El pasado 7 de junio el Gobierno del derechista Mauricio Macri firmó el anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Éste supone el préstamo de 50.000 millones de dólares al Gobierno argentino a cambio de llevar acabo un nuevo plan de ajuste que amenaza con asestar un terrible golpe a la clase trabajadora y los sectores populares.
La llegada al Gobierno de Macri, en diciembre de 2015, vino acompañada de una batería de ataques contra el pueblo en todos los ámbitos: tarifazos brutales con subidas de un 700% del precio de la luz; despido de decenas de miles de empleados públicos; hundimiento de los salarios ante una inflación desbocada; medidas a favor de los torturadores de la dictadura, represión, y un largo etcétera.
Pero esta política tuvo que hacer frente, desde el primer día, a una intensísima respuesta social en las calles como no se veía desde el argentinazo de 2001. El propio día de la toma de posesión de Macri comenzaron las movilizaciones de masas en su contra y, en realidad, raro ha sido el mes en el que, desde entonces hasta hoy, no hayan acontecido huelgas o manifestaciones masivas contra el Gobierno.
Macri tenía una agenda muy clara al acceder al poder: garantizar que la desaceleración económica no afectara a las ganancias de la oligarquía argentina. Lograrlo implicaba que fuera la clase trabajadora quien soportara el peso de la crisis. Este objetivo fue sobradamente cumplido a través de un recorte salvaje del gasto social, que fue acompañado de masivas reducciones impositivas a los empresarios. El acto más descarado de esta política fue el robo de 5.000 millones de dólares a los jubilados (cuya inmensa mayoría vive por debajo del umbral de la pobreza) y la condonación de exactamente esa cantidad en impuestos a los capitalistas.
Pero Macri, claro, no se presentó a las elecciones con ese programa. Sus promesas, dirigidas a las clases medias, incluían la reducción de la inflación, la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza, la revalorización del peso, creación de empleo, etc.
Su auténtico programa ha sido puesto en marcha con decisión y sus promesas públicas se han estrellado con la realidad: una inflación que llega al 30%, una devaluación del peso en relación al dólar del 60% en estos momentos (la segunda mayor del mundo, tras Venezuela), Mauricio Macri investigado por evasión impositiva, decenas de miles de trabajadores despedidos y el poder adquisitivo de los salarios equivalente a la mitad del que tenían en 1974….esa es la Argentina que está dejando tras de sí la política antiobrera del Gobierno.
Crisis y rescate
Las medidas económicas dirigidas a enriquecer a la oligarquía generaron contradicciones irresolubles. La devaluación de la moneda, llevada a cabo para abaratar las exportaciones de los terratenientes argentinos, estimuló también la endémica fuga ilegal de capitales, ya que la devaluación provoca a la vez la pérdida del valor de los pesos que los capitalistas acumulan, en relación al dólar. En este contexto asistimos en las últimas semanas a una auténtica avalancha de venta de pesos por dólares, depreciando aún más la moneda argentina.
El Gobierno trató de hacer frente a esto mediante la venta de dólares por parte del Banco Central y a través de la subida de tipos de interés, para hacer atractivo el peso, nada menos que del 27% al 40%. Nada de esto funcionó.
Ante la evidencia de que la depreciación no se detendría, -lo que, entre otras cosas encarece la deuda externa (que fue contraída en dólares)- el Gobierno Macri recurrió a solicitar un “rescate” al Fondo Monetario Internacional.
Nuevo plan de ajuste contra los trabajadores
El contenido del acuerdo con la institución dirigida por Christine Lagarde tardó en conocerse. Las contrapartidas exigidas por el FMI a cambio del préstamo de 50.000 millones de dólares fueron conscientemente ocultadas para evitar un nuevo estallido social. No obstante, ya se han ido haciendo públicas las líneas generales.
