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Un reciente informe lanzado ante Naciones Unidas por diversas organizaciones latinoamericanas reúne vulneraciones e impactos protagonizados por proyectos de capitales chinos en la región. En el caso de Chile, una Planta Procesadora ubicada en Magallanes y al proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue.
Por J. Arroyo Olea
En el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de China realizado ante Naciones Unidas, diversas organizaciones latinoamericanas elaboraron, suscribieron y presentaron un contundente informe que reúne 28 proyectos de nueve países de Latinoamérica que dan cuenta de incumplimiento de pactos y convenios internacionales por el gigante asiático.
El informe fue coordinado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que, junto a 35 organizaciones -algunas parte de procesos de conflicto socioambiental- «consolidaron un informe regional que evidencia graves impactos de las inversiones chinas y el incumplimiento sistemático de tratados y convenios de derechos humanos y ambientales».
En el caso de Chile, el informe incluye a la Planta Procesadora de Recursos Hidrobiológicos Dumestre ubicada en Magallanes, y al proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue. Este último, ha conllevado un contundente historial de conflictividad, el cual hoy aún significa la judicialización contra jóvenes defensores y defensoras del río Biobío por acciones de protesta, como también busca ser declarado como interés nacional para poder talar especies nativas en categoría de preservación.
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El documento y su presentación ante Naciones Unidas en el marco del EPU identificó vulneraciones de proyectos ligados a los sectores de minería -el mayor sector con 14 casos identificados-, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energía. En estos, participan 28 empresas domiciliadas en China y al menos 8 bancos chinos, desenvolviéndose en 3 casos en Argentina, 4 en Bolivia, 2 en Chile, 1 en Colombia, 8 en Ecuador, 2 en México, 5 en Perú y 2 en Venezuela.
Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del CICDHA, señaló que «pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del EPU y varios Procedimientos Especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales(DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavía son insuficientes e inefectivas».
De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), «el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medioambiente en América Latina».
Por su parte, Jaime Borda, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui de Perú, ratifica que «ante la falta de transparencia y responsabilidad de las empresas chinas en cuanto a la información que ofrecen al público sobre sus proyectos, las organizaciones solicitan a los bancos y empresas chinas mejorar la cantidad y calidad de la información publican».
En sus hallazgos, 20 casos reportan abusos sobre pueblos indígenas y al menos 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, 21 proyectos están presentes en ecosistemas frágiles y estratégicos frente a la crisis climática.
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