El acuerdo político se firmó después de 4 semanas de manifestaciones en que participaron millones de personas disconformes con la situación de sus derechos. Grandes marchas, cabildos de opinión, y violencia en las ciudades fueron hechos diarios que presionaron a los políticos de gobierno y oposición.
En el acuerdo que califican histórico se unieron desde fascistas hasta políticos jóvenes exdirigentes de luchas estudiantiles.
Unas pocas agrupaciones no se plegaron a la firma.
Los partidos participantes aceptan como principio que una constitución debe ser de todos y la mayoría debe respetar los intereses de la minoría.
Indirectamente que proyectos de sociedad opuestos a lo establecido no deben imponer su eventual mayoría sino transar su programa.
Para asegurar el objetivo de hacer un texto para todos los constituyentes, que se dice que tendrán una hoja en blanco para decidir, estarán obligados a dar por aprobadas las presentaciones solo si tienen dos tercios de los votos.
Se ha dicho que lo rechazado se podrá hacer mediante leyes pero nadie parece creerlo; los grandes propietarios saben el porqué de los dos tercios.
El trabajo de redacción lo harán militantes o independientes cercanos a los partidos a pesar de su fuerte reprobación ciudadana. Los asambleístas se elegirán según la ley de elecciones parlamentarias que hace prácticamente imposible la llegada al congreso a independientes, dirigentes sociales, y prohíbe la de sindicalistas.
Firmado el compromiso los grandes empresarios se mostraron muy satisfechos y los valores en la bolsa de comercio tuvieron una alza histórica. Es probable que los puntos más importantes para dar seguridad al sistema de poder existente ya hayan sido comprometidos por directivas de partidos.
El poder real en Chile reside en los grandes empresarios internos y externos, en Estados Unidos y las fuerzas armadas.
El presidente Piñera, y el aparato político en general, fue parte a través de la OEA y la dependencia de Washington del golpe de estado que derribó a Evo Morales en Bolivia.
Durante las conversaciones constitucionales hubo sostenidos anuncios de una amenaza de intervención militar y muchos la entendieron perfectamente posible.
Los chilenos como gran parte de la población mundial tienen un modo de vida que ha sido decidido por los capitalistas y lo aceptan. Un gran número de personas demanda mejoramientos dentro de ese modelo pese a que la pobreza, desigualdad, publicidad consumista, manipulación informativa, depredación del medioambiente, bajos sueldos y pensiones, baja calidad en salud, educación… es resultado de sus intereses.
Ningún partido ha presentado a la sociedad una alternativa aunque se sabe que es necesaria porque el productivismo es insostenible.
Antes que centrarse en la discusión constitucional como la cúpula a través de sus medios quiere lo importante es abrir una conversación en todo el país para llegar concordar un proceso de cambio de modo de vida y pasar a una sociedad democrática, sostenible, planificada, ecológica, ideológicamente nueva.
La presión social histórica vivida pudo lograr mejorías reformistas sin legitimar una constitución de la dominación de los grandes empresarios que resultará de la nueva redacción.
Es importante que la movilización social y su debate continúe, la Mesa de Unidad Social tiene la responsabilidad de no ceder.
Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.
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