Jacobin
NURIA GINIGER
El problema de la RBU como instituto de distribución de riqueza no debe ser pensado en sí mismo, sino en términos del proyecto político que ordenará el futuro.
La discusión acerca de un ingreso universal tiene ya varios años y forma parte del paquete de medidas que, cada cierto tiempo, se (re)ponen en discusión para pretender resolver un problema que tiene su dificultad intrínseca en la organización de la sociedad capitalista, particularmente en su etapa neoliberal: la masa cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleos o cuyos trabajos son tan informales y los salarios que perciben tan magros que no les alcanza siquiera para reproducirse a sí mismos.
A principios de este siglo XXI intentábamos comprender –particularmente desde nuestra región– cómo se despliega el capitalismo realmente existente. Han pasado dos décadas desde los estallidos antineoliberales de fines de los noventa, y hoy podemos afirmar que la heterogeneidad tan pronunciada que exhibe la clase trabajadora en América Latina no es una anomalía sino la manera en que se desenvuelve el capitalismo en países periféricos como los nuestros [1]. Esto implica la existencia de trabajadores registrados con garantía (casi) plena de los derechos conquistados y salarios que cuadruplican el básico, hasta changarines que viven sin llegar a fin de mes, aun con el apoyo y la asistencia del Estado y los movimientos sociales.
En Argentina, la crisis general exacerbada por la pandemia se articula con la «pesadísima herencia» del gobierno de Mauricio Macri: fueron cuatro años de ajuste a las y los trabajadores, toma de deuda externa y fuga de divisas. La pandemia muestra las debilidades del sistema sanitario pero, además, las respuestas que se despliegan para evitar la propagación indiscriminada de un virus nuevo y muy contagioso consisten en inmovilizar de forma intermitente a gran parte de la fuerza de trabajo de nuestro país y del mundo.
El aislamiento y el distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO-DISPO) tuvo varios efectos respecto del trabajo: por un lado, la modificación de los ritmos de producción, como en el caso de aquellos trabajadores cuyas tareas se reorganizaron bajo la modalidad del teletrabajo, para quienes se intensificó y extendió la jornada laboral. Por otro lado, la parálisis total o parcial de sectores completos de la economía (por ejemplo, el turismo). Asimismo, la reducción por momentos drástica de la circulación de personas produce la parálisis de algunos sectores informales: desde cuentapropistas profesionales a vendedores ambulantes. Esto quedó evidenciado cuando el gobierno nacional dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) planificado para no más de 4 millones de personas y se inscribieron para recibirlo 11 millones, una cifra que dejó en evidencia la profundidad de la crisis económica y social.
La enorme movilización de organizaciones sociales en la asistencia y solidaridad a través de comedores, ollas populares y distribución de bolsones de comida y artículos de higiene forma parte central de la contención de la crisis. Los movimientos sociales –como otros sujetos sociales– están poniendo sobre la mesa distintas salidas a la crisis. Muchas de estas salidas tienen que ver con ubicar en el centro de la discusión el hambre, y es frente a esta categoría que reaparece la idea del Ingreso Básico Universal, Renta Básica Universal, Ingreso Ciudadano o como se la quiera llamar.
Los seguidores de la RBU, como plantea Alyssa Battistoni (2019), van desde «capitalistas de riesgo pro-Trump, como Thiel, hasta partidarios de un ‘comunismo de lujo totalmente automatizado’, como Peter Frase». La autora sostiene que es una «obligación moral» frente a los pobres, pero también una versión que cuestionaría la propiedad privada y la acumulación de riqueza capitalista.
Recuperando el artículo de Luis Fernando Medina Sierra en esta revista, en este texto haremos un repaso de algunas de las versiones de la RBU impulsadas por distintas corrientes político-ideológicas. Como dijimos, el abanico es amplio y eso complejiza el análisis. Sin embargo, una síntesis de las perspectivas permitirá extraer conclusiones más ajustadas.
Banco Mundial
El pasado 2020, pandemia mediante, el Banco Mundial (BM) fortaleció su impulso al Ingreso Básico Universal (UBI, por sus siglas en inglés). Para ello, en 2018 realizó primero un estado de la cuestión, que le permitiera ubicarse como antagonista a algunas de las corrientes. Entonces recogió un abanico de miradas sobre la RBU, agrupándolas bajo seis categorías muy singulares:
1) La pragmática, representada por Musk (2017) –CEO de Tesla–, quien sostiene que la RBU es una salida frente al desempleo causado por la automatización.
