Durante las masivas manifestaciones tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, un grupo de Carabineros de civil tuvo como objetivo infiltrarse en las marchas, y, al margen de la ley, conformaron un equipo de «cazadores» inspirados en una serie israelí de Netflix. En este reportaje revelamos quienes son y su funcionamiento.
Por Josefa Barraza.
El 10 de diciembre del 2019, Francisco Hernández fue seguido y detenido por un equipo «Intra Marchas», siendo el primer condenado del Estallido Social. Sin embargo, durante los interrogatorios del juicio del Hotel Principado, Juan Bórquez, funcionario del OS-9 de Carabineros, reveló la existencia de un grupo denominado; “Patrulla de Cazadores”, quienes habrían realizado seguimientos y detenciones durante la Revuelta Social. Este medio tuvo acceso exclusivo a un audio que confirma la existencia de este grupo armado, quienes tenían como misión “cazar manifestantes”, trabajando fuera del marco de la ley.
Francisco Hernández (21) observa con resignación el exterior de su módulo desde una diminuta ventanilla, mientras trata de acostumbrarse al intenso dolor en su pierna derecha, por una fractura sin tratamiento. Hace siete meses fue declarado culpable y condenado a cinco años de presidio efectivo por lanzamiento de bombas molotov; acusación de la que dice ser inocente al igual que su familia, quienes luchan actualmente por evitar su traslado al Centro Penitenciario de Cumplimiento de Colina.
-El Fran solo iba a manifestarse, jamás tiró o portó una bomba molotov. Él es inocente (…) Aquí hubo carabineros infiltrados y lo culparon de algo que no hizo. Necesitaban culpar a alguien-, comienza relatando Johanna Hernández, prima de Francisco, quien recuerda una vez más el día que su primo “regalón” fue detenido.
Tarde del 10 de diciembre del 2019, y Francisco se dirigía a Plaza Dignidad para participar de las manifestaciones, a las que asistió desde el inicio del Estallido Social. Estuvo un rato en los alrededores del Parque Bustamante, y al ver que estaba anocheciendo, decidió volver a casa. Sabía que por los desvíos del tránsito, debía caminar para tomar la micro que lo llevaría al sector de Bahía Catalina en La Florida.
Pero, mientras caminaba por la intersección de calle Portugal con Curicó, el estruendo de un frenazo lo alertó. Creía que sería víctima de un asalto. Desde una camioneta blanca modelo Fiorino, descendieron siete hombres vestidos de civil (aproximadamente), los que empezaron a forcejear con Francisco, quien hasta ese instante desconocía que eran carabineros. Lo golpearon con puños y patadas, para luego subirlo de forma violenta al vehículo, en tanto las personas que presenciaron la escena trataron de ayudarlo, pero en cuestión de segundos, la camioneta de patente LDLW67, desapareció velozmente.
La detención fue parte de un procedimiento policial del OS-9 de Carabineros, específicamente de un equipo «Intra Marchas»; agentes encubiertos que se infiltran en manifestaciones con el objetivo de realizar seguimientos y detenciones.
Según el parte policial del 11 de diciembre del 2019 -al que este medio tuvo acceso exclusivo-, los funcionarios que estuvieron a cargo de la detención de Hernández fueron el suboficial Manuel Gutiérrez, sargento segundo Rodrigo Leiva, sargento segundo Marco Jiménez y el cabo primero Ernesto González; todos funcionarios del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9).
“Mi jefatura me ha ordenado a concurrir en el vehículo comando placa patente LDLW67, acompañado del sargento segundo Juan Ortega Muñoz, cabo segundo Erick Astete y el sargento segundo Rodrigo Leiva, a los servicios policiales de orden y seguridad, orientados en la prevención”, afirmó en su declaración Manuel Gutiérrez Brown. No obstante, lo anterior, demostraría que en la detención de Hernández participaron más funcionarios que los mencionados en el parte policial.
En cuanto a la constatación de lesiones, Francisco resultó con diversas heridas y hematomas en los dedos de sus manos, producto de un pisotón y un corte en su nariz, desmintiendo la versión de Gutiérrez, sobre que solo ocuparon la fuerza necesaria para subirlo al vehículo.
