Fotografía referencial de archivo
por NELSON VIVEROS LAGOS
FNES Fundación Nueva Educación y Sociedad
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. De allí que la figura del soldado de la Marina con su pie y fusil, apoyados sobre una persona que yace inerme, de bruces en el pavimento, con las manos esposadas a su espalda, al ser “sorprendido” sin su permiso de circulación, el martes 13 de abril en Valparaíso, impactó poderosamente en Chile y fuera del país.
Constituye otra brutal evidencia que trata sobre el extendido juicio ciudadano respecto a las aberrantes políticas que se han estado adoptando en educación por el desacreditado y deslegitimado gobierno de Piñera, como lo fue entre las últimas la reciente firma del Ministro de Educación, de un convenio con la Armada, para que ésta se encargue de establecer los contenidos curriculares en educación ciudadana y derechos humanos de los alumnos de octavo año básico a cuarto año medio, no obstante su tenebroso historial de atropellos y crímenes que cometieron contra las personas y la civilidad cuando se instaló la dictadura cívico militar.
La conducta de las actuales autoridades del MINEDUC no es nueva, sino que sigue una larga línea iniciada en 1973 y que la Sra. Marcela Cubillos profundizó cuando ocupó el cargo de ministra de Educación, posición que también ejercieron personeros del almirantazgo, luego del sangriento golpe de Estado, en cuya planificación y puesta en práctica a su padre, Hernán Cubillos Sallato, ex oficial de la marina, le cupo funciones de primer orden, como miembro de la organización secreta «Cofradía Náutica del Pacífico Austral«, en que participaban José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Roberto Kelly, Agustín Edwards Eastman, otros civiles y altos oficiales militares.
Necesario es recordar que en el “cueteo” de cargos del primer gabinete de Pinochet, la Marina reclamó y se hizo cargo por años de la cartera de Educación, que ejerció con mano de hierro. Miles de profesores, funcionarios, académicos, destacados pedagogos y especialistas del ámbito educacional fueron encarcelados y perdieron sus empleos. Otro gran número de estudiantes y docentes fueron asesinados, tras haber sido secuestrados y sometidos a salvajes torturas en cuarteles y embarcaciones de la Armada. El sistema de espionaje y delación instalado por los almirantes operó en todo el país.
Las instituciones educativas, laboriosamente construidas a lo largo de décadas republicanas con ingentes esfuerzos intelectuales y técnicos fueron disueltas. Así desapareció la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, señera en América Latina. Lo mismo ocurrió con gabinetes técnicos de distintas instancias educacionales, generadores de investigaciones e iniciativas pedagógicas de gran nivel; decenas de liceos y colegios de investigación y experimentación educacional del sistema público nacional, aportadores de prolíficas y creativas actividades de los distintos ámbitos de la actividad educativa. Igual destino le cupo al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, formador de profesores de gran excelencia pedagógica. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Educacionales, CPEIP, logró sobrevivir pero sin actividad relevante, luego de perder a sus mejores investigadores y especialistas del quehacer y el planeamiento educacional.
Todas estas acciones se orientaban a crear un férreo control ideológico y policíaco militar, que se atemperó al inicio de la tibia transición democrática, pero que fue reflotado por la ministra Cubillos y continuado hasta ahora por su ex subsecretario, el hoy ministro Figueroa, tal como lo evidencia el citado convenio suscrito con la Armada; su tácito auspicio del sistema de soplonaje y represión organizado por el alcalde Alessandri de Santiago, con alumnos, apoderados y profesores de algunos colegios emblemáticos; el impulso a la privatización de la educación parvularia; la perseverancia en la destrucción de la educación pública; el descontrol de la JUNAEB y de sus ingentes recursos que deberían ser utilizados al servicio de la población escolar; todo lo cual ha sido acompañado de un fuerte control y represión del magisterio, asistentes de la educación, funcionarios del Ministerio y de las otras instituciones públicas del Sector; el sofocamiento financiero, de personal, de recursos e infraestructura del aparato estatal de la educación.
El fuerte control ideológico y policíaco militar de los primeros momentos, se reflota por la ministra Cubillos, dado su trasfondo cultural parental, que es luego continuado por su ex subsecretario, el hoy ministro Raúl Figueroa, como lo evidencia el citado convenio con la Armada, el sistema de soplonaje organizado por el alcalde Alessandri de Santiago al amparo de la ley de Aula Segura para amedrentar y reprimir a alumnos, apoderados y profesores de colegios emblemáticos, el impulso a la privatización de la educación parvularia, el abandono de la educación pública, el descontrol de la JUNAEB y de sus ingentes recursos destinados a la población escolar, el fuerte control burocrático de profesores, funcionarios y docentes del ministerio y de otras instituciones públicas del Sector, el desprecio a justas y urgentes demandas del magisterio.
