por Franco Machiavelo
La designación de ministros nunca es un gesto técnico ni neutral: es la cristalización de un proyecto de poder. Cuando un gobierno elige autoridades que conciben los derechos como obstáculos y no como conquistas sociales, lo que se anuncia no es estabilidad, sino una ofensiva contra la convivencia democrática.
Los ministros nombrados por Kast no expresan la diversidad real de la sociedad ni buscan articular consensos. Representan a una élite ideológica que entiende el Estado como un dispositivo de control social, donde el conflicto no se resuelve, se reprime; y la diferencia no se integra, se corrige o se silencia. Bajo esta lógica, la convivencia nacional se redefine como sumisión a un orden impuesto desde arriba.
El Ministerio de la Mujer se transforma así en una paradoja peligrosa. Colocar allí figuras que desconfían del feminismo, que relativizan la violencia machista o que reducen la desigualdad de género a un “exceso identitario”, no es ingenuidad política: es vaciamiento deliberado. Se conserva el nombre del ministerio mientras se destruye su contenido, convirtiéndolo en una oficina de normalización moral al servicio del patriarcado y del mercado.
Pero el golpe más grave se produce en el Ministerio de Derechos Humanos. Poner en ese espacio a personas que justifican la represión, que minimizan las violaciones cometidas por el Estado o que entienden los derechos humanos como un problema del pasado y no como una obligación presente, equivale a poner al poder a evaluarse a sí mismo. Un ministerio así deja de proteger a las víctimas y pasa a proteger al Estado cuando vulnera.
Cuando quienes administran los derechos humanos los conciben como negociables, el mensaje es claro: la dignidad depende de la obediencia. La memoria histórica se vuelve un estorbo, las demandas sociales se criminalizan y la violencia institucional se legitima en nombre del orden y la seguridad.
Mujeres, diversidades sexuales, pueblos históricamente excluidos y sectores populares quedan entonces fuera del pacto social real. No por error, sino por diseño. Se instala una hegemonía que presenta la exclusión como sentido común y la represión como necesidad.
Estos ministerios, lejos de ampliar derechos, funcionan como dispositivos de disciplinamiento ideológico. No buscan justicia social, sino restaurar una jerarquía tradicional donde el cuerpo, la identidad y la memoria deben ajustarse a un molde único. La diferencia se patologiza, la protesta se criminaliza y la organización social se presenta como amenaza.
No puede haber convivencia nacional cuando el Estado gobierna contra parte de su propio pueblo. No hay democracia cuando los derechos humanos son administrados por quienes los relativizan. Y no hay paz social cuando la represión y la exclusión se visten de institucionalidad.
Porque un país no se construye silenciando a quienes luchan, sino garantizando que nunca más el poder esté por sobre la dignidad humana.
