Guilherme C. Delgado *
Correio da Cidadania, 14-9-2016
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Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
Entre 2008 y 2014, tuvimos algunos hechos significativos en el campo de la economía petrolera, especialmente para el Brasil, que de cierta forma reencendieron el debate de la política energética nacional, en los dos gobiernos de FHC (Fernando Henrique Cardoso). Ese debate se retomó con fuerza en ocasión del descubrimiento de las grandes reservas mundiales de petróleo del Pré-sal, localizadas en el mar territorial brasilero y en su zona contigua. Además, el conocimiento de la geología de la región y, principalmente, de la tecnología de exploración, permite que se anticipen nuevas reservas y costos de la explotación sustancialmente distintos de la Petrobrás, relativamente a las otras empresas del ramo.
Ese nuevo cuadro estratégico suscitó el cambio del marco regulatorio, de manera que tuvimos en 2010 la promulgación de la Ley de la Repartición (Ley da Partilha) el petróleo explorable en la zona del do Pré-Sal, con introducción de dos reglas aparentemente tranquilas, pero, se verá adelante, objetos de una disputa internacional subterránea.
1) la Petrobrás como única operadora de los contratos de compartir licitados en la zona del Pré-Sal;
2) una nueva división del lucro extraordinario del petróleo extraído de esta zona, mitad para la Unión (NdT: el Estado brasilero) y mitad para el licitante vencedor.
Pero el “lucro extraordinario” presupone un precio de mercado del petróleo por encima de su precio de producción, que es variable en cada campo, en tanto, el precio externo referencial del barril de petróleo estuvo sustancialmente más alto en el período 2008-2014, viéndose revertido fuertemente en el último período bienio.
Hay en el período reciente dos acciones performativas de la economía del Pré-Sal, relativamente a captura de derechos a rendimiento económico: la primera es subterránea y conspira contra la propia nueva Ley de la Repartición, como veremos a continuación; la segunda es explícita y directa, y llegó a dividir estados y municipios productores y no productores por la captura de esos nuevos derechos, conferidos al propietario del recurso natural, las reservas de la Unión. La constitución de un Fondo Social y Ambiental como destinatario de esos derechos y su posterior complementación de las necesidades de los gastos sociales en salud y educación, también hace parte del debate de la repartición de los frutos del Pré-Sal.
Por otro lado, entre finales de 2014 y 2016, comienza a operarse un proceso de reversión subliminar y profundo de la economía brasilera, con hechos y manipulaciones que al fin y al cabo de dos años parecen revertir el ambiente de aparente boom económico nacional del período 2008-2014:
1) caen abruptamente los precios externos del commodity petróleo bruto a la faja de los 30 a 40 dólares por barril, prácticamente 1/3 de lo que fuera en el período precedente;
2) se inicia la Operación Lava Jato, con revelación selectiva de la corrupción, al alcanzar a constructoras, partidos políticos y algunos dirigentes de la empresa.
3) se desencadena en el Senado, por iniciativa del senador José Serra la operación de cambio legal de la Ley de Repartición del Petróleo, en la parte que dice respecto a operación única de la Petrobrás;
4) la Petrobrás, ya en el gobierno Temer, acelera su programa de venta de activos, iniciado en el gobierno Dilma, incluido reservas naturales del propio Pré-Sal.
La política petrolera actual es claramente de retorno a la orientación de la era FHC, con retirada de la Petrobrás de la condición de único operador de la zona Pré-sal (proyecto José Serra, aprobado en el Senado) y cierta tentación explícita de revertir la reglas de repartición instituida en 2010 durante el gobierno Lula.
El lector precisa estar atento a un detalle nada trivial, en el mar territorial adyacente a las 6 millas reconocidas por Estados Unidos, la regla del operador único nacional es esencial para que la propia ley brasilera prevalezca en los contratos de explotación. Retirar a Petrobrás de la misión significa en la práctica cambiar toda la Ley de la Repartición. No hay nada de casual en la iniciativa. Al contrario, ella se inserta en una estrategia mundial de captura de las rentas extraordinarias oriundas de la explotación de campos petroleros, tierras, minas y recursos hídricos, que ora se exacerba con la escasez de los commodities, ora declina con las tendencias cíclicas.
Y para eso es necesario el capital financiero, que internacionalice las condiciones de acceso a los recursos naturales. El petróleo ya es codiciado desde largo tiempo. Pero ahora también las tierras rurales en general, a ejemplo de la iniciativa de los ruralistas brasileros con el proyecto de ley en este sentido (4.059/2012), en fase de votación urgente en el plenario de la Cámara Federal
* Guilherme Delgado es economista e investigador jubilado del IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada).