La conducta del ministro Figueroa tampoco es de extrañar. Hijo de un alto miembro de los gabinetes de Pinochet, su padre, abogado como él, fue subsecretario en varias carteras y finalmente designado ministro de ODEPLAN por el dictador. Así no debe extrañar y pertinaz comportamiento, a contrapelo de toda consideración humana, sanitaria y pedagógica, de tratar de imponer el retorno a clases presenciales de estudiantes, personal docente y asistentes de la educación inicial y escolar, con el agravante de no asegurar las indispensables medidas de equipamiento, higiene y prevenciones, que exigen las actuales condiciones de pandemia. Tampoco su negativa a cursar los procesos de retiro de cientos de docentes en edad de jubilar que aspiran poner punto final al duro agobio docente, acrecentado por la pandemia.
Estas actitudes nos recuerdan el peor período de la dictadura –en consonancia con el endurecimiento de un Piñera cada vez más rechazado por el pueblo y las instituciones el país, como lo acaba de evidenciar la reciente decisión del Tribunal Constitucional y el 9% de apoyo ciudadano que dice respaldarlo –el más bajo de algún gobernante en toda la historia del país- el nombramientode Patricio Melero como ministro de Trabajo y Previsión Social- que retoman el errado camino de generar decretos y otros instrumentos administrativos, como lo fueron en su momento el de la falsa “desmunicipalización”, la deficiente ley de “Educación Superior y Gratuidad”, la anémica ley de “Inclusión Escolar” y las regresivas leyes de “(J)Aula Segura” y el proyecto “Sala Cuna Universal” y “Subvención del Nivel Medio”, entre otras, que han reafirmado el modelo y la arquitectura educativa heredada de la dictadura, profundizada desde 1990.
Esta situación se exacerba por autoridades ministeriales -que en esencia no son distintas a las que les precedieron-, pero que exhiben una mayor insensibilidad e ineficiencia, una extrema ideologización ultraconservadora, una gobernanza agudamente autoritaria, todo lo cual contribuye a profundizar los conflictos en un sistema rechazado por la mayoría de la población, que demanda cambios sustantivos a lo largo del país desde la rebelión popular, iniciada el 18 de octubre de 2019.
En este contexto, el convenio del Ministerio de Educación con la Marina constituye una provocación, teniendo en cuenta el rol que juega la educación en toda sociedad, al constituir uno de los instrumentos principales que legitima y reproduce el modelo económico socio-cultural imperante que, en el caso de Chile, fue impuesto brutalmente en 1973, lo cual contribuye a profundizar su carácter histórico como “ámbito de conflictos”[1], en medio de un proceso destinado a reemplazar la constitución heredada de ese régimen ilegítimo, para un cambio de rumbo, sentido y contenidos, a fin de avanzar a una verdadera democratización de nuestra sociedad.
La irrelevancia impuesta al MINEDUC y los organismos estatales del Sector
En concordancia con el rol subsidiario del Estado y de la primacía del mercado en la Sociedad, garantizados por la Constitución del 80,el accionar del Ministerio de Educación –al que por ley le corresponde un papel “rector” en la educación- se tornó irrelevante por el arrebato de sus funciones y tareas esenciales y la insuficiente dotación de personal y recursos, diseminados en variados organismos creados en las últimas décadas con similar ineficiencia y descoordinación institucional.
Este desgaje estructural del MINEDUC originó un severo daño no solo a su integridad sino además a su consistencia, unidad y coherencia institucional, imponiéndole incapacidad operativa que le inhabilita cumplir hasta sus funciones más menores.
Lo anteriormente expuesto, se colige al examinar la definición de los propósitos y normas orgánicas de los nuevos organismos creados, a los cuales no se les proveen facultades y medios necesarios para cumplir sus supuestos fines, roles, funciones y tareas principales: la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad, los Servicios Locales de Educación Pública, la Dirección de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Subsecretaría de Educación Superior y otras unidades claves aún dependientes del MINEDUC carecen de los recursos y del personal necesario para cumplir sus labores, especialmente en las críticas funciones de supervisión, control y fiscalización.