Pero, durante la investigación surgió el nombre de otro funcionario OS-9, quien lideró el equipo de trabajo que ejecutó el seguimiento: El teniente Pablo Cabezas; reconocido jefe de equipo «Intra Marchas», involucrado en casos emblemáticos como Hotel Principado y la detención de Nicolás Ríos en el Cerro Santa Lucía.
Registro de la detención de Nicolás Ríos, noche del 10 de enero 2020, por parte del grupo de «Cazadores»:
«(En Parque Bustamante) Observé que en su mano derecha mantenía esta molotov, la que siendo las 19:17 horas, el sujeto lanzó este elemento incendiario, hacia un vehículo policial color verde, que pertenecía a la sección de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. De lo anterior procedí a dejar registro fílmico”, se lee en la declaración del teniente Cabezas ante el OS-9.
Además, confirma que la coordinación con el suboficial Gutiérrez para realizar la detención fue mediante WhatsApp y no por la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), lo que revelaría un sistema de comunicación paralelo utilizado por Carabineros durante el Estallido Social.
Para el abogado de Hernández, Lorenzo Morales, los casos de Francisco y de Nicolás Ríos poseen grandes similitudes: En primer lugar ambos jóvenes fueron grabados y seguidos por Pablo Cabezas; están acusados por lanzamiento de bombas molotov, y en tercer lugar fueron detenidos por Manuel Gutiérrez Brown y su comando, quienes son reconocidos por realizar detenciones violentas.
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-Desde el caso de Nicolás Ríos, que fue el más público, el actuar policial está fuera de los cánones legales, en donde carabineros extralimitan su facultad autónoma; no tienen autorización judicial o instrucción de un fiscal tomándose la atribución de filmar y condenar a una persona. En el caso de Francisco, esas filmaciones son de baja calidad, conducen a error y graban a una persona que tenía su apariencia y que incluso no tenía ni los tatuajes que tiene Francisco-, explica Morales.
Además, agrega que Francisco en el juicio tuvo que aclarar que él no había confeccionado ninguna bomba molotov, ya que, las imágenes obtenidas por el OS-9, mostraban a una persona sin tatuajes en sus dedos, siendo que él los tiene tatuados desde hace seis años y que su prueba de hidrocarburos resultó negativa.
A pesar de ello, el 02 de septiembre del 2020, Hernández fue sentenciado a cinco años de presidio efectivo por lanzamiento de cinco bombas molotov, convirtiéndose en el primer condenado del Estallido Social.
-Según antecedentes del caso y de otros más, Pablo Cabezas para no levantar sospechas en sus seguimientos, se “hacía” amigo de los jóvenes que luego iba a seguir y detener-, comenta una fuente cercana a la investigación y quien solicitó resguardar su identidad.
Pero, para Lorenzo Morales hay otra arista preocupante que conecta los casos de Francisco Hernández con el emblemático Hotel Principado, y es la existencia de un personal de Carabineros que hasta la fecha no había sido revelado y el que se denomina “Patrulla de Cazadores”.
-La conexión se debe a que los nombres de quienes integran esta patrulla se repiten en las investigaciones, la metodología y el modus operandi. Y finalmente con un aspecto que es fundamental que es con infracción de ley-, revela Morales.
Los cazadores
El 19 de febrero del 2021 inició el juicio en contra de Jesús Zenteno, Benjamín Espinoza y Matías Rojas, acusados de incendiar y lanzar bombas molotov al Hotel Principado, estación Baquedano y una faena de construcción. Fueron seguidos desde el 12 de noviembre al 14 de noviembre del 2019 por un equipo «Intra Marchas», liderado por David Gaete, teniente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).
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Pero, en abril y durante el interrogatorio del sargento segundo del OS-9, Juan Bórquez -quien participó en el seguimiento-, reveló la existencia de la Patrulla de Cazadores, la que ejecutó funciones durante la Revuelta Social.
Esta no es la primera vez que el nombre de Bórquez es mencionado en una investigación, ya que, fue uno de los funcionarios que siguió y grabó a Francisco Hernández, al igual que el teniente Pablo Cabezas.
Este medio tuvo acceso exclusivo a los audios de su interrogación, quien es interpelado por Rodrigo Román, abogado defensor de Jesús Zenteno. En la grabación se escucha lo siguiente:
Román: Señor Bórquez, ¿usted no dijo hace un rato la expresión “Patrulla de Cazadores”?
