Radio del Mar
No es casual la persecución y hostigamiento judicial histórico en Wallmapu, que se materializan -por un lado- en la figura del abogado defensor de Pradenas, Gaspar Antonio Calderón, quien fue abogado de los uniformados de operación Huracán, defendió al asesino de Matías Catrileo y ahora defiende a este último acusado y denunciado por abusos sexuales y violación por diversas mujeres
Por: Antonia Piña, Daniela Gumucio y Gabriela Cabaña
Investigadoras del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH)
“El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
y nuestro castigo
es la violencia que no ves”
Las Tesis
Estas semanas, frente al silencio ensordecedor que tenía sumida a una gran parte de la población nacional, irrumpieron las cacerolas volviendo a inundar las calles de descontento social. Fue un eco que nos recuerda que hace tan solo 5 meses, y sin mascarillas, este gobierno escandalizaba al mundo con cientos de manifestantes con heridas oculares y miles de encarcelamientos debido a la represión del movimiento social (2.500 presos políticos, en su mayoría jóvenes). Vimos cómo se promulgaban leyes en tiempo récord, absolutamente contrarias a la movilización social, como la ley antiencapuchados y la ley anti barricadas, criminalizando el legítimo derecho ciudadano a expresar su descontento. Mientras los sectores de derecha y de la pseudo izquierda institucional parecían cómodos en “la mesa de la cocina” decidiendo cómo estancar el movimiento social, con acuerdos express sin consultas ciudadanas y sin pudor de carecer de al menos una mínima representatividad.
Desbordando todo aquello, se inició y profundizó un proceso de debate colectivo de carácter emancipador, refundando nombres de plazas y desacralizando monumentos de próceres como muestra de un inédito ejercicio de deconstrucción de la memoria colonial; sosteniendo firmemente la bandera mapuche, no sólo como expresión de apoyo a su lucha sino como símbolo integrador. Las Tesis aportaron el tempo y también la coreografía del abuso, el de la sistematización histórica de la violencia hacia las mujeres, encarnada en sus cuerpos y corazones, presas en un sistema de dominación patriarcal capitalista global. Una performance que recorrió el mundo entero y en cada comunidad se detuvo; encarnandose en las lenguas, formas, luchas y cuerpas, para expresarse colectivamente y volver a atravesar montañas y mares, en nuevas direcciones.
Ahora bien, los cambios producidos por la pandemia han significado para muchas estar en primera fila en una de las tragedias más desgarradoras de los últimos años. Y en los últimos días, millones de personas (la gran mayoría mujeres), aquellas que viven en esa precarización de la vida que les hizo salir a las calles a marchar en octubre, se vieron abandonadas y obligadas a salir al contagio, sin redes de apoyo ni políticas públicas que las, los y les protegieran. Otra vez la clase política les dio la espalda. De pronto, esa institucionalidad que llegaba a acuerdos, no podían llegar a consensos ni lanzar una sola medida de apoyo real para sostener una ciudadanía totalmente vulnerable y necesitada.
Entonces nos encontramos con contradicciones aberrantes: dentro de las pocas iniciativas en las que se busca aportar de manera eficiente a solventar necesidades básicas como el proyecto del Posnatal de emergencia (propuesta para paliar las dificultades de miles de mujeres que perdían sus empleos o les rebotaban las licencias) y el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Nos encontramos con irrisorios debates sobre inconstitucionalidad, más del primero que del segundo. Un negacionismo que, nuevamente, termina al ritmo de las cacerolas y las tesis.
Y es que tras meses de letargo, esta semana se retomaron con fuerza los cacerolazos, que convergen por distintos motivos: uno expresando el apoyo masivo al proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP, y otro donde miles de mujeres desplegadas en todo Chile —las mismas que han parado cientos de ollas comunes y fueron la vanguardia vigorosa de la revuelta a comienzos de marzo de este año— salieron a protestar. El motivo fue una oscura noticia en la Araucanía: la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de rechazar la petición de prisión preventiva de Martín Pradenas, violador de Antonia Barra, joven que el pasado octubre decidió suicidarse sin poder sobrellevar la carga de ese terrible hecho, convirtiendo una vez más, en himno y profecía la frase “el patriarcado es un juez”. Estos dos eventos, presentados como inconexos en los medios de comunicación, expresan un mismo origen y revelan el entramado de poder neocolonial abusivo y poderoso, que la institucionalidad (poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo) defienden vigorosamente, a saber: que hay una clase que es la dominante, una raza que es la superior y un género que norma y que domina.
