LE MONDE DIPOMATIQUE, MAYO 2019
por Plataforma Chile Mejor sin TLC
Luego de un decidido y amplio proceso de movilización, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Transpacífico, más conocido como el TPP-11.
Sin embargo, la oposición fue inédita y la surgida del movimiento social llevó a una expresión parlamentaria que hasta ahora había sido más bien acrítica respecto a este tipo de proyectos. El surgimiento de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, hace algunos años, llevó luego a la constatación de que había un problema basal en todos los TLC, no solo en éste, por lo que esta coalición extendió su accionar y se rebautizó como Chile Mejor sin TLC.
En relación al TPP-11, ha sido un amplio y diverso coro social el que se ha expresado en todo el país en repudio a este tratado. Al momento de la escritura de este artículo, el Tratado espera por el inicio de su discusión en el Senado. Hagamos historia: es el único tratado comercial de la historia de la Humanidad que fue negociado con una cláusula explícita de confidencialidad, a la que no tuvieron acceso las fuerzas políticas de los países, pero sí agentes transnacionales.
Hasta hace pocos años, lo único que se sabía del tratado era una filtración de Wikileaks que resultó ser precisa y que demostró cuál era el tema de fondo: si se hubiera discutido a la luz del día de las instituciones democráticas, su contenido difícilmente hubiera sido el que terminó siendo y que ha generado tantas resistencias en el movimiento social chileno. Para que este tipo de tratados se concreten se requiere de la menor discusión posible. Es por eso que el gobierno le puso suma urgencia el 15 de enero, siguiendo la insana costumbre de los Ejecutivos de nuestro país de poner en tabla los proyectos más controversiales justo cuando el país está más o menos de vacaciones. No alcanzaron sin embargo a despacharlo y a la vuelta se les apareció marzo, con todas las resistencias conocidas. Recordemos que el TPP-11 incluía originalmente a Estados Unidos, pero su retiro dio lugar a una crisis que fue superada con el liderazgo de gobiernos como el anterior de Chile y que se tradujo en el mismo tratado, con 20 cláusulas suspendidas que pueden implementarse cuando los gobiernos firmantes así lo consensuen.
Curiosamente, nuestras autoridades tradujeron la palabra “progressive” que se refiere a que el tratado se implementará gradual y sistemáticamente, es decir, progresivo, por el erróneo “progresista”, es decir, portadora de ideas políticas de avanzada. Pero el TPP-11 no tiene nada que ver con eso.
¿Qué ha quedado demostrado hasta ahora? Primero, que los capítulos que supuestamente promueven derechos de las personas son cáscaras vacías, es decir, están llenas de buenas intenciones pero no contienen ningún compromiso vinculante; segundo: que el capítulo de Trabajo solo tiene estándares laborales mínimos, como reconoció textualmente el director de la Direcon en su comparecencia a la Comisión respectiva; tercero, que producirá un crecimiento marginal en la macroeconomía chilena, por lo tanto no podemos hablar de beneficios desde una perspectiva de país; cuarto, que generará una comisión que cada cinco años revisará la legislación de los países y podrá obligar a cambios para adaptarlas a las normativas del TPP-11, con lo cual el Parlamento, de aprobar, podría votar extrañamente a favor de reducir sus propias atribuciones. Ha habido además extensos y fundados cuestionamientos a sus efectos en las políticas de semillas y medicamentos.
Como ya se sabe, Chile tiene TLC con todos los suscriptores del TPP-11. Entonces ¿cuál es el sentido de este Tratado de Libre Comercio si no modifica las condiciones del comercio entre ambos?
Ya lo sabemos: los TLC tratan sobre mucho más que comercio. Estamos en realidad hablando de tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas que en las últimas décadas han estado en mano de los Estados, especialmente los servicios públicos: provisión de servicios básicos, educación, salud, sistema de pensiones, correo, telecomunicaciones, transporte en general, etc. Esas actividades han pasado gradualmente a manos privadas sobre la base de que sólo “Estados modernos”, pequeños, ágiles y eficientes, atraerán las inversiones a nuestros territorios. Entonces, al igual que el ALCA hace más de 10 años, los nuevos TLC son la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países.
