EL MOSTRADOR. OPINIÓN
por JAVIERA VALENCIA ESPINOZA 26 julio, 2017
El día martes 25 de julio el Comité de Ministros decidió aprobar unánimemente el relleno sanitario de carácter industrial en la comuna de Til Til. Este relleno alojará productos tóxicos provenientes desde la Región de Atacama a la Región del Bío Bío. Por si fuera poco, Til Til ya es reconocida como el patio trasero de la Región Metropolitana, donde se encuentran relaves, vertederos, plantas de tratamiento de aguas servidas, chancheras, cementeras, procesadoras de acero, entre otras instalaciones contaminantes que ninguna otra comuna quiere admitir.
El Comité de Ministros es un ente encargado de aprobar proyectos, un comité dominado por secretarios de Estado de “Fomento productivo”, que lideran las carteras de Minería, Energía, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, además de Salud y Medio Ambiente. Es un hecho que la visión de estos nada tiene que ver con velar por la protección del patrimonio ambiental del país, o cual menciona la Constitución como deber del Estado: “Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Sin duda este comité ha tomado una decisión errada, sin mirar la comuna en su conjunto, de un modo global y responsable.
La aprobación del proyecto Ciclo en Tiltil nos muestra, una vez más, la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, que, en este caso, pasa por el hecho de que la cartera de Medio Ambiente no puede tomar decisiones basadas en lo técnico-ambiental, sino que lo hace con un enfoque económico y político intervenido desde otros ministerios, en los cuales la mirada del territorio y su gente no es lo relevante.
No hay que olvidar aquella frase de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien siendo Presidente de la República indicó que “en el país ningún proyecto de inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, dicho que encarna el espíritu con el que el Comité del Ministros aprobó el proyecto Ciclo en Til Til y con la forma en que la Ley de Bases del Medio Ambiente es interpretada hasta el día de hoy, donde los proyectos de inversión deben ser sometidos a un sistema evaluación de impacto ambiental diseñado para que estos se aprueben y no para ser rechazados o evaluados de una manera rigurosa, global y correcta. En definitiva, llevamos cerca de 20 años bajo la doctrina de Frei.
La aprobación del proyecto Ciclo en Tiltil nos muestra, una vez más, la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, que, en este caso, pasa por el hecho de que la cartera de Medio Ambiente no puede tomar decisiones basadas en lo técnico-ambiental, sino que lo hace con un enfoque económico y político intervenido desde otros ministerios, en los cuales la mirada del territorio y su gente no es lo relevante.
El problema que tenemos es grave y profundo, ya que va más allá del relleno en Til Til, la mina Dominga, Isla Riesco, HidroAysén u otro proyecto de inversión privada que perjudica a una localidad o territorio. Buena parte del problema que afecta a las comunidades tiene que ver con la falta de ordenamiento territorial –nacional y comunal–y con nuestra institucionalidad ambiental, su debilidad y cómo fue formulada la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Dados los hechos, es impresentable que las autoridades aprueben otro basural más en Til Til y que, además, sea un relleno altamente tóxico. Con ello el Gobierno está demostrando que no le interesa bajo ningún punto de vista la dignidad de las personas ni su calidad de vida, atentando contra sus derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Desde Fundación Terram nos preocupa e indigna que existan localidades en Chile que tengan que soportar las cargas ambientales de otros y, con ello, asumir el sacrificio ambiental de su territorio. Esto determina su calidad de vida y los pone en una categoría social distinta, ya que cuentan con menos derechos que el resto de los chilenos.
