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Chile – La vara de los novecientos millones

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escribe Mauricio Vargas


   

Hay números que llegan solos y números que llegan con escolta.

El de la semana llegó con escolta: rutas cortadas, un país a medio paralizar, un vocero de Gobierno en conferencia y una cifra que primero fue quinientos millones de dólares y terminó siendo novecientos.

Novecientos millones.

Más de ochocientos mil millones de pesos.

El mismo Gobierno que lleva ocho meses explicándonos que no hay plata, que “nada funciona si no ponemos las cuentas públicas en orden”, encontró esa plata en dos jornadas de “negociación”. Y para encontrarla, duplicó su oferta.

Esta no es una nota sobre el acuerdo.

Que otros discutan quién se sentó a la mesa y quién ni siquiera estaba en el paro.

Esta es una opinión sobre la vara.

Porque una cifra no pesa hasta que alguien la pone al lado de otra; y lo que sigue es un intento honesto de poner esos novecientos millones al lado de las que este mismo Gobierno decidió que eran demasiado caras.

Vamos de lo más pequeño a lo más grande. O, mejor dicho, de lo que cabe más veces a lo que cabe menos.

Cada número que viene es una cuenta: cuántas veces entra un recorte dentro de ese acuerdo.

Porque detrás de cada cuenta hay alguien… esperando en alguna parte.

Empecemos por el recorte más pequeño, y por eso el más enorme: 231 millones de pesos.

Es lo que el proyecto de Presupuesto 2027 le quita al programa Sitios de Memoria, un 25 por ciento de lo que tenía. Quedan 683 millones para todo el país.

El acuerdo alcanza para equiparar tres mil cuatrocientas setenta y siete veces ese recorte.

Los sitios de memoria son los lugares donde el Estado chileno torturó y desapareció a su propia gente, y hay organizaciones que los cuidan, que los abren, que los explican, que los gestionan con los recursos que ese programa les entrega.

Hay países que recuerdan por decreto y otros que recuerdan por la terquedad de unos pocos.

Aquí se acaba de decidir cuánto vale esa terquedad: doscientos treinta y un millones menos.

Mil ciento treinta y cinco millones de pesos menos para el Servicio Nacional de la Discapacidad, en el decreto que Hacienda firmó el 24 de abril.

Es el servicio que, entre otras cosas, financia las ayudas técnicas: el apoyo que le permite a una persona moverse, oír o comunicarse con un poco más de autonomía.

Setecientas ocho veces cabe ese recorte en el acuerdo. Setecientas ocho veces.

El ajuar. Una mujer sale de un hospital público con su hijo en brazos y el Estado le entrega una cuna corral, un colchón, sábanas, una manta y un móvil que suena despacito.

Es poco y es todo: es el primer abrazo institucional que recibe una niña o niño en Chile.

El decreto le quitó 1.850 millones al programa.

El subsecretario de la Niñez explicó que hay stock más que suficiente por la baja de la natalidad. Es un argumento de bodega, no de niño.

El Gobierno asegura que a ningún recién nacido le faltará el ajuar y habrá que tomarle la palabra.

Mientras tanto, el acuerdo camionero es cuatrocientas treinta y cuatro veces ese recorte.

El programa de tenencia responsable de animales de compañía, el brazo operativo de la Ley Cholito, pasa de 3.634 millones a 514.

Un 86 por ciento menos. El fondo concursable para las organizaciones que cuidan animales baja de 630 a 150 millones.

Es plata que los municipios convierten en esterilizaciones, vacunas, chips y atención veterinaria; es lo que el propio Gobierno llama abandono, jaurías y mordeduras: problemas reales que se enfrentan con plata real.

La Subdere asegura que hay tres mil millones en proyectos andando. Sí: pero aquellos son los de ayer del anterior presupuesto. Mañana es otro año.

Tres mil ochocientos cincuenta y nueve millones menos para el Instituto Nacional de la Juventud.

Entre ellos los programas de desarrollo cívico y social y el observatorio que mide cómo viven losjóvenes.

A los jóvenes les quitaron, entre otras cosas, el dinero para participar y la plata para que alguien los cuente. Doscientas ocho veces cabe ese recorte en el acuerdo.

Siete mil seiscientos treinta y cuatro millones salieron del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Conadi: el mecanismo con que el Estado compra tierra y agua para comunidades indígenas.

Menos tierra, menos agua, la misma espera.

Ciento cinco veces.

El Programa Nacional de Inmunizaciones pierde 9.696 millones.

La vacuna es la política pública más silenciosa que existe.

Cuando funciona, ningún niño se enferma, ninguna madre sale en televisión, ningún camión corta una ruta.

Funciona en silencio y en silencio se la recorta.

El Servicio de Protección Especializada, el ex Sename, perdió 12.748 millones: la mayor rebaja del decreto de Desarrollo Social.

Son los niños y niñas que el Estado ya sacó de una casa para protegerlos.