2) La idealista, promovida por Guy Standing (copresidente de BIEN), quien plantea que la RBU es una salida contra la oleada neofascista y «populista», pues refuerza la libertad individual «dándole a la gente la sensación de control sobre sus vidas».
3) La pronosticadora, de Subramanian, quien anuncia que en los próximos dos años algunos estados de la India ya van a tener implementada la RBU.
4) La escéptica, representada por Piketty, quien afirma: «El problema con la discusión sobre el ingreso básico es que, en la mayoría de los casos, deja los problemas reales sin explorar y en realidad expresa un concepto de justicia social a bajo precio».
5) La provocadora (Ravallion), que propone mayor transparencia de las políticas públicas y, por tanto, mayor universalidad de la RBU.
6) La cínica, cuyo exponente es Goldin, que sostiene que para transformar la desigualdad es necesario cambiar la manera de pensar los ingresos y el salario.
Este abanico, que el Banco Mundial propone como representativo de las polémicas sobre la RBU, tiene como representantes a economistas –varones todos ellos– de las universidades más poderosas del mundo (EE. UU., Gran Bretaña y Francia) y todas ellas circulan alrededor de los déficits, incorrecciones o dificultades que el neoliberalismo propone. Es decir, son las «opiniones mainstream de la RBU», las del establishment.
Con estos antecedentes y a través de algunos informes, el Banco Mundial estipula para la RBU una serie de cuestiones:
La universalidad: El BM se pregunta si debe ser para todos o debe haber diferenciaciones. Así es que promueve el concepto de «universalismo progresivo» y la combinatoria de políticas de asistencia y seguridad social para alcanzar un «objetivo aspiracional».
Los aspectos constitutivos: Para el BM debe tomarse en consideración como punto de partida para el análisis de la viabilidad de la implementación lo siguiente: 1) los riesgos del mercado laboral, 2) las cuentas estatales y 3) los sistemas de protección social.
Beneficios: 1) Cubre a todos, por lo tanto, ayuda a las personas a hacer frente a una variedad de riesgos; 2) No sufre errores de inclusión / exclusión; 3) Proporciona un ingreso mínimo a los adultos que posiblemente alivie algunos de los costos de búsqueda de empleo
Desventajas: 1) Es más costoso que las transferencias específicas (focalizadas); 2) No es una herramienta eficiente para la reducción de la pobreza; 3) Para cualquier presupuesto, las transferencias específicas (focalizadas) son más efectivas para reducir pobreza extrema.
Finalmente, los informes del Banco Mundial establecen una diferencia entre tres categorías de países: economías avanzadas, economías con mercados emergentes y países de bajos ingresos [2]. En esta categorización, existe una gradación inversamente proporcional en la inversión diferencial que estos países deberían realizar para incorporar la RBU. Por ejemplo, para países «del medio», se trata de redireccionar inversiones ya existentes en programas focalizados hacia la RBU. Asimismo, el impacto en la reducción de la pobreza también es relativo a cada segmento de países: «En general, encontramos que proporcionarle a la RBU presupuesto mayor como para que tenga un impacto significativo en la pobreza es financieramente prohibitivo en países de bajos ingresos, pero puede ser una opción relativamente más viable en algunos países de ingresos medios y altos».
Renta Básica Universal como piso
La Red Argentina de Ingreso Ciudadano (RedAIC), que integra la Basic Income Earth Network (BIEN), es una red de instituciones y fundaciones que impulsan la RBU, con legitimidad académica y vinculación con movimientos sociales, fundamentalmente desde Europa. Impulsan investigaciones, pero sobre todo construyen influencias y corrientes de opinión a través de la circulación mediática. La Red en Argentina nace en el marco de los debates sobre el ingreso universal que se dieron durante la crisis de 2001, pero en Europa, la BIEN surge a mediados de la década del 90. Aunque hay versiones más ubicadas desde la izquierda, básicamente el planteo es que existen dos modelos en el capitalismo ya fracasados: el Estado de bienestar y el neoliberalismo. El primero, derrotado por el segundo, nos encuentra con una pobreza y una indigencia que requieren «corrección», es decir, hace falta un modelo alternativo que elimine o disminuya ostensiblemente la pobreza y para ello se requiere un «ingreso mínimo». Impulsan una serie de parámetros:
a) que debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ciertos mínimos;
b) que esta red debería conformar una base desde la cual las personas puedan competir en mejores condiciones en el mercado laboral y asistir (y permanecer) en el sistema educativo;
c) que esta red de seguridad debería ser de fácil acceso, no estigmatizar ni discriminar a los perceptores y evitar prácticas clientelistas;
d) formar parte de un sistema de arreglos institucionales que favorezca el incremento de la demanda de fuerza de trabajo sin disminuir los estándares de vida de la gente;
e) que el acceso a los beneficios de la red sea independiente de la actividad o condición ocupacional de las personas.
