Juan J. Paz y Miño Cepeda
Historia y Presente – Lunes 31 de octubre 2022
En el libro Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX (2021), coordinado por dos historiadores, el chileno Sergio Grez Toso y el colombiano Jorge Elías Caro, se estudia varios casos: la revuelta del Río Blanco de 1907 en México, la matanza de la escuela Santa María de Iquique de 1907 en Chile, la semana de masacres que hubo en Argentina en 1919, la masacre de artesanos de 1919 en Colombia, en la Patagonia entre 1920-1922, la masacre obrera de Guayaquil, en Ecuador, el 15 de noviembre de 1922, la matanza de La Coruña de 1925 en Chile, las que ocurrieron en Cuba durante la década 1925-1935, la de 1928 en la zona bananera del Magdalena en Colombia, el etnocidio en El Salvador del año 1932, la represión a la huelga azucarera de La Romana en República Dominicana en 1946, nuevamente en Cuba, durante las “Pascuas Sangrientas” de 1956, igualmente en Colombia contra la huelga de trabajadores en El Cairo y Santa Bárbara en 1963, nuevamente en Chile en 1966 y 1969, las varias represiones sangrientas en Bolivia contra los mineros, el genocidio en Guatemala durante la década de 1980, y la masacre de Carandiru en Brasil en 1992.
Siempre han sido masacres contra trabajadores y pobladores que reclamaban por sus derechos laborales y sociales, entre otros: cumplimiento de la jornada máxima, pago de salarios, seguridad en el trabajo, atención del Estado. Desde filas oficiales igualmente siempre se acusó a los movimientos como subversivos, anárquicos, violentos, contra la institucionalidad, el Estado y la democracia; o se argumentó que se había disparado contra vándalos, saqueadores y delincuentes. En América Latina, región atrasada y subdesarrollada hasta mediados del siglo XX, las represiones y matanzas garantizaron el poder de los grandes terratenientes, mineros y agroexportadores, de las incipientes burguesías de comerciantes, banqueros e industriales y, sin duda, de las puntuales empresas extranjeras que se asentaron en distintos países para explotar recursos y trabajadores.
En la segunda mitad del mismo siglo, al calor de la Guerra Fría, las masacres tuvieron un componente adicional: desde el poder los movimientos sociales fueron vistos como “comunistas” y “guerrilleros” o simplemente como “colaboradores” de movimientos u organizaciones comunistas. Cierto es que durante la década de 1960 surgieron varios movimientos guerrilleros en América Latina, que se inspiraron en el exitoso proceso que vivió Cuba hasta derrocar a Fulgencio Batista. Pero las fuerzas armadas, preparadas y entrenadas para combatirlos, lograron finalmente derrotarlos en casi todos los países. Sin embargo, la lucha contra el “comunismo” fue mucho más lejos en el Cono Sur. Desde 1964 en Brasil se instaló una larga época dictatorial que solo terminó en 1985. En Chile, el golpe militar contra Salvador Allende se propuso aniquilar al “comunismo” e instauró una feroz dictadura bajo el mando del general Augusto Pinochet (1973-1990). También en Argentina se instaló el “terrorismo de Estado” con la dictadura militar (1976-1983) que presidió el general Jorge Videla. El mismo tipo de anticomunismo militar se reprodujo en Bolivia con el general Hugo Bánzer (1971-1978) y Uruguay con la dictadura cívico-militar (1973-1985), porque en Paraguay ya se tenía al tirano Alfredo Stroessner (1954-1989). En Centroamérica también se instalaron otras dictaduras de igual signo. Se trató de una movilización continental auspiciada por la CIA y la visión monroísta de los EEUU, para contar con gobernantes aliados en la defensa de sus intereses geoestratégicos frente al bloque socialista. Paradójicamente en Perú y Ecuador no se siguió el mismo camino. En Ecuador, la dictadura militar presidida por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), proclamó el “Nacionalismo Revolucionario” y se inspiró en una “Filosofía y Plan de Acción” bastante avanzada, antioligárquica y de carácter reformista. Fue un gobierno desarrollista y, felizmente para el país, no reprodujo lo que sucedía en el Cono Sur. El Consejo Supremo (1976-1979) que le siguió, abandonó el nacionalismo y fue autoritario y represivo (en 1977 ocurrió la matanza de zafreros en AZTRA), aunque sin llegar al terrorismo de Estado. En Perú, por otra parte, el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) inspiró el “socialismo peruano”, ejecutando un programa antioligárquico, que no tuvo continuidad en su sucesor, el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980).
