por Virginie Prégny.
Gauche Révolutionnaire, CIT en Francia.
Los primeros casos de Covid-19 aparecieron en Francia, a finales de enero, pero el gobierno esperó hasta marzo para tomar la epidemia en serio, después de que ya había sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo.
La semana anterior, mientras la epidemia se extendía rápidamente, el Presidente Emmanuel Macron fue filmado yendo al teatro con su esposa y diciendo: «La vida continúa. No hay razón, excepto para las personas vulnerables, para cambiar nuestros hábitos de salir». En el mismo sentido, el Ministerio de Educación excluyó firmemente el cierre de escuelas, y el nuevo Ministro de Salud explicó que no servía de nada hacer pruebas a todo el mundo y que las máscaras no eran necesarias.
Ahora, Macron ha declarado al país «en guerra» en su discurso televisivo, cuando anunció la cuarentena, ya que el gobierno ha estado tratando de ponerse al día con su flagrante mala gestión de la crisis. El número de muertos ha superado la marca de 10.000 y los científicos dicen que probablemente no se ha alcanzado todavía el peak, pero los servicios de salud y los hospitales ya están desbordados. El retraso en la adopción de medidas serias para hacer frente a la epidemia, a saber, la generalización de las pruebas y la distribución de mascarillas, ha empeorado la crisis. Sobre todo, la crisis pone de manifiesto cómo décadas de ataques neoliberales han hecho estragos en sectores clave como la salud, la educación, la distribución y la investigación. La privatización y la mercantilización de los servicios esenciales, dirigidas por la codicia capitalista, han debilitado la capacidad del Estado para reaccionar en situaciones de emergencia.
Un «golpe de Estado sanitario»!
Los intereses de clase están siendo crudamente expuestos ya que el gobierno ha declarado un «estado de emergencia sanitaria». A través de un conjunto de ordenanzas (que permiten al gobierno prescindir del consentimiento del parlamento), han demostrado que están más preocupados por la salud de los capitalistas que por la de los trabajadores. Por un lado, están abrumados por la situación, pero por otro lado, aprovechan la crisis de manera oportunista para imponer su programa capitalista. La mayoría de las medidas están destinadas a minimizar las consecuencias económicas negativas para los patrones. Por ejemplo, el Estado pagará el 60% de la indemnización por desempleo parcial (entre el 84% y el 100% del salario de un empleado), lo que significa que los salarios de los trabajadores serán pagados principalmente por los impuestos de los trabajadores. Se supone que estas medidas evitarán que los patrones realicen enormes despidos.
Las pequeñas empresas podrán aplazar sus facturas (alquiler, energía, condiciones de los préstamos), y tendrán un acceso más fácil a los préstamos; si no pueden pagar, lo hará el Estado. Y la guinda del pastel es que los derechos laborales han sido severamente atacados. A los jefes se les permite ahora obligar a los empleados a tomar sus vacaciones (aunque no puedan ir a ninguna parte), así que no podrán tomarlas cuando termine la cuarentena. En los sectores considerados esenciales, los empleados pueden ser obligados a trabajar hasta 60 horas semanales, en comparación con las 48 horas anteriores a la crisis de Covid. El tiempo reglamentario entre turnos se ha reducido de 11 a 9 horas…