Ya en 1977, en La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Robert Castel señalaba la discontinuidad de los institutos reguladores del trabajo asalariado creados post segunda guerra mundial a partir de la crisis de los 70. En este libro, y en sus posteriores, Castel postulaba la vulnerabilidad y la desafiliación social a partir de la pérdida del empleo. Sus planteos dieron lugar a una corriente muy profusa acerca de la precariedad (laboral, social, etc.) y, de alguna forma, cimentó en el sentido común dominante la idea de que hay incluidos y excluidos, afiliados y desafiliados a la sociedad [3].
Los parámetros de la Red suponen que la RBU tiene la virtud de construir un piso mínimo para promover la movilidad social ascendente o al menos evitar una caída masiva hacia la pobreza y la exclusión social. Recordemos la metáfora tan difundida de «quienes están dentro y quienes están fuera». Esta idea de los «caídos del mapa», tiene, tal como la metáfora propone, mucho de terraplanismo respecto a la dinámica histórica de la sociedad, a cómo se despliega el capitalismo en el mundo y en particular en los países periféricos. A este respecto, Abal Medina (2020) plantea:
Las propuestas de ingresos mínimos y rentas universales se desplegaron históricamente con una tonalidad emotiva de destino irremediable; la pérdida de puestos de trabajo se concibió como fulminante e irreversible, y las políticas públicas que surgieron de este diagnóstico fueron, de algún modo, formas de institucionalizar la pobreza (…) Quienes apoyan la implementación de este tipo de medidas esgrimen argumentos éticos (debemos garantizar un piso de dignidad para todo ser humano) o bien sostienen posiciones pragmáticas como la de Rifkin (cárceles o «voluntariado»). Lo cierto es que la disyuntiva convalida una suerte de amnesia colectiva sobre la construcción económica y social de la desalarización masiva. Sobre los modos activos de desvalorización del trabajo.
Es decir que este enfoque plantea un ingreso universal que equilibraría el punto de partida de los individuos en su «carrera de vida». Es la utopía de la igualdad de oportunidades convertida en instrumento económico. En este sentido, la otra fundación que lo promueve es la Friedrich Ebert, «bajo el lema de repensar el bienestar del Estado en el siglo XXI», ya que la universalidad de la RBU se propone como alternativa a los programas neoliberales.
Uno de los ejemplos que esta corriente divulga es el Alaska Permanent Fund, un fondo de inversión creado por los impuestos de la renta petrolera del estado de Alaska. Este fondo, como tal, realiza distintas inversiones, pero tiene un «Permanent Fund Dividend» (PFD) que divide todos los años en partes iguales una porción de los beneficios para todos los habitantes de Alaska. Según los beneficios anuales de la renta petrolera alaskeña, hay años que los habitantes cobran más que otros. El ejemplo que más se difunde es que, en 2015, los residentes de Alaska cobraron USD 2000. Los fundamentos de este fondo de inversión se sostuvieron en que, como el petróleo es un recurso finito, las futuras generaciones no van a contar con él. Por lo tanto, su uso actual debe dejar beneficios hacia el futuro, y funciona de contralor para evitar el derroche de las ganancias.
Este ejemplo no solo muestra los beneficios de un ingreso universal –derivado, en este caso, de la renta petrolera– sino que se articula con otros enfoques en boga, como el decrecionismo, las versiones de la ecología económica (ecosocialismo, ecofeminismo) y las distintas modalidades de «licencia social» de las empresas extractivistas. Luego nos meteremos con estas corrientes.
Otro de los ejemplos es Irán, que se supone que es el único país del mundo que tiene una RBU. En 2011, para compensar la eliminación de subsidios al pan, el agua, la electricidad y el combustible, se creó una «transferencia de efectivo», que también se financia con fondos de los recursos de hidrocarburos. «Pero aquí no existe un fondo de inversión destinado al pago del beneficio, sino que los recursos provienen de reformas realizadas al sistema de subsidios a los precios internos de los combustibles».
