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© Foto : Gentileza Leandro Torchio Olivares
Carolina Trejo Vidal
En los cuatro meses posteriores al estallido del 18 de octubre de 2019, fueron heridas 1.681 personas con perdigones disparados por las fuerzas policiales, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Para las brigadas de salud fueron 10.000 las víctimas de estas municiones, muchas de las cuales aún las tienen dentro de sus cuerpos.
«Sentí un dolor superprofundo como una quemadura que ingresaba mi cuerpo, sobre todo el que me llegó en la zona lumbar, y yo seguí pedaleando con mucho dolor, alejándome, ya entendiendo que me están disparando», señala a Sputnik Pablo, trabajador de la construcción de 34 años, que fue baleado en la espalda por efectivos de Carabineros —policía militarizada—, en la comuna de Ñuñoa, sector noreste de Santiago, en la noche del 21 de octubre del 2019.
«Fue como que se me entumeció la pierna, después comenzó un dolor intenso y me corría la sangre, en ese momento rápidamente me atendieron los chicos de salud y me llevaron a uno de los puntos de atención que tenían, cerca de la Plaza Dignidad. Igual tuve suerte, por decirlo así, porque me lo sacaron al tiro», comenta Leslie, joven estudiante de 25 años que se sumó a las movilizaciones ese 22 de noviembre de 2019.
«Te tiraban al cuerpo, directo al cuerpo, a muchos otros a la cara, fue una locura, creo que nunca lo imaginé, no creo que nadie pensó o se imaginó algo así. Fueron unos canallas, por decirlo suave», comenta Leslie.
Los rostros, cuellos, brazos, piernas, espaldas y tórax de miles de personas que salieron a manifestarse durante el estallido social en Chile fueron impactados y lacerados por perdigones disparados por los agentes del Estado y 411 de ellas sufrieron severos traumas oculares.
Según datos de Carabineros, en respuesta a una solicitud por Ley de Transparencia, sus funcionarios dispararon entre el 18 de octubre y fines de diciembre 152.000 cartuchos calibre 12, cada uno con una docena de perdigones en su interior, lo que corresponde a 1,8 millones de estas municiones.
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La actuación policial impresionó a los propios manifestantes y a quienes los atendieron. «Cuando empezaron las manifestaciones el 18, el 19 de octubre, con gran sorpresa vimos que además de agua y además de gases lacrimógenos empezaron a llegar heridos de perdigones», cuenta a Sputnik la médica anestesista Carla Pellegrin, especialista en terapia neural y miembro de la fundación Movimiento Salud en Resistencia (MSR).
«Fue una situación superinsólita, que nos parecía muy extraña, porque a lo largo de la historia de las manifestaciones en Chile, en los último 30 años, podría haber habido disparos, sobre todo lesiones por bombas lacrimógenas, pero perdigones yo no recordaba, a menos que hubiera habido una represión contra una manifestación con el uso de este tipo de armamento», detalla Pellegrin.
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10.000 heridos por perdigones
Ante la represión policial durante la revuelta, muchos trabajadores y estudiantes de la salud se comenzaron a organizar en la Plaza Dignidad y armaron brigadas sanitarias, puntos fijos de atención y brigadas móviles, relata Pellegrin.
«Fuimos una alternativa a las necesidades que no entregaba el Estado, porque los chicos que iban a los centros de salud muchos fueron maltratados o detenidos por haber participado en las manifestaciones. Nos fuimos convirtiendo en una respuesta popular a la agresión por parte del aparato represor», señaló.
Según la médica la fundación MSR atendió 800 pacientes heridos con perdigones, de un total de 1.500, en los primeros meses de la revuelta. «A nivel nacional, sin exagerar deben ser por lo menos 10.000 perdigoneados«, sin considerar a los que no denunciaron o no fueron a los centros de salud por temor.
Ese fue el caso de Pablo, quien tras recibir descargas de perdigones no fue al hospital y solo pidió ayuda cuando el dolor era intenso y le impidió seguir trabajando.
Perdigones en la pierna de un manifestante
© Foto : Gentileza MSR
«Demoré unos meses en darme cuenta de la gravedad y poder acceder a alguna instancia, en ese momento lo primero que hice fue un kinesiólogo, que no me sirvió tanto, seguía con mucho dolor, no podía trabajar, no podía manejar, no podía dormir, no podía dejar de pensar en el dolor ni en la rabia que me daba toda la situación», comparte Pablo.