Las leyes que les dan origen establecen plantas de personal claramente insuficientes, en las cuales predominan l@s contratad@s a honorarios o a plazo fijo (a “contrata”), lo que les precariza laboralmente, agudizado por facultades otorgadas para que puedan contratar personas naturales o jurídicas para cumplir funciones que son propias y supuestamente indelegables del Estado.
Este personal condicionado, contratado en base a honorarios o con la modalidad de renovación anual, difícilmente puede cumplir con estricta probidad y celo -como las normas exigen-, sus tareas destinadas a garantizar la fe pública, puesto que cada fin de año se producen habituales olas de despidos de este personal “legalmente” desprotegido.
En la definición de las nuevas instituciones y de los radicales cambios impuestos en el MINEDUC y en otros organismos históricos y destacados de la educación del país, como JUNJI, JUNAEB, CONICYT, CPEIP o en la disolución de otros, se desechó la opinión de sus beneficiarios, así como la experiencia, saberes institucionales acumulados y las capacidades técnicas de su personal, despreciando la dedicación y el compromiso de su personal, también las ideas y aportes de sus organizaciones sociales representativas.
- La destrucción de los sentidos profundos de la educación nacional.
Los valores del actual modelo centrados en el lucro, que trata a la educación como otro bien de consumo transable en el mercado, como lo aseveró públicamente Piñera, se establecieron como principios fundantes y centrales de las normas legales vigentes, orientadores de lo simbólico, cultural y de los códigos en uso en el propio quehacer educativo y en los órganos estatales del Sector, dañando la confiabilidad pública de una de las funciones sociales más delicadas de la Sociedad. Su resultado: la ocurrencia de fraudes como las quiebras de universidades privadas, el cierre de colegios públicos y empobrecimiento agudo de los pocos que continuaron.
La arquitectura institucional de los organismos educacionales es ajena a una cultura de valores humanistas, libertarios y democráticos, de justicia social, igualdad, fraternidad y solidaridad, e interrumpió el devenir republicano de nuestro imperfecto país, en constante debate y búsqueda de mejoras que posibilitaran un desarrollo nacional a escala humana y social, en sintonía con el medio ambiente.
Lejos quedó el precioso postulado republicano de “la educación como preocupación preferente del Estado” y la clara y categórica afirmación en favor de un “Estado Docente”, que ubicaron a la Educación Chilena como una de las más destacadas de América Latina.
En el proceso de involución y retrocesos de los sentidos y contenidos de las políticas públicas en educación y en la destrucción y cambio de los organismos del sector se fue generando una negación de la realidad del país, despreciativa de la complejidades de nuestra sociedad, que contiene la expresión de variadas particularidades e idiosincrasias que han ido entrelazando una pluralidad de características humanas, sociales, étnicas, culturales, geográficas, económicas, para concluir imponiendo la visión de la pequeña elite gobernante, endogámica, centralista y excluyente, que se empeña en clausurar un período acumulativo de un gran acervo histórico. Si bien este proceso integrador no estuvo libre de contradicciones, pero si exhibió persistencia, continuidad especialmente desde pos Segunda Guerra Mundial. Pero para esta torpe, estrecha y sesgada óptica que se apodera violentamente del poder, Chile es un territorio único y homogéneo, desconoce la rica diversidad de su población y sus variadas comunidades regionales y locales, no valora el aporte de distintos arribos de inmigrantes, que desde el siglo XIX llegan en forma significativa al país esperanzados en otorgarles una nueva continuidad a sus vidas.
El reduccionismo de esta mirada antropológica que se impone violentamente, propicia el ejercicio autoritario del poder, la burocratización, el utilitarismo, la desvalorización y el empobrecimiento de las instituciones del Estado, estimula su opacidad, creando condiciones propicias para el mal uso de los recursos públicos, justifica las reducciones presupuestarias de uso social, atizando la frustración, la repulsa ciudadana, la desconfianza sobre el rol del Estado y de la función pública. En buenas cuentas, tiende a ampliar y profundizar la privatización, a legitimar y extender las instituciones del mercado en la Educación y en la Sociedad, creando las condiciones propicias para un floreciente negocio para los privados.
Esto es lo que nos hace pensar en la necesidad de un profundo cambio en la educación, como parte de una transformación estratégica de nuestra sociedad.
NELSON VIVEROS LAGOS
FNES, ABRIL DE 2021
[1] Ver “La Educación como ámbito histórico de conflictos”, José M. Neira C., en www.fnes.cl.
