por Franco Machiavelo
Hay momentos en la historia en que la política deja de disfrazarse de neutralidad y muestra su verdadero rostro: el de la defensa desnuda de los intereses de clase. La ofensiva por reinstalar el llamado “proyecto Punta Peuco” —es decir, abrir la puerta a beneficios o liberaciones para criminales condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura— no es un simple debate jurídico. Es, en esencia, una batalla por la memoria, el poder y la impunidad.
La derecha lo entiende perfectamente. Para ella, la dictadura no fue un accidente trágico de la historia, sino el momento fundacional de un modelo económico y social que aún sostiene sus privilegios. Defender a quienes ejecutaron la represión no es solo un gesto ideológico: es proteger a los guardianes del orden que permitió imponer, a sangre y fuego, el laboratorio neoliberal.
En ese sentido, la defensa de los condenados en Punta Peuco funciona como un símbolo político. No se trata únicamente de personas encarceladas; se trata de preservar un relato: el de que los crímenes del Estado pueden relativizarse, negociarse o, finalmente, olvidarse.
Pero esta ofensiva no podría prosperar sin la pasividad cómplice de quienes dicen oponerse. En la política institucional, muchas veces la disputa no se libra solo entre adversarios claros, sino también contra quienes, desde posiciones supuestamente críticas, administran el conflicto para que nada cambie realmente.
Ahí aparece la figura del arrodillado, del administrador del orden existente. No el adversario frontal, sino el que se presenta como moderado, responsable, “realista”. El que llama a la prudencia cuando se exige justicia. El que habla de reconciliación cuando se trata de crímenes imprescriptibles. El que invoca estabilidad cuando el poder económico y político exige cerrar definitivamente las heridas de la historia.
Este comportamiento no es casual. Forma parte de una lógica de hegemonía, donde las élites no solo gobiernan mediante la fuerza, sino también mediante la construcción de consenso. Así, sectores que se presentan como progresistas terminan internalizando los límites que el propio poder establece: no tocar demasiado el modelo, no tensionar demasiado a las fuerzas armadas, no incomodar demasiado a las élites económicas.
El resultado es un escenario profundamente revelador:
mientras la derecha actúa con claridad estratégica para proteger a los suyos, sectores que deberían defender con firmeza la memoria y la justicia se refugian en el inmovilismo institucional.
En política, esa asimetría es decisiva. Un bloque que defiende con disciplina los intereses de su clase siempre tendrá ventaja frente a otro que duda, que negocia sus principios o que teme confrontar el poder real.
Por eso el debate sobre Punta Peuco no es un tema del pasado. Es un espejo del presente. Muestra qué fuerzas están dispuestas a defender la verdad histórica y los derechos humanos, y cuáles prefieren acomodarse al equilibrio de poder existente.
Porque al final, cuando la historia exige definiciones, la neutralidad no existe.
O se está del lado de la justicia y la memoria, o se termina —con discursos suaves y gestos prudentes— facilitando la impunidad que el poder siempre busca restaurar.
La derecha lo entiende perfectamente. Para ella, la dictadura no fue un accidente trágico de la historia, sino el momento fundacional de un modelo económico y social que aún sostiene sus privilegios. Defender a quienes ejecutaron la represión no es solo un gesto ideológico: es proteger a los guardianes del orden que permitió imponer, a sangre y fuego, el laboratorio neoliberal.
En ese sentido, la defensa de los condenados en Punta Peuco funciona como un símbolo político. No se trata únicamente de personas encarceladas; se trata de preservar un relato: el de que los crímenes del Estado pueden relativizarse, negociarse o, finalmente, olvidarse.
Pero esta ofensiva no podría prosperar sin la pasividad cómplice de quienes dicen oponerse. En la política institucional, muchas veces la disputa no se libra solo entre adversarios claros, sino también contra quienes, desde posiciones supuestamente críticas, administran el conflicto para que nada cambie realmente.
Ahí aparece la figura del arrodillado, del administrador del orden existente. No el adversario frontal, sino el que se presenta como moderado, responsable, “realista”. El que llama a la prudencia cuando se exige justicia. El que habla de reconciliación cuando se trata de crímenes imprescriptibles. El que invoca estabilidad cuando el poder económico y político exige cerrar definitivamente las heridas de la historia.
Este comportamiento no es casual. Forma parte de una lógica de hegemonía, donde las élites no solo gobiernan mediante la fuerza, sino también mediante la construcción de consenso. Así, sectores que se presentan como progresistas terminan internalizando los límites que el propio poder establece: no tocar demasiado el modelo, no tensionar demasiado a las fuerzas armadas, no incomodar demasiado a las élites económicas.
El resultado es un escenario profundamente revelador:
mientras la derecha actúa con claridad estratégica para proteger a los suyos, sectores que deberían defender con firmeza la memoria y la justicia se refugian en el inmovilismo institucional.
En política, esa asimetría es decisiva. Un bloque que defiende con disciplina los intereses de su clase siempre tendrá ventaja frente a otro que duda, que negocia sus principios o que teme confrontar el poder real.
Por eso el debate sobre Punta Peuco no es un tema del pasado. Es un espejo del presente. Muestra qué fuerzas están dispuestas a defender la verdad histórica y los derechos humanos, y cuáles prefieren acomodarse al equilibrio de poder existente.
Porque al final, cuando la historia exige definiciones, la neutralidad no existe.
O se está del lado de la justicia y la memoria, o se termina —con discursos suaves y gestos prudentes— facilitando la impunidad que el poder siempre busca restaurar.