De todos modos, lo que impactó con especial dureza en Latinoamérica fue lo que ocurría en Chile y Argentina, donde la liquidación al “comunismo” se extendió a toda posición progresista y democrática, ocasionando miles de asesinatos, desapariciones forzosas, torturas, prisiones y persecuciones. La “guerra interna”, de acuerdo con los principios de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, se convirtió en justificativo ideológico de la sistemática violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esa doctrina impide comprender las confrontaciones sociales en la vida civil y la naturaleza de la pluralidad política, de modo que los militares se atribuyeron la definición de lo que debe ser la política de sus países y asumieron, sin ningún control constitucional ni institucional, ser los llamados a decidir sobre la vida, integridad y conciencia de los ciudadanos. Fue un fenómeno inédito en la historia latinoamericana.
Con el retorno a la democracia, hubo intentos por juzgar los crímenes. Sin embargo, Pinochet logró burlar un juicio internacional promovido por el abogado y jurista español Baltasar Garzón en 1998. En Uruguay no se logró abolir la “Ley de Caducidad” (1986) que impedía juzgar a militares y policías, aunque se impulsaron varios procesos. Mientras en Argentina pudo abrirse, en 1985, un inédito juicio contra los impunes dictadores de años pasados, que fue calificado como el “Núremberg Argentino”. Allí destacó el equipo del fiscal Julio César Strassera, quien logró la pena de reclusión perpetua para Videla y otros cinco altos oficiales de la dictadura. Videla murió en prisión. Ese proceso judicial es el que toma la película “Argentina 1985”, con la interpretación de Ricardo Darín como fiscal y que se ha convertido en una de las películas de más amplia repercusión y éxito en América Latina. Es un filme que cultiva la memoria colectiva para que los hechos ocurridos no vuelvan “Nunca más”. Además, aquel juicio tiene un impacto histórico, pues demostró que la actuación de la dictadura militar, que pensó acabar con el comunismo mediante el exterminio, no tiene justificación alguna ante la humanidad contemporánea. Los nombres de los represores inevitablemente quedan para la historia, sin dignidad ni honor, sino como criminales de la “guerra sucia” que condujeron. En los estudios latinoamericanos sobre aquella oscura época también ha quedado en claro que el terrorismo de Estado fue el instrumento para afirmar la vía neoliberal, que consagró el dominio de elites empresariales, a costa del sufrimiento de la sociedad.
De otra parte, Ecuador se prepara a conmemorar el centenario de la matanza obrera del 15 de noviembre de 1922, un acontecimiento que ha quedado impune, aunque el responsable directo de ese crimen fue el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), que sostuvo al régimen plutocrático de la época. Pero los actos que se han preparado por distintas colectivos y organizaciones sociales, han adquirido inusitada relevancia. Aquí también se ha afianzado la sensibilidad histórica para que la memoria de aquel acontecimiento, que marca la presencia de las clases trabajadoras del país, permanezca, con la esperanza de que nunca más vuelvan a ocurrir esas masacres. Además, el recuerdo de la clase trabajadora, sus luchas y conquistas para beneficio de los ecuatorianos es oportuno, en medio de condiciones graves de desinstitucionalización y de hegemonía de un bloque empresarial neoliberal-oligárquico, que sigue buscando las formas de arrasar con los derechos laborales y sociales conseguidos durante décadas y que han servido para superar viejas condiciones de vida miserable en el país.