Este préstamo, no será usado para garantizar subsidios de desempleo para los desempleados, ni para resolver los enormes problemas de la sanidad argentina, ni para modernizar sus obsoletos medios de transporte. Una vez más el préstamo terminará en manos de los especuladores que comprarán deuda pública a precios exorbitantes. El rescate sólo servirá para comprar pesos en un vano intento por revalorizar la moneda y en devolver préstamos anteriores, enriqueciendo a los especuladores. Pero a cambio, el Gobierno argentino implementará un nuevo ajuste que, de llevarse a cabo con éxito, hundirá aun más las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos.
Macri se ha comprometido con el FMI a reducir el déficit primario, del -3,2% previsto para este año al 0% en 2020 y lograr un superávit del 0,5% al año siguiente. Esto significa una reducción del gasto de cerca de 20.000 millones de dólares hasta el 2021.
Los acuerdos van poco a poco saliendo a la luz y son escalofriantes. Entre ellos destacan:
-Nuevos tarifazos para aumentar los precios de la luz y el trasporte.
-Recorte de hasta un 74% en 2020 de las transferencias a las provincias, lo que supondrá el despido masivo de funcionarios.
-Paralización de obras públicas e inversiones en –las ya muy maltrechas-infraestructuras del país.
-Venta de acciones en manos del estado.
-Recorte del presupuesto de empresas estatales (como aerolíneas argentinas).
-Nuevo recorte en las pensiones.
La respuesta de las masas
El acuerdo con el FMI se produce en un contexto muy desfavorable para el Gobierno. Si bien la respuesta a sus ataques no ha cesado en ningún momento, la correlación de fuerzas fue inclinándose a uno y otro lado en distintos momentos desde 2015. Si en octubre de 2017 el macrismo ganaba las elecciones, tan sólo dos meses después se enfrentó al mayor movimiento de masas, con la rebelión de los pensionistas. Este levantamiento supuso un salto cualitativo en la situación. Si el Gobierno no cayó desde entonces fue debido al apoyo en la práctica de amplios sectores del peronismo y a la paz social impuesta por la burocracia sindical. Pero ya nada sería igual después de entonces. La popularidad de Macri está definitivamente dañada y el “rescate” acordado con el FMI amenaza con terminar de hundirlo.
La proximidad de las elecciones presidenciales ha despertado de su larga siesta a los dirigentes sindicales peronistas. Pero desde luego no al nivel, ni mucho menos, que exige la situación. El anuncio del acuerdo con el FMI provocó la amenaza de huelga por parte de la CGT, que fue rápidamente desactivada cuando el Gobierno ofreció diálogo. Una vez conocido el contenido salvaje del acuerdo con el Fondo, la dirección de la CGT, presionada por abajo, se ha visto obligada a convocar huelga general para el 25 de junio…pero, increíblemente llaman a un paro SIN MANIFESTACIONES!.
No obstante, la presión es tal que otros sindicatos (las dos CTAs, los camioneros, docentes, etc.) ya han realizado paros o están proponiendo huelgas de 48 e incluso 72 horas.
El nuevo plan de ajuste que prepara el Gobierno va a ser aplicado sobre un pueblo ya tremendamente empobrecido por 3 años de política neoliberal salvaje. Frenar su aplicación y tumbar a Macri es una necesidad perentoria para las masas argentinas. Y disposición a la lucha existe sobradamente como hemos visto en las maravillosas movilizaciones que los trabajadores y el pueblo han protagonizado en los últimos años y que hemos vuelto a ver estos días con la impresionante lucha en las calles de las mujeres a favor de la legalización del aborto.
El único obstáculo que en estos momentos encuentra el movimiento para parar los ataques y derribar a la derecha es el papel jugado por las burocracias sindicales. Construir una organización revolucionaria de masas, que, con paciencia, claridad y una actitud compañera y militante, logre ganar para sus filas a los cientos de miles de trabajadores y jóvenes que hoy tienen ilusiones en el kirchnerismo, es la tarea más urgente.