En Argentina existe un sector vinculado con el Ministerio de Desarrollo Social que propone la RBU como forma de resolver el tendal de desocupados y hambrientos que deja la pandemia. La propuesta general consistiría en una transferencia de dinero a todas las personas de la población económicamente activa que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) [4]. En este caso, tendría un formato similar al seguro de desempleo (pero respecto del trabajo registrado y de salarios por debajo del SMVM). Tal como ocurrió con la AUH (Asignación Universal por Hijo), sería universal para aquellos que cumplan los parámetros establecidos y podría esperarse alguna contraprestación (la AUH supone escolaridad obligatoria certificada y vacunación obligatoria certificada).
Esta «manera argentina» de encarar la RBU es diferente de la planteada por la Red y la BIEN: la incondicionalidad y la universalidad como pilares. La condicionalidad de las políticas de asistencia (como el caso de la AUH) tiene, según estos enfoques, un carácter punitivo. No obstante ello, ambas versiones recuperan un elemento que sería uno de los impactos clave de la RBU: el aumento del poder de negociación de los trabajadores y de la «libertad» [6]. La conceptualización punitivista del rol del Estado como elemento disciplinador es una tradición en el liberalismo, tanto de izquierda como de derecha.
La RBU impulsada por esta corriente empalma con las posiciones que el papa Francisco expresó en su encíclica Laudato si’, en la que hace una proclama particularmente ecológica incorporando las desigualdades humanas, siguiendo la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia. En ese marco, hay una defensa explícita del ingreso universal. En Argentina, por ser un país católico y dada la nacionalidad del papa, esto tiene una influencia fenomenal. Uno de los seguidores del Papa en los movimientos sociales, Juan Grabois, incorporó la RBU en un plan general que «se orientaría a actividades de la economía social, urbanización de villas y asentamientos con reconstrucción de espacios culturales, deportivos y de salud, desarrollo de la agricultura familiar (incluyendo la generación de colonias agrícolas) y el refuerzo de políticas públicas orientadas a la reinserción social de ex detenidos y atención a problemáticas de género, entre otras», al que denominó Plan Marshall Criollo [7].
Finalmente, en este marco, se incorpora otro debate: si la RBU es un derecho o no. La Red y la BIEN plantean que es un derecho humano asociado a otras lógicas y valores morales: un diseño no productivista para las políticas sociales frente al fin de la sociedad asalariada. El argumento para reforzar la categoría de derecho de la RBU es que actualmente, pandemia mediante, la llamada economía no monetaria cobra enorme relevancia: la jornada de trabajo de cuidado completamente extendida sostiene la garantía de la crisis sanitaria.
La RBU, entonces, es recuperada por sectores de la economía feminista para ponderar el trabajo de cuidado como tal y como un derecho. Esto implicaría al Estado, las empresas y las organizaciones sociales. Para eso, proponen construir un «régimen de bienestar», es decir, una RBU que ponga de relieve aquellas labores que no están reconocidas ni valorizadas por el mercado (incluido el trabajo de cuidado). En este sentido, el propósito es que la RBU empodere, pues se supone que permite aceptar ciertas cosas y otras no. Y, finalmente, estabiliza la demanda en un momento de crisis.
RBU como «impugnación del capitalismo»
Desde una sector de la izquierda europea (anche latinoamericana) nos encontramos con interpretaciones o promociones de la RBU dentro del marco de enfoques o estrategias anticapitalistas, tales como el artículo de Medina Sierra. Estas perspectivas desde la izquierda se articulan con posiciones decrecrecionistas, ecofeministas y ecosocialistas [8]. Sin ir más lejos, las organizaciones de la izquierda europea que impulsan la RBU se inscriben dentro de estas corrientes. No así la izquierda comunista (o de tradición comunista) [9].
El primer punto que resaltan es la disminución cuantitativa y cualitativa del «ejército de reserva». Es decir, el propósito de la RBU sería producir una aumento del poder adquisitivo general y una disminución de trabajadores asalariados desesperados por vender su fuerza de trabajo al mejor postor. De esta forma, se busca aumentar el poder de negociación sindical para disminuir las desigualdades y la precariedad en el acceso a derechos, al tiempo que aumenta el trabajo libre. «Para que la renta básica universal sea realmente un instrumento o un arma contra el Capitalismo hay que entenderla en su sentido abstracto, es decir, como trasvase de poder hacia la clase trabajadora. El capital es una relación social y Marx lo explicó perfectamente cuando señalaba que el capitalismo domina a través de formas abstractas como la categoría valor».
