Andrés Figueroa Cornejo
Luego de más de tres semanas desde el llamado a paro realizado por la extrema derecha y la facción oligárquica cruceña más autoritaria, racista, supremacista y conservadora del departamento de Santa Cruz, en cabeza del gobernador de la zona Luis Fernando Camacho y el líder de los denominados comités cívicos, Rómulo Calvo, los momentos de intento desestabilizador contra el Gobierno y la mayoría del pueblo boliviano comienzan a menguar, al menos, transitoriamente.
La excusa que empleó Camacho y Calvo para sus propósitos políticos fue la reprogramación de la fecha del Censo de Población y Vivienda que, de acuerdo a una mesa técnica de conformación profesional y pluralista, evacuó que el registro es sólo realizable materialmente el 2024. Pues la ultraderecha cruceñista la exigió para el 2023.
El Gobierno, desde antes del inicio del paro el 22 de octubre pasado, ya había efectuado amplias reuniones donde, tanto la institucionalidad democrática de todo el país, como los movimientos sociales, participaron en el debate de la reprogramación del proceso censal. Y ya comenzado el paro, el Gobierno construyó otros tantos espacios dialógicos con la comunidad nacional con el fin de acoger propuestas y despejar dudas. Pues bien, a los diversos escenarios a los que fueron invitados todos, se restó el gobernador Camacho, y los representantes de los comités cívicos que asistieron fueron a repetir majaderamente que el censo tenía que hacerse el 2023. Siempre en minoría, terminaban por abandonar los foros.
En concreto, el paro sólo provocó dolorosos daños humanos, laborales, educacionales, sanitarios y económicos para las clases populares del departamento de Santa Cruz. Sin otro argumento que el violentismo organizado en bandas neofascistas, el paro sin masas escaló en actos de franco terrorismo. Hasta la fecha, ya han muerto cuatro personas en el contexto de los desórdenes, se han cometido abusos sexuales, hay cientos de heridos, fueron atacadas brutalmente las marchas pacíficas del pueblo cruceño que rechazan el paro, y los grupos delincuenciales de Camacho quemaron sedes sindicales de campesinos y trabajadores urbanos.
Para zanjar definitivamente la cuestión del Censo, el Presidente Luis Arce, teniendo a la vista los resultados del comité técnico y profesional especialmente constituido para ello en Trinidad, firmó el Decreto Supremo 4823 que determina la realización del registro para el 23 de marzo de 2024. Sus conclusiones y redistribución de ingresos, de acuerdo a la nueva cartografía de Bolivia, se concretarán entre septiembre y octubre del mismo 2024.
Similar día de la emisión del decreto gubernamental, Camacho, Calvo y su camarilla convocó para el domingo 13 de diciembre a un cabildo cruceño no vinculante, donde se le preguntó a los comités cívicos que llegaron si concordaban con promover una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de los comicios de 2025; si querían una comisión constitucional que revise la futura relación de Santa Cruz con el Estado boliviano; si estaban de acuerdo con exigir a los otros ocho departamentos del país unirse al llamado para el Gobierno nacional de aplicar los datos del censo antes del 2025; y si convienen con que en los próximos 3 días sean liberados los individuos que participaron en los incidentes violentistas y que fueron detenidos por la policía.
La respuesta fue un “sí”, como suele ocurrir en las puestas en escena predeterminadas. No obstante, a poco de acabar el acto arrancaron las grescas entre los propios derechistas porque no quedaron conformes con las conclusiones del cabildo. Incluso un grupo de ellos fue hasta el domicilio de Rómulo Calvo a imprecarlo por “traidor”.
Lo cierto es que las preguntas hechas en la reunión cruceña, en su mayoría, ya habían sido contestadas tempranamente con el decreto efectuado por el Jefe del Estado Plurinacional Luis Arce: los resultados del censo, efectivamente, estarán antes de las elecciones de 2025. Sobre las exigencias de la distribución de escaños parlamentarios, ello no es competencia del Ejecutivo sino del Consejo Nacional Electoral, un órgano autónomo. Y lo demás sólo son bravuconadas amenazantes que llevan historia y que están asociadas a un supuesto supremacismo cruceño que en sus ángulos más radicales ha creado el relato del separatismo de ese departamento en particular respecto del resto del país.
Importante fue el accionar del movimiento popular que, rompiendo el miedo y el terror impuesto por el violentismo ultraderechista, salió a las calles de Santa Cruz a hacerle frente a los grupos de choque de Camacho y compañía, sin más órdenes que el valor que proviene del hartazgo ante los atropellos y la injusticia supremacista.
En curso se encuentra una demanda criminal interpuesta en la justicia contra los autores políticos que tanto daño han causado al pueblo sencillo de Santa Cruz. Para terminar con la impunidad, ¿no ve?
