Rebelión
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Hay sufrimientos que el mundo contempla cada día y otros que parecen condenados a permanecer invisibles. El pueblo palestino y el pueblo saharaui conocen esa realidad. Sus historias, sus territorios y sus circunstancias son diferentes, pero ambos comparten la experiencia de la colonización, la ocupación, el despojo y la lucha por el derecho a decidir su propio futuro.
En Palestina la destrucción, las muertes y el desplazamiento forzoso de la población han adquirido una dimensión devastadora ante los ojos del mundo. Las imágenes de familias que buscan a sus seres queridos entre los escombros, de niñas y niños privados de sus hogares y de personas que intentan sobrevivir sin acceso suficiente a alimentos, agua o atención sanitaria nos interpelan como seres humanos. Es decir, un genocidio en toda regla. En Cisjordania, la ocupación y la violencia también condicionan la vida cotidiana.
El pueblo saharaui lleva décadas viviendo fragmentado. La retirada española en 1976 dejó pendiente la descolonización. La ocupación y la guerra provocaron un éxodo hacia Argelia. Varias generaciones han crecido en los campamentos próximos a Tinduf, mientras otras familias permanecen en el Sáhara Occidental bajo control marroquí. El referéndum para el que se creó la Minurso en 1991 nunca llegó a celebrarse.
En los campamentos, el pueblo saharaui ha construido escuelas, servicios sanitarios y estructuras comunitarias en condiciones muy difíciles. Las mujeres han desempeñado un papel fundamental. Reconocer su aportación exige valorar su capacidad política y sus decisiones, sin idealizar la sobrecarga que soportan ni convertir su resistencia en una obligación.
En los territorios ocupados, la defensa de la identidad saharaui y de la autodeterminación se enfrenta a restricciones de las libertades de expresión, reunión y asociación. Las organizaciones de derechos humanos han documentado vigilancia, hostigamiento, represión de manifestaciones, persecución de activistas y agresiones sexuales. Las redes familiares, los colectivos de mujeres y las asociaciones mantienen espacios de apoyo, denuncia y memoria.
Las vulneraciones de derechos continúan en prisión. En mayo de 2026, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas señaló torturas, confesiones forzadas y falta de investigación en casos de los presos de Gdeim Izik. Nueve integrantes de este grupo iniciaron una huelga de hambre el 23 de septiembre de 2026 para reclamar atención médica, traslado al Sáhara Occidental, contacto familiar y cumplimiento de las decisiones de Naciones Unidas. El alejamiento de las cárceles castiga también a sus familias.
A la represión se suman las denuncias de discriminación en el acceso al empleo y las reivindicaciones de jóvenes saharauis sin trabajo. La causa saharaui también habla del derecho a trabajar, a tener oportunidades y a beneficiarse de los recursos de la propia tierra.
El Frente Polisario articula la reivindicación independentista y administra los campamentos mediante las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática. Sus congresos y elecciones internas permiten participar, aunque no equivalen a una democracia pluralista. Acompañar esta causa permite también reclamar transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos dentro de sus instituciones.
No se trata de establecer equivalencias entre Palestina y el Sáhara ni de enfrentar sus causas. Cada pueblo tiene su historia, sus particularidades y sus reivindicaciones. Se trata de reconocer que el derecho a vivir en libertad, conservar la identidad, habitar la propia tierra y construir un futuro digno no puede depender de los intereses de quienes ejercen el poder.
En Palestina, la ocupación, los asentamientos y el control territorial se entrecruzan con el peso estratégico de Oriente Próximo. El respaldo político y militar de Estados Unidos a Israel ha sido determinante. En el Sáhara Occidental, los recursos naturales, los caladeros y la rivalidad entre Marruecos y Argelia condicionan las decisiones internacionales. Mientras los gobiernos negocian y calculan sus movimientos, la población soporta las consecuencias.
En 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en el marco del acuerdo que condujo a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. El episodio mostró cómo una negociación entre Estados puede afectar a un pueblo sin que este haya podido ejercer su derecho a decidir. El Estado español tiene, además, una responsabilidad particular respecto al Sáhara, derivada de su pasado colonial, que el paso del tiempo no debería diluir.
Una mirada con perspectiva de género exige escuchar a las mujeres de ambos pueblos. Son defensoras de derechos, cuidadoras, creadoras de memoria y protagonistas políticas. Sus experiencias y propuestas deben ocupar el lugar que les corresponde, también cuando cuestionan las desigualdades dentro de sus propias comunidades.
La solidaridad empieza por escuchar esas voces y acompañar sus reivindicaciones sin sustituirlas. Exige reclamar protección para la población civil, garantías para las personas detenidas, investigación de las torturas y respuestas frente a la discriminación y el despojo.
Hacer visible la causa saharaui significa ensanchar nuestra solidaridad. La empatía que despierta el sufrimiento de Palestina puede ayudarnos a comprender y acompañar a otros pueblos cuyos derechos siguen pendientes. Ninguna injusticia debería volverse invisible porque dure demasiado, porque resulte incómoda o porque nos hayamos acostumbrado a ella.
Mientras unas vidas pesen menos que los intereses políticos y económicos, la defensa de los derechos humanos seguirá reclamando nuestra voz y nuestro compromiso.
El Ghalia Djimi es sobreviviente de la desaparición forzada y activista del Comité de familiares de desaparecidos saharauis en el Territorio Ocupado del Sáhara Occidental.
Itziar Fernández Mendizábal es activista por los derechos humanos, integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak.