La RBU, para estas corrientes, implica una conquista que cimienta la acumulación de fuerzas para la transición de una sociedad de predominancia del trabajo asalariado hacia una del trabajo libre. Estas corrientes no plantean rupturas con el capitalismo sino transiciones prefigurativas del socialismo. Lo que denominan «cuarta revolución industrial» implica que el pleno empleo y la relación salarial como centralidad del mundo actual son cuestiones anacrónicas y, por lo tanto, el trabajo hay que recuperarlo como elemento ontológico del ser humano.
Un debate que establecen con lo que estas corrientes denominan «izquierda tradicional» o «izquierda ortodoxa» es que el valor de uso como aspecto de la vida ha sido desatendido. El feminismo lo ha ubicado como punto central y, al igual que la corriente que antes explicamos y se inscribe en la BIEN, el ingreso básico universal cobra particular relevancia respecto del trabajo de cuidado y la reproducción social. El «valor del trabajo» (dixit), compartir los bienes y utilizar el mínimo esfuerzo necesario para obtener lo que uno necesita es el planteo de los humanistas por la renta básica: que trabajen las máquinas.
Para estas corrientes, la lucha por el pleno empleo no es posible pero tampoco deseable. Es indeseable buscar trabajo (y no conseguir), pero además es indeseable trabajar para el capital. Se articulan dos perspectivas: 1) la que propone expectativas con la robotización [10] («utilicemos la tecnología de forma eficiente, de forma equilibrada, para que no se produzca en base al mercado») y 2) el decrecentismo [11], que plantea que no hay que tener esquemas de crecimiento y desarrollo económico sino de decrecimiento. «La productividad es patriarcal»: para el ecofeminismo es significativa la expectativa de vivir dentro de un marco de subsistencia, que reponga lo femenino y lo masculino como unidad (Shiva y Mies, 1998). La idea de no producir más que aquello necesario para satisfacer las necesidades humanas contacta también con Harich (1975) con su propuesta del «comunismo sin crecimiento».
Estas corrientes, además, discuten con los sindicatos, que suelen oponerse a la RBU. En general, plantean que los sindicatos deben propiciar una jornada semanal de 30 horas, pues eso implicaría acabar con la desocupación. La disminución de la jornada laboral, acompañada por una fuente de ingresos distinta al empleo, sería la clave. El capitalismo implica vender la fuerza de trabajo para poder subsistir, pero con la RBU ya no hace falta: todos subsistimos y el trabajo comienza a ser libre. Esto, siempre y cuando el resto de los institutos del Estado de Bienestar estén vigentes (salud, educación, etc.). Aunque no es lo único, el planteo es que la RBU permitiría recuperar el control de la vida de los trabajadores dentro de un programa más amplio, que propone un republicanismo de libertad, de autonomía, de conseguir una «figura ciudadana».
Críticas a la RBU
Una de las críticas más inmediatas a este tipo de proyectos gira en torno a de dónde salen los fondos para implementar una renta básica universal. Hay propuestas que proponen que la RBU no debería ser en dinero sino en especie: «la sanidad y la educación ya es renta básica en especie. Tendríamos que hacer lo mismo con la alimentación, el transporte, el alojamiento y podríamos pensar también en la energía o, por qué no, las telecomunicaciones. En lugar de dar dinero y que se busquen las habichuelas en un mercado contaminado por desequilibrios de poder, controlarlo y regularlo a través de decisiones democráticas, transportes, participativas y atendiendo a criterios sociales, ecológicos, de género».
Las advertencias de Alyssa Battistoni (2019) son bien interesantes:
(…) no es necesario ser Robespierre para sospechar de una propuesta que anuncia explícitamente su intención de proteger a los ricos frente a la furia de la clase trabajadora; sobre todo, cuando una de las principales preguntas en torno del ingreso básico es de dónde saldrá el dinero (…) la amplia coalición requerida por el ingreso básico será imposible de lograr si los ricos se oponen desde el comienzo (…) Lo que propone, en cambio, es financiar el ingreso universal sacando dinero de importantes programas de bienestar social (cupones de alimentos, asistencia para vivienda, crédito tributario por ingreso del trabajo) y cobrar un impuesto al valor agregado sobre bienes de consumo (…) si el ingreso básico se financia mediante la canibalización de programas sociales existentes y la aplicación de impuestos regresivos al consumo, la mayor carga del subsidio a los salarios bajos pasa entonces a recaer perversamente en los pobres y en la clase trabajadora.