Bórquez: Sí…
Román: Sí, ¿qué?
Bórquez: Si, dije “Patrulla de Cazadores”, y después dije patrulla de servicio…
Román: ¿Qué es lo que es una “Patrulla de Cazadores”?
Bórquez: Una patrulla de servicio. Aquí en el departamento se le llama cazadores, pero es una patrulla de servicio
Román: Pero, ¿por qué ese nombre? ¿Es por qué salen a cazar?
Bórquez: Lo desconozco…
Una fuente cercana a la investigación, y a quien se le resguardará su nombre, sostiene que la intención de esta Patrulla de Cazadores es salir a “cazar” manifestantes, y que el nombre no pertenece ni a un departamento ni una unidad de Carabineros, sino que, más bien es un nombre creado desde la informalidad, y con decisiones autónomas.
-Yo diría que es un grupo armado que trabaja fuera del marco de la ley, y que estarían inspirados en una serie de Netflix, particularmente en cómo funciona la policía israelí respecto a la disidencia palestina, específicamente la serie que se llama “Fauda”. Sus procedimientos los hacen de forma autónoma sin la dirección exclusiva por parte del Ministerio Público, que es lo que corresponde. Aparentemente son parte de la conformación de los grupos «Intra Marchas»-, explica Rodrigo Román.
Sin embargo, en el transcurso del juicio del Hotel Principado se confirmó que en el seguimiento y aprehensión trabajaron 15 funcionarios del OS-9 y siete de la Dipolcar. Para Román este dato es alarmante, ya que, en un principio todo indicaba que esta patrulla estaría integrada solo por funcionarios del OS-9, pero, luego quedó al descubierto que el OS-9 trabajó en conjunto con la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), puesto que, Juan Bórquez es un funcionario del OS-9, mientras que David Gaete, quien realizó el seguimiento, pertenece a la Dipolcar, demostrando una coordinación previa.
-Este ya no es un caso de flagrancia, sino que la policía salió a buscar esos casos. Fueron aproximadamente 15 carabineros del OS-9 en esta patrulla, más 7 de la Dipolcar, que se coordinaron de forma autónoma, sin la dirección específica del Ministerio Público, lo que corresponde en un Estado de derecho. Ellos quisieron hacernos creer que justo se toparon fotografiando al mismo sujeto, lo que no es así-, explica el abogado de Jesús Zenteno.
Durante los alegatos de clausura del juicio, tanto Lorenzo Morales como Román, hicieron énfasis en la gravedad de la existencia de esta Patrulla de Cazadores. Morales en su alegato del 14 de abril, manifestó que la policía chilena dio a conocer en enero del 2020 (caso Nicolás Ríos), que actuaba bajo un nuevo logo, lo que Bórquez llamó “Patrulla de Cazadores”, y en la que participaba.
Mientras que Rodrigo Román expuso que “en primer lugar la disposición de esta Patrulla de Cazadores de salir a cazar fuera del marco de la ley, lo hizo de forma autónoma y esa autonomía no está justificada por las normas procesales penales (…) primero planificarse para salir a cazar gente, luego realizar grabaciones sin las autorizaciones judiciales, tampoco con la instrucción de un fiscal”, expuso Román en los alegatos del 15 de abril.
Según el artículo 80 del Código Procesal Penal, la actuación de la policía queda sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces.
-«No sé si la justicia tenga interés de investigar esto (…) pero podría asegurar que esta patrulla ha trabajado en casos como los de Nicolás Ríos, Francisco Hernández, Alejandro Carvajal (Universidad Pedro de Valdivia), Matías Rojas, Benjamín Espinoza, Jesús Zenteno, y entre tantos más»-, dice Lorenzo Morales para finalizar.
Actualmente, Francisco Hernández está en espera de revisión de condena, mientras su defensa lucha para que no sea trasladado al Centro Penitenciario de Colina; Nicolás Ríos sigue en espera de su juicio y se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total. En tanto, Matías Rojas, Benjamín Espinoza y Jesús Zenteno, fueron absueltos del incendio del Hotel Principado, pero condenados por lanzamiento de bombas molotov. Están en espera de la lectura de su sentencia. Continúan privados de libertad en Santiago Uno.
