Arturo Alejandro Muñoz
En algún recodo de su larga travesía la Historia fue obligada a equivocar el rumbo tomando la ruta que ha resultado más inconveniente para las amplias mayorías. Es entendible que en una situación de caos y anomia, como aquella que vivían los pueblos de Asia y Oriente hace miles de años, surgiesen líderes con más luces que el resto de sus iguales y decidiesen redactar un código de leyes simples para ordenar el pandemónium existente, como fue el caso del monarca babilónico Hammurabi, cuya compilación de normas y reglamentos es el legado jurídico más antiguo que registra la Historia.
Siglos después, en el este de Grecia, Dracón haría algo similar aunque en esa ocasión el arconte y legislador sólo recopiló antiguas leyes de Atenas para plasmarlas en una especie de Código escrito general que se caracterizó por la severidad de la legislación, asunto posiblemente necesario en un momento difícil del crecimiento y desarrollo de la polis helénica.
A su vez, la primera ley escrita en Roma fue la ‘Ley de las Doce Tablas’ (Lex Duodecim Tabularum), obra de dos colegios sucesivos de diez miembros (Decemuiri legibus scribundis consulari potestate). Se trata de un texto muy simple, expresiones imperativas de gran rudeza. Se admite la ley del talión y la pena de muerte para el ladrón de mieses. Redactadas entre 451 y 449 a.C., no fueron derogadas hasta Justiniano, aunque estaban en desuso desde mucho antes. A partir de la Ley de las Doce Tablas, el fas (lo lícito) y el ius (lo justo) se disocian y el Derecho comienza un proceso de secularización. En un principio sólo podían ser ciudadanos romanos los que habitaban en el territorio urbano. En el siglo I a.C. se extendió la ciudadanía romana a toda Italia. Ya en el siglo II d.C., el emperador Caracalla nombró ciudadanos a todos los habitantes del Imperio.
En Roma, tanto durante la república como en el imperio, los únicos sujetos de derecho con toda plenitud y extensión eran los que reunían las condiciones siguientes: ser libre, ciudadano romano y no estar sujeto a ninguna otra autoridad familiar. Así, los paterfamilias eran los únicos romanos con plenitud de derechos, lo que no ocurría con sus hijos, aunque hubieran llegado a la mayoría de edad, mientras viviera el padre, de cuya autoridad dependían. Además, la mujer romana no gozaba del ius suffragii (derecho a votar en las asambleas) ni del ius honorum (derecho a ser elegido para cargos públicos). Para los extranjeros, Roma redactó leyes especiales… y obviamente los esclavos carecían de toda protección legal más allá de lo que sus respectivos amos dictaminaran.
Estos códigos y sus apéndices pasaron finalmente a España a través de la Lex Romana Visigothorum, que es una especie de Breviario que el rey visigodo Alarico II ordenó redactar a eclesiásticos y jurisconsultos romanos el año 506 de nuestra era. Posteriormente, los reinados ultra católicos ‘perfeccionaron’ esos códices, como bien sabemos. Entre las contribuciones del cristianismo a la norma jurídica romana estaría –por ejemplo- el suavizado de los rigores de la esclavitud al estilo romano, pero no se debe olvidar que esa misma religión mantuvo valores serviles durante toda la Edad Media donde los siervos de la gleba (campesinos) eran prácticamente esclavos de los feudales y, una vez que las tropas de los monarcas hispánicos asentaron sus reales en América, el tribunal de la ‘Santa'(¿?) Inquisición causó estragos y genocidios en este continente, siempre a nombre de Dios y de sus majestades.
En aquellas lejanas épocas el cristianismo no tenía el discurso social de hoy día, siglo XXI, pero sano resulta recordar que la primera encíclica papal fue la Rerum Novarum (León XIII, en 1891), ya que antes de ella la doctrina se basaba en una frase de claro apoyo al sistema feudal, primero, monárquico absolutista después, y protector del poderoso finalmente: “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos”, con lo que se creó y refrendó el mito de que solamente la pobreza conducía al cielo y a la vida eterna.
Demás está decir, entonces, que iglesias, religiones, monarquías, amos y capitalistas conforman un todo orgánico prohijando la explotación de las mayorías y defendiendo sus privilegios con las armas y las palabras de supuestos profetas, mesías y dioses con los cuales aherrojan las temerosas mentes de los pueblos.