El movimiento sindical también hace críticas a la RBU, y éstas tienen que ver con que el mismo debilitaría el poder de la acción colectiva, fortaleciendo las negociaciones individuales y profundizando el «sálvese quien pueda». Coinciden, además, en preguntarse de dónde se extraen los fondos para el financiamiento, y señalan que las reformas fiscales promovidas parecieran impactar negativamente sobre la porción de la clase trabajadora registrada y sindicalizada. Lo mismo ocurre respecto de lo que Battistoni planteaba acerca de la educación y salud públicas: la RBU sería un «cheque de intercambio» para la privatización. Además, el sindicalismo plantea que con la RBU la presión para reducir salarios por parte de las patronales aumentaría significativamente.
Un elemento a tener en cuenta es que el sindicalismo articula su existencia y su poder en relación con la centralidad del trabajo asalariado en el capitalismo. La RBU, plantean, iría contra el empleo, en este sentido. Resaltan el temor de que la RBU adormezca la lucha de clases y redunde en una mayor explotación de la clase trabajadora.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) plantea consecuencias negativas y positivas respecto de la RBU. Entre las positivas, indica que reduce el riesgo de aceptar condiciones laborales de baja calidad y explotación, apoya a las personas para que desarrollen sus habilidades y competencias, mejora el acceso al apoyo de ingresos y reducir el estigma y agiliza los esquemas de protección social y reduce los costos administrativos de los mismos. Respecto a las consecuencias negativas, indica la posibilidad de subvencionar trabajos mal remunerados y de baja calidad, la tendencia a socavar los sistemas de protección social existentes, los impactos distributivos regresivos, las dificultades de financiamiento y la reducción de estabilizadores automáticos durante recesiones económicas. Este último punto, evidentemente, refiere a los institutos de contención a las crisis que existen en los países desarrollados.
Algunas reflexiones finales
Tener en cuenta de dónde salen los fondos para un Ingreso Básico Universal y cuál es el sujeto que pelea por esa renta es clave. Lo mismo vale para el alcance «universal» e «incondicional» de la misma. La totalidad de la riqueza del mundo es producida por la clase trabajadora, con lo cual un ingreso de estas características no saldría de ningún otro lado. La disociación entre dinero y valor, propia del liberalismo, impide comprender que si la RBU se implementa sería una distribución de la riqueza a través de un instituto nuevo en el mismo Estado moderno.
Entre las corrientes que aquí describimos, el Estado se presenta como un sujeto omnipresente. Lo mismo que los monopolios y el imperialismo. Incluso las versiones que se ubican por izquierda asumen la existencia del Estado, de forma invisible o como regulador. La perspectiva de que el Estado es condensación o expresión cristalizada de las relaciones de fuerza históricamente determinadas no aparece. Por el contrario, el Estado es un instrumento invisible. Lo es para el Banco Mundial, pero también para los enfoques de izquierda, que además disocian el sujeto que reclama la RBU del conjunto de la clase trabajadora y sus tareas emancipatorias.
Resulta particularmente preocupante la perspectiva de futuro de todas las corrientes que aquí expusimos. Que el caso de Alaska sea el ejemplo mejor ponderado habla a las claras del lugar que ocupa la RBU en la discusión (al menos en nuestro país). Una porción de la renta sojera y minera se plantea para la redistribución a través de una RBU. No se plantea, por el contrario, en qué país y en qué región queremos vivir.
Esto no implica que el hambre y la pobreza no sean una catástrofe a la cual atender urgentemente. Sin embargo, los trabajadores argentinos fuimos y somos capaces de producir el proceso completo de automóviles o heladeras y hoy aportamos en la construcción de satélites, elementos complejos de biotecnología y energía nuclear. La discusión respecto del desarrollo industrial y de las vías de desarrollo para los países periféricos como modo de resolver el hambre y la pobreza aparece negada en los debates sobre la RBU.
