo con edificios. También necesita una infraestructura invisible: colectores de aguas lluvias, canales, sumideros y obras capaces de proteger a la población cuando llegan los temporales. Y lo más grave es que las propias instituciones públicas han reconocido desde hace años importantes necesidades de inversión en esta infraestructura. El problema era conocido.
Entonces la pregunta deja de ser cuánto llovió y pasa a ser mucho más profunda: si sabíamos dónde estaban las debilidades, ¿por qué seguimos construyendo y expandiendo nuestras ciudades sin garantizar que la infraestructura colectiva avance al mismo ritmo?
Responder esa pregunta obliga a mirar más allá de la emergencia. Estas inundaciones no pueden entenderse al margen del modelo de desarrollo impuesto en Chile durante la dictadura y consolidado por los gobiernos que administraron ese mismo esquema económico en las décadas siguientes. No fue solo una modernización del Estado. Fue una forma distinta de organizar la ciudad y los servicios públicos, donde las actividades capaces de generar rentabilidad fueron entregadas al capital privado, mientras muchas de las grandes obras de interés colectivo permanecieron bajo responsabilidad estatal.
No es casualidad que las empresas sanitarias privatizadas hayan recibido la producción y distribución del agua potable y el tratamiento de aguas servidas, actividades que generan ingresos permanentes. En cambio, la planificación y gran parte de la infraestructura de aguas lluvias, como los colectores y otras obras de drenaje, quedaron principalmente en manos del Estado. Son obras indispensables para proteger a millones de personas, pero cuya rentabilidad es social y no financiera.
El resultado de esa política salta a la vista cada vez que un temporal golpea la ciudad. La lluvia cae sobre todos, pero no todos tienen los mismos recursos para enfrentar sus consecuencias. Mientras algunos pueden recuperarse rápidamente, otros pierden el patrimonio construido con años de esfuerzo. Y lo más indignante es que incluso quienes lograron acceder a una vivienda nueva y formalmente urbanizada pueden comprobar, con el agua dentro de sus casas, que tener una vivienda no garantiza necesariamente vivir en una ciudad planificada para protegerlos.
Por eso este debate no puede quedar reducido a ingenieros, empresas o autoridades. Si las decisiones sobre la ciudad afectan la vida de millones de personas, también deben ser discutidas por millones de personas. Es hora de que las comunidades, los trabajadores, las organizaciones territoriales, los comités de vivienda y las juntas de vecinos participen realmente en la planificación de las ciudades. No para reemplazar el conocimiento técnico, sino para complementarlo con la experiencia de quienes conocen cada barrio porque viven en él.
Porque una ciudad no debería planificarse para maximizar la rentabilidad de unos pocos. Debería planificarse para proteger la vida de quienes la construyen, la recorren y la hacen funcionar todos los días.
Cuando baja el agua, el barro se seca y las cámaras de televisión se van, quedan las mismas familias reconstruyendo lo perdido. Lo que no puede seguir ocurriendo es que también se seque nuestra memoria. La lluvia es un fenómeno natural; que una familia trabajadora pueda comprar una casa nueva y, poco después, verla inundada no es simplemente un hecho de la naturaleza. Es también el resultado de decisiones políticas sobre cómo crecemos, dónde construimos y qué infraestructura consideramos prioritaria. Y esas decisiones pueden y deben cambiar.