Con el tiempo, «ya teniendo la magnitud del estallido y la represión, también tenía otro peso lo que me había pasado, entendiendo que era una violación sistemática que está ejerciendo el Estado en contra de las personas que se están manifestando, entonces ya es otra magnitud del daño, que en otro sentido es más grande».
Secuelas a corto y largo plazo
En noviembre del 2019, el MSR abrió de forma autogestionada un policlínico de atención secundaria para pacientes a quienes no se les pudo extraer los perdigones tras el disparo o que presentaban complicaciones tras su retiro.
Allí constataron todas las secuelas que este tipo de municiones produjo en los heridos: «Dolor, muchos pacientes con infecciones porque eran heridas sucias, fracturas expuestas que requirieron de cirugía, impotencia funcional, en problemas para movilizarse, niveles de plomo que no fueron medidos en ese momento», explica Pellegrin.
Según un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile los perdigones disparados por Carabineros en las manifestaciones estaban compuestos en un 80% de plomo, silicio y sulfato de bario, y solo el 20% de caucho. Los datos contradicen la versión oficial, que señalaba que los perdigones eran de goma.
Heridos con perdigones en espalda y pierna
© Foto : Gentileza MSR
«Estamos realizando un trabajo para revisar los niveles de plomo plasmáticos en los pacientes [heridos con perdigones] a dos y tres años, y eso es en términos sólo de las complicaciones físicas […] porque muchos hoy aún persisten con síntomas de insomnio, ansiedad, problemas adaptativos en sus vidas, porque esto repercutió en la familia, en el trabajo».
Pablo, además de costearse todos los gastos de los tratamientos, debe soportar un constante malestar en su espalda. «Tengo una lesión crónica, tengo que medicarme, tengo que estar en tratamiento constante, tengo un balín que es un potencial contaminante de plomo, tengo que monitorearme el plomo».
El joven, trabajador de la construcción debe convivir con el perdigón ante el riesgo de que la extracción cause más daños. «Tengo que vivir con eso ahí. Como una vacuna de represión que te meten, una inyección y que te quede ahí, te persigue para siempre».
Pablo encontró apoyo para mejorar su condición en el MSR. «Me contuvieron, me ayudaron con el dolor inmediatamente, con terapia neural, me ofrecieron medicamentos, apoyo psicológico con una profesional, asesoría jurídica, también el psiquiatra que me está apoyando».
Pellegrin comenta que iniciaron conversaciones con el Ministerio de Salud para monitorear los niveles de plomo y extraer de forma segura los perdigones en los heridos en un pabellón quirúrgico de un servicio público de un hospital. “No hemos tenido respuesta, han sido ambiguas, no se concreta, no escuchan. No escuchan a quienes hemos estado trabajando todo este tiempo, desde lo técnico, con este tipo de ‘compa’ o paciente».
Tras tres años de sobrevivir a la violencia estatal
«A tres años de la revuelta es evidente que las y los sobrevivientes, luchadoras y luchadores de la revuelta estábamos abandonados completamente», acusa Pablo.
«Hemos quedado fuera de mesas, fuera de programas, fuera de instancias importantes en donde se busca reparar, y es injusto porque somos miles de personas y no hay una señal clara de querer reparar la situación en absoluto».
En opinión de los voluntarios del MSR, «hay una invisibilización de estos jóvenes, que nosotros creemos que no son víctimas: ellos fueron afectados por la violencia de Estado».
«Uno nunca deja de asombrarse de la capacidad de la criminalización de la protesta y de la violencia que desató este cuerpo [Carabineros], como que estaban los perros amarrados y lo soltaron, y salieron tras la presa esa, es la sensación que tengo», reflexiona Pellegrin.
Sobre el uso indiscriminado de proyectiles por parte de las fuerzas del Estado, Pablo reflexiona: «Me parece que es aberrante y que tiene consecuencias que todavía como sociedad no somos capaces de cuantificar, ni de dimensionar en su aspecto psíquico, en su aspecto como un problema de salud pública».
Al cumplirse tres años de la revuelta popular, Pablo es categórico: «Siento que la violencia no ha parado, que todo el proyecto del actual Gobierno y lo que dijo para llegar al poder no lo está cumpliendo».
«Es frustrante y me llena de ira también pensar que [el expresidente Sebastián] Piñera es impune, que [al exdirector de Carabineros de Chile, Mario] Rozas no le ha pasado nada, que todos los altos mandos no les va pasar nunca nada y a lo más va caer algún policía raso, que no es menos culpable pero que no debieran ser los únicos», concluye Pablo.
