La conocida cadena de tiendas de ropa Dijon, anunció este domingo, el cierre de sus sucursales a nivel nacional, de forma definitiva. Sigue aumentado las cifras de desempleo en plena pandemia.
La Izquierda Diario
Lunes 24 de agosto
La multitienda nacional Dijon, anunció este domingo, el cierre de todas sus sucursales de forma definitiva. Según en el comunicado emitido por la empresa, señala que: «Desde hoy Dijon cierra sus puertas para siempre. Nos quedamos con los miles de recuerdos de todo este tiempo con ustedes. De cada tenida que llevaron puesto, de cada testimonio que compartimos juntos a todos los trabajadores a lo largo del país ¡Gracias!», detalló la empresa a través de su sitio web.
En un segundo comunicado, la gerencia general de la compañía AD Retail, que controla a la cadena de tiendas, explicó que «puso término definitivo a las operaciones comerciales de Dijon con el cierre de sus últimas cuatro tiendas. Esta decisión fue parte de un proceso ordenado de cierre que se inició en el mes de enero de este año, luego de no encontrar un modelo de negocios adecuado que diera sustentabilidad en el tiempo al negocio de venta de vestuario».
Cabe recordar además, que en febrero de este año, AD Retail, que también controla ABCDin, redujo en un 15 por ciento su fuerza laboral, lo que se traduce en el despido de 600 personas en todo Chile, para evitar la quiebra.
Ya que según la empresa, posterior al estallido social, se redujo considerablemente el flujo de caja, lo que según ellos le impidió la factibilidad de pagos con gigantes del sector tecnológico.
No podemos permitir que la crisis la sigan pagando las y los trabajadores, cuando los grandes empresarios en mitad de esta pandemia siguen llenándose los bolsillos y el gobierno ha hecho de todo para garantizar sus ganancias, como vimos con la ley de suspensión del empleo (que son despidos encubiertos), y que fue aprobada desde la UDI hasta Partido Comunista.
Hay que avanzar a la prohibición total de los despidos y con carácter retroactivo, y a su vez a garantizar un salario de emergencia igual a la canasta básica familiar para trabajadores informales o cesantes, financiado con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país.
Estas son medidas básicas que deben ser parte de un programa de conjunto que plantee que la crisis la paguen los grandes empresarios, integrando entre otros aspectos la renacionalización del cobre y de los recursos naturales, bajo gestión de sus trabajadores y comunidades para financiar todas las urgentes necesidades de las mayorías trabajadoras y populares.
