CIPER
En Chile, la víctima de violencia de género tarda hasta siete años en denunciar a su agresor. El sistema judicial no reconoce lo difícil que es dar ese paso y la obliga a peregrinar entre instituciones y funcionarios que a veces actúan con indolencia. La autora de esta columna propone un proceso breve e idóneo para “sobrevivientes de violencia de género”, que tenga énfasis en la protección de la vida y “no en el resguardo de lo familiar”.
Durante las últimas semanas, el Ministerio de la Mujer ha dado a conocer una serie de mecanismos para realizar denuncias por violencia de género en contextos de cuarentena. Todos ellos, sin embargo, significan un peregrinaje de la víctima en búsqueda de una real protección que le permita vivir sin el miedo a ser violentada nuevamente. Si bien las restricciones impuestas por la Pandemia limitan el derecho a la libertad de tránsito y pueden explicar que las denuncias por delitos de violencia de género hayan disminuido con respecto al año pasado[1], esta crisis sanitaria dejará en evidencia las dificultades que enfrentan quienes se atreven a denunciar a sus agresores frente a un sistema judicial que no las acoge con la celeridad requerida.
Los problemas que enfrentan las víctimas son resultado, en primer lugar, de la inexistencia de regulación específica sobre violencia en contra de las mujeres.
El peregrinaje de las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia en tiempos de COVID-19
