La opinión pública chilena se ha visto impactada por el caso ocurrido en el Hospital Base de Osorno, erróneamente calificado como «maltrato» o, en el mejor de los casos, como un «delito» común. Lo que realmente sucedió fue un acto de tortura física y psicológica perpetrado por funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones. Su deber era proteger y apoyar a todos los ciudadanos, incluidos sus propios compañeros. Por su naturaleza y los agentes involucrados, este hecho constituye un crimen de lesa humanidad, un delito que no prescribe y que no puede ser resuelto con una simple investigación administrativa.
Los Responsables como Agentes del Estado
Los funcionarios responsables de estos actos cumplen con la definición de agentes del Estado. Son empleados públicos que, desde una posición de poder y estabilidad laboral (contratos indefinidos), sometieron a un colega que se encontraba en una situación vulnerable, siendo un reemplazo y teniendo la condición de TEA. Al actuar de esta manera, han violado flagrantemente los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile, sometiendo a la víctima a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Cultura de la Impunidad como Causa de Fondo
Este caso es una consecuencia directa de la cultura de impunidad que persiste en Chile. Como hemos denunciado las víctimas sobrevivientes de la dictadura cívico-militar, la falta de castigos ejemplares para los torturadores del pasado es un peligro constante. El Estado chileno ha reconocido a casi cuarenta mil víctimas de tortura, pero no ha sido capaz de llevar ante la justicia y condenar de forma ejemplar a sus verdugos. Esta ausencia de justicia envía un mensaje claro a la sociedad: torturar es una falta menor que puede quedar impune.
La misma impunidad ha beneficiado a quienes cometieron abusos durante el estallido social. Si no hay consecuencias reales, estos actos seguirán repitiéndose.
Exigencia de Justicia y Reparación
Como activista del movimiento de derechos humanos, exijo juicio y castigo ejemplar para los funcionarios del Hospital Base de Osorno responsables de este crimen. Asimismo, es fundamental que se otorgue una reparación integral al funcionario afectado. Insto a su familia a no aceptar que este caso sea reducido a una falta administrativa o a un delito común. Les exhorto a presentar una querella criminal por tortura ante los jueces especiales de derechos humanos, pues es allí donde este crimen de lesa humanidad debe ser juzgado.
¡DIGAMOS FUERTE Y CLARO NO A LA TORTURA!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Nelly Cárcamo V.
Presidenta Nacional de la UNExPP de Chile
