Entre el años 2014 y 2015, informes de Derechos humanos señalaban que en el marco de los conflictos bélicos en 40 años, iban cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos, un poco más de 5,9 millones de personas desplazadas y 218.000 muertos. Entre los desplazados se encuentran más de un millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y 6% de sus poblaciones.

Varios de los referentes bélicos de Colombia, han establecido mesas de diálogo para la paz, sin embargo, las principales víctimas del conflicto bélico: campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan viviendo la violencia estructural, sus opiniones no han sido consideradas, son vedadas, así como sus representantes (autoridades ancestrales , dirigencia organizacional – territoriales); sin que se les garantice un derecho humanitario ante tantos años de masacres, genocidios, desplazamientos forzosos; y el actual avasallamiento de industrias extractivas como mineras y petroleras.

En este marco de violencia, continúan los asesinatos de líderes y dirigentes sociales, donde el actual Presidente Duque, no asume sus responsabilidades políticas sobre este escenario de terror y muerte que se sigue manteniendo, bajo ningún acto del gobierno que busque revertirlo.

Mientras Iván Duque Márquez, continúa consolidando su sometimiento al poder político y empresarial del actual gobierno de Estados Unidos, siendo parte de campañas internacionales para supuestas “democratizaciones” en otros países, en Colombia, continúan las masacres a representantes de organizaciones y comunidades de diversos territorios, bajo el amparo, silencio, omisión, complicidad y ejecución del propio estado.

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