En todo caso, el problema central de la discusión acerca de un ingreso básico universal es la posibilidad de que la clase trabajadora asuma en sus manos la construcción de un país soberano, no dependiente, no inhibido por el imperialismo para construir sus caminos de desarrollo, de industrialización según sus necesidades, posibilidades y aspiraciones.
De lo que se trata, en última instancia, es si nos vamos a ubicar en lo posible de un país con una economía de subsistencia, trabajadores pobres (aunque no indigentes) que recolecten basura y produzcan mermeladas, o en una patria grande soberana, industrializada y solidaria. El problema de la RBU como instituto de distribución de riqueza no debe ser pensado en sí mismo, sino en términos del proyecto político que ordenará el futuro.
Notas
[1] Giniger, Nuria (2017) «Apuntes sobre el concepto de clase obrera en Nuestramérica». En: Gigli, F. El problema de la alteridad en la Argentina contemporánea. Neuquén: Educo.
[2] Traducción propia de Ugo Gentilini, Margaret Grosh, Jamele Rigolini, and Ruslan Yemtsov Editors (2020) Exploring Universal Basic Income. A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices. World Bank Group.
[3] De todas formas, alrededor de mediados de los 90, Castel impulsaba la Renta Mínima de inserción.
[4] En el caso Argentino, el SMVM se discute en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que participan el gobierno, empleadores y representantes sindicales.
[5] Al respecto, pueden consultarse: «Una utopía posible» (Página/12), «De qué se trata realmente un ingreso universal» (La Nación) y «Debate sobre el ingreso universal» (Página/12).
[6] «Libertad incondicional para todos», «vía capitalista al comunismo», son algunos de los lemas articulados con la perspectiva de la libertad ligada a la incondicionalidad del IBU (Pautassi en 2º Encuentro: Ingreso ciudadano en debate ¿Propuesta coyuntural o transformación estructural?)
[7] En principio, aparece como desafortunado e ignorante el nombre de la propuesta de Grabois, sin embargo el Plan Marshall tuvo el sentido de reconstruir la Europa occidental de posguerra, bajo la influencia estadounidense, para evitar el avance del comunismo entre una población diezmada, empobrecida y harta del capitalismo. De todas formas, el Plan Marshall consistió en créditos provenientes de EEUU, que extendieron su dominio, solo contenido hasta la disolución de la URSS. Algo de ello se puede encontrar aquí.
[8] Las referencias que utilizamos son teóricxs y políticxs, involucrades en la discusión y las organizaciones de IBU: Pura Sánchez (Plataforma ciudadana Andalucía Viva), David Casassas (Basic Income Earth Network-BIEN), Lluis Torrens (Revo prosperidad sostenible), Ángel Elías (Junta Directiva de la Asociación Española Red renta básica), Isidoro Moreno (colectivo soberanista Asamblea de Andalucía), Mayte Quintanilla (Humanistas por la Renta Basica Universal), Francisco Sierra (RED TRANSFORM de la UE), Juanlu González (Frente Antiimperialista Internacionlalista) y Txema Sánchez (Frente Antiimperialista Internacionlalista), todes elles de España, quienes participaron junto con Atilio Borón en una Tertulia organizada por el Frente Antiimperialista Internacionalista: «Renta Básica Incondicional: Caminos y Rupturas postcapitalistas» el 20 de junio de 2020.
[9] Ejemplo de esto es el debate entre Izquierda Unida, Podemos y la izquierda que no forma parte de la coalición de gobierno español respecto de la Renta Básica Universal.
[10] Estas perspectivas no son nuevas, se pueden encontrar en Paul Lafargue, en Ivan Illich e incluso en el primer Benjamín Coriat del “Taller y el cronómetro”.
[11] Ya no dentro de la izquierda, pero sí como desarrollo concreto de las teorías del decrecimiento, en 1972, el Club de Roma le encarga un estudio al MIT (Meadows et al, 1972), en el cual se concluye que no es posible un crecimiento infinito en un mundo de recursos finitos. Este enfoque, sostenido sobre los estudios del economista rumano Gergescu-Roegen (1975), plantea la ley de la entropía de la termodinámica para analizar el proceso económico. Las derivas teóricas de este paradigma se recogen con énfasis en la actualidad. La premio Nóbel Olstrom (2011), considera que limitar el crecimiento es posible con la creación de instituciones comunales que preserven los bienes comunes. Otro ejemplo es Jackson (2011) quien propone una economía sin crecimiento para un planeta finito.
