DECLARACIÓN PÚBLICA
SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS EN CHILE FRENTE AL COVID-19
La actual situación que vive Chile y las erráticas acciones emprendidas por el Gobierno de Sebastián Piñera frente a la pandemia del Covid-19 ponen de manifiesto la necesidad de contar con una Nueva Constitución y de poner fin al sistema neoliberal imperante, en donde el capital tiene mayor importancia que la salud de las personas.
El Proceso Constituyente en curso no puede paralizarse en estas circunstancias, y así lo ha demostrado el pueblo de Chile al sostener los llamados responsables a acciones virtuales y movilizaciones desde las casas, como los cacerolazos de los últimos días, en respeto de las medidas de seguridad y aislamiento social tomadas voluntariamente por la población a falta de medidas acertadas por parte del Gobierno.
Luego de cinco meses de la inédita e inquebrantable protesta del pueblo chileno, y a pesar de la fuerte represión, la movilización se ve interrumpida con la llegada al país del flagelo de Covid-19, que está azotando al mundo entero, siendo Chile uno de los países de la Región más afectado y quedando nuevamente demostrado cómo el modelo capitalista opera en contra del bienestar, protección de las mayorías y garantizar los derechos humanos para toda la población sin discriminación. Se ha puesto en evidencia la carencia de las instituciones en su conjunto para enfrentar esta crisis sanitaria, socioeconómica y humanitaria.
En estas circunstancias el Gobierno de Sebastián Piñera ha evitado aplicar medidas de protección para el pueblo, tanto en el área de salud como en el aspecto económico, en una evidente estrategia para no afectar los intereses del empresariado. A lo que se suma que el sistema de salud vigente, ya colapsado, no tiene la capacidad para atender un aumento exponencial de pacientes y que la mayoría de la población no tiene los recursos económicos para costear atención médica, tratamiento, ni su propio sustento frente a la situación de falta de ingresos.
La experiencia acumulada de China y la Unión Europea ha demostrado de forma suficiente que es imprescindible establecer el aislamiento social como mecanismo más efectivo para evitar la propagación del virus, pero al mismo tiempo, estos y otros países, han venido aplicando medidas económicas para proteger a la clase trabajadora. Regulación de precios en Argentina; prohibición de despidos y pago de sueldos en El Salvador y Venezuela, subsidios a las familias más vulnerables en El Salvador; reducción en el costo de energía eléctrica en Panamá; además de la medida temprana de cuarentena generalizada.
Por el contrario, en Chile estamos siendo testigos de la desprotección de los más vulnerables: de la clase trabajadora que no puede optar por quedarse en cuarentena, de los usuarios del transporte público que siguen viajando hacinados, del dictamen de la Dirección del Trabajo que deja a trabajadores/as desprotegidos frente a la pandemia, de empresas que cierran o dejan de pagar salarios, de la acumulación de las deudas de servicios básicos, del aumento de precios de los planes de las Isapres (sistema de salud privado) o de productos básicos en la canasta de alimentación de las familias en medio de la pandemia.
Esta realidad se combina con un conjunto de medidas en materia de salud contradictorias, erráticas y tardías que no han hecho sino agravar la situación. Asistimos a una escalada exponencial del contagio como consecuencia de medidas tomadas sólo después de llegar a 100 personas con el virus, pero también a una creciente preocupación por la situación de vulneración y violencia a la que puedan estar expuestas mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores producto de las medidas de cuarentena sin protección asociada.
Especial consternación genera la situación de la Región de La Araucanía, donde habita un importante porcentaje de población originaria mapuche, figurando en segundo lugar de casos nuevos y casos totales, y en primer lugar en número de fallecidos a la fecha. Es incomprensible que sin estar entre las regiones más pobladas se presenten estos índices, sobre todo tomando en consideración que se trata de la región más empobrecida del país y con las mayores deficiencias en acceso al agua. En ese sentido, es urgente que se tomen medidas adecuadas, con pertinencia cultural, y que sean acordadas con los pueblos originarios que habitan el territorio.
De suma gravedad también es la situación de los presos políticos del estallido social, entre ellos mujeres, niños y niñas, que sin haber sido condenados se encuentran privados de su libertad y ante el riesgo inminente de crisis sanitaria en los recintos penitenciarios, se les está negado, por vías muy cuestionables, medidas cautelares para ser cumplidas en sus casas, impidiendo descongestionar la ya complicada situación carcelaria del país.
Las cifras de Chile proporcionalmente son una vergüenza y cada día son presentadas como un éxito. Por su parte, los medios de comunicación respaldan la estrategia gubernamental y evidentemente restringen el espacio a opiniones críticas y de participación de la propia ciudadanía.
En ese contexto, ante la gravedad de la situación, y frente a las consecuencias previsibles y trágicas de la extensión de la pandemia en Chile, más que nunca el Proceso Constituyente debe seguir en marcha impulsado por la ciudadanía con el fin de cambiar un modelo sustentado en la economía y los intereses del capital por uno que esté centrado en el ser humano, su salud, su bienestar y sus derechos humanos.
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad
Capítulo Chile (REDH-Chile)
Santiago de Chile, 02 de abril de 2020.
ADHIEREN A LA PRESENTE DECLARACIÓN:
Centro de Formación Memoria y Futuro.
Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Fundación Constituyente XXI.
Werken Rojo.
Foro por la Asamblea Constituyente.
Biblioteca Popular Pedro Mariqueo, Población La Victoria.
Alejandro Goic, actor y director de teatro.
Andrea Andreu, música y cantautora.
Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Claudia Iriarte, doctora en derecho y académica.
Claudia Letelier, docente y presidenta del Sindicato de Docentes Universidad Austral de Chile.
Claudia Pascual, antropóloga y ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Claudio Tapia, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
David Azán, músico y cantautor.
Ernesto Anacona, actor, miembro de CHILEACTORES Y SIDARTE.
Esteban Silva, sociólogo, vocero Chile mejor sin TLC.
Eugenio Llona, poeta.
Fernando Pairican, historiador.
Florencia Lagos, actriz.
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile.
Héctor Pujols, Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
Iván Pincheira, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Iván Torres Apablaza, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Javiera Olivares, académica Universidad de Chile.
Jimena Carrasco, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Jorge Arrate, político e intelectual.
José Miguel Márquez, músico, integrante de Illapu.
Juan Ayala, músico.
Juan Carlos Gómez Leyton, académico y PHD en ciencia política.
Juan Andrés Lagos, encargado de relaciones políticas del Partido Comunista de Chile.
Karla Díaz Martínez, abogada.
Karlin Granadillo, economista.
Kemy Oyarzún, docente Universidad de Chile y Presidenta Asociación Académicos U. de Chile.
Luna Débora Grandón, académica Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Malucha Pinto, directora de teatro y actriz.
Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).
Manuel Rodríguez, ex diputado y ex presidente FEC.
Marcelo Coulon, músico e integrante de Inti Illimani.
Nathalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas.
Omar Sagredo, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Pablo Sepúlveda Allende, médico.
Paula Vidal, académica Universidad de Chile.
Paulo Albornoz, músico.
Patricio Guzmán, economista.
Pablo Zúñiga, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Roberto Márquez, fundador y director de Illapu.
Rodrigo Gangas, académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Rodrigo Loyola, vicepresidente Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos.
Sergio Grez Toro, historiador y docente Universidad de Chile.
Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT.