Los Tratados vienen a cristalizar el rol del sector privado en nuestras actividades productivas y sociales cotidianas, plasmando a los ciudadanos como meros “consumidores” o “usuarios”, sin derechos. Esto se realiza a través de los llamados “temas regulatorios” o “temas asociados al comercio” como Servicios, Contratación Pública, Telecomunicaciones, Inversiones, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, entre otros. Varios de estos temas fueron incorporados en las agendas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, a partir de la presión de las empresas transnacionales más poderosas de los EEUU (como la industria de Hollywood, las grandes farmacéuticas y las empresas de servicios).
En ese mismo periodo estos temas fueron agregados a los Tratados de Libre Comercio negociados por EEUU como el NAFTA, y posteriormente a la propuesta del ALCA. Hoy aparecen nuevamente en Tratados como el TPP-11. La inclusión de estos temas ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil durante los últimos 25 años, justamente porque implica privilegios de propiedad para las empresas transnacionales y los inversores extranjeros, cuyos derechos se convierten de hecho en el nuevo estándar para la legislación, mientras se socava la posibilidad de aplicación de los derechos humanos, disposiciones que pasan a ser soft law, o ley blanda frente a los derechos privados. Mediante este tipo de tratados, las empresas pueden demandar a los Estados en los tribunales de arbitraje internacional, mientras que los Estados sólo pueden llevar a una empresa por violación de derechos humanos o medioambientales a los propios tribunales nacionales, que luego son acusados de parciales y poco objetivos. Diversos casos de demandas de empresas contra Estados han generado grandes debates internacionales, ya que muestran justamente lo desigual entre los derechos de ambos (1).
¿Temas “modernos” de los TLC o cáscaras vacías? Además de los temas de los años noventa, en este tratado también se incorporaron algunos temas más novedosos, lo cual hace que los TLC más recientes sean presentados como “marcos regulatorios modernos”. Pero estos capítulos son solamente cáscaras vacías, es decir que no son operativos, no plantean objetivos específicos ni cronogramas de trabajo, así como tampoco estipulan obligación alguna para que los Estados realicen políticas específicas que vayan de acuerdo a estos capítulos. Otro TLC sin debate ni estudios de impacto Por último, vemos que se sigue repitiendo el modus operandi de todos los TLC de la región: un nuevo proceso de ratificación a espaldas de la ciudadanía y sin estudios de impacto que acrediten la necesidad de este Tratado. Sobre esto ya había alertado el propio Congreso chileno que ahora aprobó el TPP-11.
La bancada de diputados de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, presentó un proyecto de acuerdo que fue aprobado por amplia mayoría el día 2 de agosto del año pasado, donde se “solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus modificaciones”.
Este pedido de los diputados, sin precedentes en Chile y podríamos aseverar en toda la región, se realizó en nuestro país, que es el que ha firmado la mayor cantidad de tratados a nivel global, por lo cual ya se señalaba la existencia de un malestar en sectores políticos y sociales sobre los efectos que estos TLC han tenido sobre el país desde su entrada en vigencia.
Estos hechos nos señalan dos elementos clave: 1) la falta de transparencia en la discusión de un TLC (2) que, como señalamos, tiene impactos directos sobre la capacidad de regulación de los Estados en una gran cantidad de materias; 2) el reclamo creciente acerca de la necesidad de que no se adopten estos TLC sin los estudios de impacto previos pertinentes que muestren los efectos sobre un amplio abanico de sectores sociales y económicos, así como sin consulta previa y de carácter vinculante a las comunidades afectadas. En un contexto de fuerte incertidumbre global, la estrategia de firma de TLC debería al menos ser puesta en cuestión, y rediscutirse a la luz de evidencias empíricas tras 25 años de TLC a nivel global, y con claros impactos en los países. En definitiva, no se puede seguir firmando tratados que privilegian los derechos de las corporaciones por sobre los derechos sociales.
- Por ejemplo, los casos de Chevron vs. Ecuador, Metalclad vs. México o Suez vs. Argentina. Ver todos los casos en: www.isds-latinamerica.org
- https://chilemejorsintlc.cl/senador-juan-ignaciolatorre-con-los-tlcs-hay-una-perdida-de-soberaniadel-estado-respecto-a-las-empresas-transnacionales/
