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Un Congreso de ricos en un país que aprieta el cinturón

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(Imagen de Wikipedia)

La investigación publicada esta semana por un canal de televisión reveló que los congresistas gastaron más de $260 millones en combustible en apenas tres meses de este año. El desembolso ocurrió justo cuando la mayoría de los chilenos y chilenas debía enfrentar un alza brutal en el precio de las bencinas, con el consiguiente encarecimiento de los productos básicos. El hallazgo provocó indignación en una ciudadanía que no deja de sorprenderse ante la impudicia de una institución cada vez más desacreditada.

Los ingresos y recursos de los parlamentarios chilenos se hallan entre los más altos del mundo cuando se les compara con el tamaño de la economía nacional, el PIB per cápita o los dólares ajustados por poder adquisitivo (PPA). Según los portales de transparencia de la Cámara de Diputados y el Senado, la dieta bruta mensual ronda hoy los $8,2 millones. A ello se suma la asignación para personal de apoyo y asesores, que agrega más de $8 millones mensuales en el caso de los diputados y más de $11 millones en el de los senadores. Sumando dieta y asignaciones operacionales, el Congreso chileno es, por lejos, uno de los más costosos del planeta.

Resulta revelador contrastar estas cifras con las de países desarrollados. En naciones nórdicas como Suecia, Noruega o Dinamarca, el sueldo bruto de un parlamentario ronda entre los US$ 7.500 y US$ 10.000 mensuales, está sujeto a impuestos de entre un 35% y un 45% y su ingreso líquido equivale a 1,5 o, como máximo, 2 veces el salario promedio de un trabajador. En Chile, en cambio, la dieta bruta de un congresista equivale a más de 12 veces el ingreso mediano de un trabajador. Las comparaciones a veces son odiosas, pero no tanto para los trabajadores y trabajadoras chilenas que, con sus impuestos, financian este nivel de privilegios.

Si a todo lo anterior se añade que los legisladores chilenos cuentan con servicio permanente de cafetería, comedores exclusivos y un viático nacional diario equivalente al 100% del de un ministro de Estado, la brecha ética se agranda aún más. En los países nórdicos, los parlamentarios pagan de su propio bolsillo el café y sus almuerzos en comedores abiertos a periodistas, estudiantes y cualquier ciudadano.

¿Y cómo anda la probidad? De acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional en febrero de 2026 —que evaluó a 182 países—, las naciones nórdicas lideran los estándares globales con puntajes sobre los 80 puntos (con Dinamarca a la cabeza con 89), mientras Chile se estancó en 63 puntos, su peor registro en tres décadas.

¿Por qué se mantiene este esquema de privilegios que nadie parece dispuesto a tocar? Durante su presidencia, Gabriel Boric tuvo la oportunidad política de impulsar ese cambio. Como diputado, insistió en rebajar las dietas parlamentarias a una proporción razonable respecto del salario mínimo, acercándolas a estándares internacionales. Ya en La Moneda, aunque requería aprobar reformas constitucionales en el propio Congreso, nunca puso el tema en su agenda legislativa ni promovió el fin de la dieta vitalicia y las asignaciones de los expresidentes.

La paradoja quedó expuesta esta misma semana en el debate del Presupuesto 2027: luego de que la Cámara de Diputados rechazara los gastos operacionales de los exmandatarios, el Senado los repuso por un total de $915,7 millones anuales para los cuatro expresidentes vivos -cerca de $19 millones mensuales por cada uno solo en gastos de oficinas, asesores y traslados, adicionales a su dieta vitalicia- un beneficio del que hoy, el propio Gabriel Boric forma parte. No impulsó el cambio cuando tuvo el poder, y la maquinaria siguió intacta.

Cuando un poder del Estado como el Congreso Nacional se halla prisionero de un sistema que deforma la conducta de sus integrantes, la situación es grave: la corrupción estructural ya está instalada.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu analizó cómo las estructuras de poder reproducen privilegios sin necesidad de infringir la ley. Son dispositivos ocultos que operan en las escuelas, en las instituciones del Estado y, sin duda, en el Parlamento, haciendo que lo desigual, lo injusto y lo arbitrario parezca completamente normal.

Cuando alguien provisto de ciertos valores llega al Congreso dispuesto a cambiar las cosas «desde adentro», suele ocurrir que la institución termina cambiándolo a él. Luis Emilio Recabarren fue uno de los pocos en nuestra historia que tuvo la fortaleza moral e intelectual para enfrentar a un Parlamento que calificó de descompuesto, pagando un alto precio por esa consecuencia.

Si, además de financiar a cientos de asesores, las leyes despachadas en el último tiempo adolecen de mala técnica legislativa y entorpecen su propia aplicación práctica, cabe preguntarse de qué sirve seguir pagando un dineral por una institucionalidad incompetente y en crisis.

La sociedad chilena enfrenta desafíos urgentes, entre ellos restituir derechos sociales. Pero también debe tomar conciencia de que, si no transforma a la institución encargada precisamente de redactar las leyes que garantizan esos derechos, todo esfuerzo puede ser en vano. Un poder del Estado capturado por sus propios privilegios difícilmente actuará en beneficio de las mayorías. Es cierto que existen congresistas probos y bien intencionados, pero, como reza el proverbio, “una golondrina no hace verano”.

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