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por Ricardo Candia Cares
A la carcoma de la corrupción se une, calzando a la perfección, la de la impunidad. Los poderosos hacen lo que se les da la gana y nunca les pasa nada. Un pobre diablo comete una falta y le cae el peso de la ley, dura lex, sed lex, que es como la justificación que permite repetir a los políticos rascas que las instituciones funcionan.
Si se considera que los altos mandos policiales y militares y un número increíble de políticos han estado robando a destajo durante años, habrá que suponer que algo pasa para que ninguno de esos pinganillas esté preso.
Si se fija, resulta alarmante que sea Carabineros una de las instituciones mejor evaluadas por el censo. Hasta hace muy poco nadie daba un peso por ese cuerpo policial que se caía a pedazos por la corrupción de sus mandos y su criminal rol en la represión a la gente que protestaba. Porque para eso, sí parecen mandados a hacer.
No por otra cosa el candidato Boric anunció su disolución. Que se haya retractado después, es harina de otro costal: el de la cobardía. Esa misma que hace vivir a la gallá en manos de un Estado negligente, inútil, ausente, al borde de lo fallido.
El caso es que corrupción e impunidad son caras de la misma moneda. Para que la corrupción llegue a los niveles indignantes y trágicos que vemos a diario, es necesario que, a los sinvergüenza, ladrones y corruptos, no les pase nada.
No es casual que casi la totalidad de los casos en que conocidos políticos han estado robándose el erario de este campo de flores bordado, son conspicuos representantes de la derecha más reaccionaria, en cuya cultura y religión robar no es sino una mostración de un acto reflejo, una especie de tic inofensivo.
Al aguaite le siguen de cerca algunos de los políticos jóvenes que venían a cambiar todo aquello y que, después de todo, resultaron adelantados discípulos.
Hablamos de sujetos que no conocen de valores sino de precios. Nos referimos a criminales latentes que por defender sus miserables intereses son capaces de los más atroces crímenes, como lo vimos durante diecisiete años. Inmorales que comulgan con la bandera patria de babero mientras regalan sus riquezas al extranjero a condición de tocar un poquito.
Inescrupulosos de cuatro sacramentos, misa dominical y cilicio.
Tal como la corrupción desatada tiene su origen en la dictadura, partiendo por el mismo dictador que robó cuanto pudo, del mismo modo la impunidad tiene sus trazas indelebles en la imposición de los militares cuando decidieron dejar el gobierno.
Las negociaciones secretas acordarían impulsar solo algunos procesos notables para dar la impresión que habría justicia. Más allá del Caso Degollados, del asesinato de Orlando Letelier y el de Tucapel Jiménez, solo quedaría una trágica, vergonzosa y humillante estela de impunidad, injusticia y para qué decir, reparación.
Recordemos que ese inmoral compromiso fue manifestado con todas sus letras por el expresidente Aylwin en su lamentable afirmación de que la justicia sería solo en la medida de lo posible.
Si se fija, seguimos dominados por la misma máxima: la justicia funciona solo si es posible. Y conveniente, agreguemos. O si solo va a afectar a patipelados, atorrantes, indios o rojos.
Resulta majadero insistir en que lo que se ha llamado falsamente como transición, no fue sino el acomodo de la ultraderecha a un estado con menos exposición con eso de la violación a los derechos humanos. Esa legitimidad artificial, avalada por la izquierda neoliberalizada y cobarde, inauguró una manera más sutil de robar y pasar piola.
Chile sobrevive en un peligroso límite: acorralado por una delincuencia que consume las poblaciones y aterroriza a la gente, y la de los poderosos de cuello, corbata y charreteras, que se han tomado las instituciones políticas y armadas, hasta transformarlas en un saco sin fondo para su miserable avaricia.
Chile está hasta las masas.
Tenga la certeza que, doble contra sencillo, ninguno de estos delincuentes con escoltas, casas fiscales y pistola al cinto, pisará jamás una cárcel.
Faltaba más.