Los que, por definición, tienen a nadie más.

Doce mil setecientos cuarenta y ocho millones menos para quienes dependen de que el Estado haga bien lo único que le queda por hacer.

Aquí el número se vuelve cuerpo maltrecho y vidas escindidas.

El fondo de la Ley Ricarte Soto pasa de 189.696 a 166.951 millones: 28 mil millones menos en términos reales, un 14,5 por ciento.

Desde 2015 esa ley ha financiado tratamientos de alto costo a más de setenta y cinco mil personas con cáncer, enfermedades inmunológicas y enfermedades raras.

Una paciente del Biobío cuenta que su remedio cuesta más de un millón de pesos al mes.

Para ella, el tratamiento no es una partida: es el calendario de su vida. La ministra de Salud dice que nadie se quedará sin su medicamento: que el fondo siempre ha necesitado más de lo presupuestado y que la diferencia se cubre después.

Entonces el recorte es un ahorro que, según la propia ministra, se paga más adelante.

Mientras tanto, el Senado discute subir el piso fiscal de la ley de cien mil a ciento ochenta y cinco mil millones al año, y más de diez mil personas firmaron en diez días para que se la cuide.

Es lo que hace un país sin presión de camiones: firma.

Cerca de 35 mil millones de pesos. Diecisiete años entregándole un computador a estudiantes de séptimo básico de familias vulnerables; noventa y seis mil cien en 2026.

El proyecto de Presupuesto 2027 lo dejó sin un peso: el primer año en diecisiete, sin computadores.

Cuando le preguntaron por qué, el ministro de Hacienda respondió: “No recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”.

Hay que leer esa frase despacio. Diecisiete años, noventa y seis mil niños promedio por año, y el ministro no lo recordaba. Los niños sí.

Y entonces ocurrió.

Desde la UDI hasta los alcaldes de oposición, de Sichel a Vodanovic, el país entero pidió reponerlo.

El Presidente dijo que era “muy fácil” salir a gritar que se recortaban derechos sociales.

Pero el 11 de noviembre, el mismo ministro anunció que el Gobierno buscaría reponerlo en el Senado: “Hemos escuchado la preocupación”.

Mire cómo se salvó. No lo salvó una evaluación ni una hoja de cálculo. Lo salvó el ruido.

Siete veces más

Esa es la lección más cara de estos ocho meses.

Se cortaron las rutas y en dos jornadas apareció el dinero.

A los niños de séptimo básico les hizo falta que se indignaran la derecha, la izquierda y los alcaldes para que se les devolviera un computador.

Todos los demás, los de la memoria, los de las ayudas técnicas, los recién nacidos, los enfermos, los niños bajo protección, no tienen camión, ni carretera que cortar, ni micrófono.

Tienen la costumbre de esperar.

Sumemos. Ricarte Soto, el decreto completo de Desarrollo Social, con el ajuar, Senadis, Injuv, Conadi y el ex Sename adentro, Yo elijo mi PC, las vacunas, la Ley Cholito y los Sitios de Memoria: ciento nueve mil millones de pesos. Todo lo que este Gobierno les quitó a esos programas -y he seleccionado sólo algunos para efectos de la comparacion, pero son muchos más los recortes- cabe más de siete veces en el costo de este único acuerdo de esta semana.

Un país no se mide por lo que gasta cuando le gritan. Se mide por lo que protege cuando nadie levanta la voz.

Ahí, en esa franja silenciosa donde no hay cámaras ni camiones, se decide si una república es de todos o solo de quienes pueden hacerle daño.

Hay una mujer en una maternidad que todavía no sabe que su cuna es una política pública.

Hay una paciente en el Biobío contando los meses de su remedio.

Hay un niño de séptimo básico que espera su primer computador.

Hay una persona que necesita un apoyo técnico para ponerse de pie, y organizaciones de familiares que cuidan un muro que sabe lo que pasó.

No cortan rutas. No amenazan con paros. Solo existen, y existir debería bastar para que el Estado les alcance.

Los sitios de memoria, las personas con discapacidad, los recién nacidos, los niños bajo protección, los pacientes de enfermedades de alto costo, los estudiantes vulnerables y las comunidades indígenas no tienen una herramienta de presión comparable.

La desigualdad no es solamente económica. Es también una desigualdad en la capacidad de conseguir que el Estado reaccione.

Y ahí está la cuestión: quién puede detener el país para conseguir que lo escuchen y quién debe esperar, aun cuando lo que está en juego es su salud, su educación o su dignidad.

Que nadie diga que no hay plata.

La hubo, en dos días, para quien pudo hacer ruido.

Lo que falta es la decisión de mirar hacia abajo, y esa no se negocia en una sala de La Moneda: se arrebata, en el Congreso, en la calle, en cada voto.

El silencio de esas personas no es resignación. Es paciencia.

Y la paciencia de un pueblo, cuando se acaba, no pide rebajas de diésel.

16 nov 2026

POLITIKA

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