LOS ÚLTIMOS SUCESOS *
Escribre Ruben Elias
A partir de la iniciativa del gobierno de crear el Fideicomiso de Integración Social y Urbana para regularizar la situación de algunos asentamientos, reasignados fondos del Instituto Nacional de Colonización (INCO), se produjeron una serie de intercambios y movilizaciones entre organizaciones del campo y la ciudad que rechazaron esa propuesta. Su argumentación fue tal que hubo senadores de la Coalición que anunciaron que no la votarían.
Finalmente, el gobierno superó disensos internos y consolidó la mayoría que permitirá su aprobación. El viernes en Comisión se voto la creación del Fideicomiso con los recursos provenientes del INCO. “Dicho financiamiento operará durante la vigencia del fidecomiso”, como mínimo 15 o 20 años. Para “compensar” se le darán fondos extras, escasos unos y de origen no precisos otros. Los 15 millones de dólares que recibirán son menos de los 28 a 30 millones que percibían antes.
Como consecuencia no se podrán adquirir nuevas tierras en el corto o mediano plazo para los aspirantes a colonos. Estas medidas consolidan la concentración y extranjerización de tierras que solo estarán al alcance de las multinacionales o los poseedores de grandes capitales. “El precio de la tierra se multiplicó por seis en 20 años”, escribió Nicolás Lussich.
Están subiendo los precios de las “materias primas” y esto estimula una mayor demanda de tierra y por tanto la suba de su precio. Por otro lado, los bienes comunes como la tierra y el agua son muy codiciados.
Enfrentan las propuestas del gobierno la Mesa Nacional de Colonos, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Coordinadora de Asentamientos y el PIT-CNT, entre otras organizaciones del campo y la ciudad.
NO A LAS MEDIDAS PALIATIVAS
Lo que ofrece este gobierno, al igual que los anteriores, son medidas “paliativas”, por tanto, insuficientes, no son integrales y se centran en un objetivo, cuyo logro solucionaría todos los problemas. No son medidas de fondo. Las respuestas tienen que ser multidireccionales ya que una parte de la población no puede acceder a todos sus derechos (no solo la vivienda).
Los proyectos del gobierno, también son mezquinos, siempre van a impulsar las medidas que generen el menor costo posible. A tal punto que Lacalle descarta utilizar otros recursos fuera de los del INCO.
Los dineros públicos están destinados a los “malla oro”, con lo cual avanzan en un proceso de privatización y enajenación de los bienes del pueblo. Por eso, cuando los enfrentamos, estamos luchando por la soberanía nacional.
LOS ASENTAMIENTOS
Ada González, de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, denuncia que “los derechos humanos, como la salud, el trabajo, la educación, la cultura y la justicia, son vulnerados”. Demanda que “las respuestas deben ser multidimensionales, con participación de la sociedad organizada y las y los vecinos”.
Pide “un serio abordaje de la problemática de la salud mental y las adicciones”. El acceso a “la tenencia de tierra, los servicios públicos como la luz, el agua y el saneamiento, estar conectados a los servicios de la ciudad, tener espacios públicos como plazas, la iluminación de las calles y sus arreglos, y espacios de educación, recreación y desarrollo integral”.
“Desde la coordinadora de asentamientos y los colectivos que trabajamos en esta construcción de una sociedad más justa e igualitaria afirmamos que este modelo de administración de país lejos está de aportar a dicha construcción. Decimos basta a la estigmatización de las personas, basta de criminalizarnos, sexualizarnos, discriminarnos, excluirnos, encarcelarnos, basta de matarnos”…
LAS CIFRAS DE LA POBREZA
La pobreza y la marginación no se encuentran solo en los asentamientos, y es mucho mayor de lo que indican los economistas. Su método para dimensionar la pobreza, se basa en los ingresos necesarios para cubrir una canasta establecida de productos y bienes.
Según el Instituto Nacional de Estadística, hoy en Montevideo, si un hogar unipersonal percibe menos de $ 15.838 mensuales, es considerada pobre. Lo mismo sucede con una familia de cuatro personas con un ingreso mensual menor a $ 52.002. Para el Interior los valores son $ 10.361 y $ 35.111. Esta metodología es cuestionada por no tener en cuenta las condiciones de vida.
Existen otras maneras de medir la pobreza, son los llamados métodos directos de medición con un enfoque multidimensional. En Uruguay, se trabaja con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Las NBI se estudian en seis dimensiones: Vivienda decorosa, Abastecimiento de agua potable, Servicio higiénico, Energía eléctrica, Artefactos básicos de confort y Educación. La insuficiencia de cualquiera de ella implica una situación de pobreza.
Con los datos de los Censos 2011, se calculo la población con NBI en el Uruguay. Se encontró 1.068.000 personas y 347.700 hogares particulares con al menos una carencia crítica. Esto equivale al 30,7% de los hogares particulares y al 33,8% de la población residente en ellos.
Los datos del 2011, son alarmantes y es evidente que esos números en 2021 cambiaron para peor, producto de la crisis socioeconómica y sanitaria. Las consecuencias pueden ser catastróficas si no se toman medidas urgentes. Es imprescindible visibilizar y combatir la naturalización de lo que estamos viendo y viviendo. Es nuestra responsabilidad.
Recordemos a Artigas: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.
* Publicado en el Semanario Voces, Montevideo, 14 de octubre de 2021
