Comisión de la Verdad identifica ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual en protestas de octubre 2019, el Estado «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión».
Quito –
La Comisión para la Verdad y Justicia que integró la Defensoría del Pueblo alista sus conclusiones sobre las protestas de octubre del 2019 y en ellas se responsabilizaría al Estado de «violentar gravemente» los derechos humanos.
En un documento borrador -al que tuvo acceso este Diario- se detallan las conclusiones y el análisis respecto de esas manifestaciones, encabezadas por el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación de los combustibles que dispuso el presidente Lenín Moreno.
Una de las primeras observaciones que se hacen es que el Estado «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos».
Además, que el Gobierno tuvo un discurso en el que posicionó «una interpretación hegemónica de la realidad y justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia».
«Lo sucedido en octubre de 2019 no puede verse como abusos o excesos aislados por parte de la fuerza pública ya que se han vulnerado los derechos humanos a la vida e integridad personal», señala el informe borrador, y se agrega que la Comisión pudo observar que los agentes de la fuerza pública «actuaron reiterando conductas violentas entre el 3 y el 16 de octubre y causaron serios, y en algunos casos irreversibles, daños en la población civil».
Esta instancia, integrada por cuatro comisionados: Sybel Martínez, Xavier Zavala, Juan Carlos Solines y Juan Cueva, había recibido 519 testimonios, de los que 249 revelaron vulneraciones a derechos humanos. A su vez, 188 son de miembros de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas. Se menciona que 26 funcionarios públicos, entre estos de la Fiscalía General, «no actuaron en el marco de sus competencias».
También registraron 123 casos relacionados con violaciones al derecho a la integridad personal, 38 al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados al derecho a la vida, 3 violencias sexuales y 20 lesiones oculares.
Aún no se ha informado en qué fecha se divulgará el informe final de esta Comisión, pero se destaca que el objetivo es establecer un «estándar para la no repetición de estos hechos». (I)