No es casual, por ejemplo, el amparo institucional e impunidad en casos de violación a los derechos humanos y los casos de abusos y corrupción por parte de carabineros: aún estamos esperando la lista de uniformados que por ley el General Rozas debe entregar a la justicia, que fueron parte del enfrentamiento que dio como consecuencia, la perdida de los ojos de Gustavo Gatica. No es casual la persecución y hostigamiento judicial histórico en Wallmapu, que se materializan -por un lado- en la figura del abogado defensor de Pradenas, Gaspar Antonio Calderón, quien fue abogado de los uniformados de operación Huracán, defendió al asesino de Matías Catrileo y ahora defiende a este último acusado y denunciado por abusos sexuales y violación por diversas mujeres (algunas menores de edad). Por otro lado, el mismo Juzgado de Garantía de Temuco (que se niega a juzgar a Pradenas) mantuvo durante meses encarcelada a la Machi Francisca Linconao sin razón jurídica alguna y sin pruebas. No es casualidad, que el juzgado, a pesar de la evidencia en contra de Pradenas, sostuviera que los testimonios de las mujeres eran inconsistentes y que, al no haber antepuesto una denuncia oficial, estos habían prescrito. El próximo 25 de agosto se cumplirán 4 años del asesinato de la dirigenta medioambiental Macarena Valdés, quien aún espera justicia. No es casual que una mujer mapuche, con la convicción de la defensa de su tierra y la certeza de la autodeterminación de su pueblo, perdiera su vida en un país que quiere a toda costa, vendernos azarosas casualidades, como tampoco es casual que a 81 días de iniciada la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova, el gobierno se siga negando a atender la situación que se ha tornado de extrema gravedad en la salud de la autoridad espiritual.
Estos eventos son sólo la punta de un iceberg más profundo. El disciplinamiento del cuerpo femenino es parte de una estructura de opresión más amplia que hace posible nuestro sistema capitalista en su vertiente neoliberal. La sujeción de las mujeres a normas de comportamiento “adecuado”, que hacen la sexualidad sospechosa y a las mujeres en última instancia culpable de los ataques que sufren, tiene como contracara el ideal dócil y sumiso de la feminidad. El patriarcado relega a la mujer a lo doméstico en un rol de sumisión al hombre que “se gana el pan” y a quien le debe su lealtad y obediencia, incluida la permanente disponibilidad sexual. Esto invisibiliza totalmente las labores de cuidado que sostienen la vida —entre atención de niñes y adultes mayores, limpieza y mantención de lo doméstico— y que aparecen como naturalizadas y opacadas por las actividades masculinas como las que producen valor. Esta dominación establece simultáneamente una jerarquía racial: los cuerpos marcados como “otros” (en nuestra sociedad, los pueblos originarios y ciertos grupos migrantes) se relegan también a esta categoría de inferioridad que los hace supuestamente predispuestos al servicio a un rol secundario o a lo más decorativo dentro de las discusiones políticas importantes. Esto hace que el reconocimiento a estas subjetividades se haga pidiendo a cambio una mutilación: la de negar cualquier alteridad que desafíe por ejemplo la soberanía del estado chileno, o que insista en las deudas históricas de justicia que tantos siglos llevamos arrastrando.
Sin duda, la pandemia y el confinamiento han significado para muchas y muches darse el espacio y el tiempo para atar cabos sueltos históricos —esos que nadie nos enseñó a unir—, a encarar reflexiones que van más allá de la abrumadora contingencia, incentivando la sospecha de aquella apariencia inconexa de algunos fenómenos sociales que transmiten las noticias por televisión. Es el patriarcado operando al desnudo, criminalizando al pueblo mapuche, criminalizando la expresión popular en las calles, es la misma estructura completa, son los mismos tribunales, los mismos fiscales y defensores; son las mismas instituciones que ejercen violencia de género contra las mujeres, las que amparan a violadores de los derechos humanos, las que atentan contra el pueblo Mapuche, las que solo ante la presión social cambian la medida cautelar de Martin Pradenas, pues en primera instancia no fue considerado un peligro para la sociedad. Atando cabos podemos ver la red completa, por eso en las calles no se dejará de escuchar fuerte que el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer.