¿Ha cambiad, en lo esencial, la situación relatada pese al paso de los siglos? ¿No sigue estando en manos de los mismos predadores la conformación de leyes, articulados y constituciones? En estricto rigor, ¿a quiénes realmente benefician los cuerpos legales vigentes en nuestra época? ¿El ordenamiento jurídico actual apunta a la defensa de los ciudadanos –de todos los ciudadanos- o preferentemente a resguardar e incrementar los intereses sociales y económicos de un minoritario, enriquecido y poderoso grupo de familias? ¿O el término ‘preferentemente’ deberíamos cambiarlo por ‘únicamente’? Son preguntas que al menos en Chile incomodan a la clase gobernante y a sus lacayos parlamentarios, quienes las eluden como si se tratase de la peste negra.
Poca duda cabe que las leyes son redactadas por la clase dominante para su propio cuidado y defensa. De tal laya, esa minoritaria casta dueña del poder llega al insoportable cinismo de arrogarse a sí misma la calidad de “patria, nación y estado”, falacia revestida de fantasiosa soberanía cuya superficie se puede horadar con una uña. Es incuestionable que pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Jefferson, Hobbes, han sido interesada e indignamente mal interpretados en sus ideas y propuestas. No es el pueblo el soberano, este último sigue siendo el mismo de siempre, aunque ahora muestre con orgullo un número de sufragios con los que la gente determinó elevarlo a la cúspide del gobierno central.
A iglesias, religiones, armas y banca, los dueños de la férula han agregado un quinto poder: la prensa, de la cual también son propietarios y amos absolutos al igual que de las anteriores. De esa forma, menos del 10% de la población se constituye en dueña del país y de sus instituciones, de los recursos naturales y humanos, del pensamiento general e, incluso, de las reglamentaciones sexuales con las que somete a las mayorías. Para obtener tamaña fuerza y poder, ese grupo recurre a la redacción de leyes, mismas que siempre terminan protegiéndolo; y a objeto de seguir siendo propietario del país entero, inventaron una imposición que pocos discuten y muchos, torpemente, aplauden: “la ley se supone conocida por todos”, única forma de aplicar a destajo cualquier articulado pero, por cierto, tratando en lo posible de que las mayorías no lo conozcan, para así ponerlo en práctica en beneficio de la mantención del poder.
Un ejemplo indesmentible de ello –en el Chile duopólico vástago del pinochetismo- es la tozuda oposición de los dos bloques duopólicos en cuanto a reponer en los planes y programas del MINEDUC las asignaturas de Educación Cívica y Economía Política. La “ley se SUPONE conocida por todos”, pero solamente algunos deben conocerla. Es la máxima de cualquier totalitarismo, aun aquel disfrazado de seudo democracia. La expoliación continúa tan severa como lo era hace siglos, aunque hoy en nuestro país se disfraza de ‘modernidad’, y es observable en la conducta predadora del empresariado, en el irrespeto a la ciudadanía manifestado por la casta política, en las acciones asesinas contra su propio pueblo por parte de las fuerzas armadas, y en la bestial y enfermiza conducta pederasta de sacerdotes católicos, miembros, muchos de ellos, de la cofradía de los poderosos.
Por cierto, gran parte de la prensa ‘oficial’ –así como muchos dirigentes políticos- extrema su celo para extender tenaz resistencia cuando se intuye que un significativo porcentaje de la sociedad civil ha despertado del largo letargo impuesto por los mandantes y que, con decidida voluntad, comienza a dar los primeros pasos en procura de una forma de gobierno más justa, participativa y democrática, lo que para ciertos ‘socialistas reconvertidos a la fe capitalista’ -como el inefable exsenador Camilo Escalona- es el producto de mentes adormecidas por un ‘opio’ político, Así, Escalona y decenas de otros parlamentarios ‘progresistas’ intentan que nada cambie para, de esa forma, seguir viviendo de la traición a la gente y de la venta del país a manos privadas.
Para solidificar todo lo anterior, cientos de parlamentarios, dirigentes políticos y empresarios, redactan leyes a su amaño asegurando, cínicamente, que ellas son “las que el pueblo necesita”, aunque bien saben que ellas (las leyes, ‘sus’ leyes) tienen como objetivo principal evitar que el pueblo detenga o entorpezca la explotación a la cual es sometido por los mismos de siempre.
Muy interesante su artículo, conciso y preciso. Espero lo inviten a Mate el Rey. Solo permítame un pequeño comentario: Si la ley es injusta ¿ Por qué todavía hay gente que estudia derecho?. Por ejemplo, hay muchos líderes mapuches que son abogados y que sus hijos también lo son. ¿Cómo puede defenderse algo justo con algo injusto?. Yo también creo que la ley está hecha para protejer los intereses de los más poderosos. Está claro, nunca hubiera instado a mis hijos a estudiar esta carrera, por nada del mundo. Hubiera preferido que fueran vagos. Ni milico, ni paco, ni abogado. Por ésta y por muchas otras razones me defino, ROJO, VERDE, y NEGRO. Bonita combinación ¿no?.