La crisis del régimen del 78 se agudiza después de que la Audiencia Nacional hiciera públicas las durísimas condenas contra los implicados en esta trama de corrupción institucional, y señala directamente al PP como responsable político de la misma. Ni más ni menos que 351 años de cárcel para 29 de los 37 acusados. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 33 años de prisión, Francisco Correa, supuesto líder de la trama, a 51 años y a Pablo Crespo le caen 37 años.
La Audiencia considera acreditado además, que el Partido Popular tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, y que disponía de una “Caja B” consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989.”
El fondo del asunto
Es significativa la dureza de estas condenas en relación con otros casos similares. Pero conviene no dejarse engañar por las apariencias y comprender el fondo de lo que aquí se ventila. La crisis del régimen del 78, desencadenada por la gran movilización social de estos años, se ha manifestado en muchos terrenos. La pérdida de credibilidad de la monarquía y del parlamentarismo, el derrumbe del bipartidismo y la decadencia de la socialdemocracia, la irrupción de Podemos… En el caso de la justicia, su descrédito creciente alimentado por el escandaloso juicio de la Manada, ha provocado manifestaciones de masas y una indignación social pocas veces vista. La sentencia de la trama Gürtel pretende recuperar crédito para un sistema judicial muy tocado, y cuenta con el visto bueno de sectores decisivos de la clase dominante.
La gravedad del momento y la inestabilidad crónica que domina la situación política, se retroalimentan gracias al PP, un partido que ve como su apoyo social se reduce dramáticamente, que por su debilidad parlamentaria es incapaz de llevar más lejos la agenda neoliberal y de recortes que la burguesía le está exigiendo, y que se enfrenta a una oleada de movilizaciones que se amplía cada día. La implicación del PP en una corrupción sistémica podía sortearse con mayor o menor fortuna en otros momentos. Pero ahora las cosas han llegado a un límite. Que en sólo un mes se haya producido la dimisión de Cristina Cifuentes, la detención de Eduardo Zaplana, y ahora estalle la sentencia del caso Gürtel, genera una atmósfera irrespirable.
Los acontecimientos confirman que amplios sectores de la burguesía y el gran capital entienden que ha llegado la hora de dejar caer al PP y buscar un recambio político. Necesitan oxígeno y captar un mayor respaldo social para una opción que, en lo esencial, siga haciendo la misma política. Esa es la razón del apoyo descarado desde los medios de comunicación del sistema a Albert Rivera y Ciudadanos. Pero en esta operación necesitan también el concurso de Pedro Sánchez y el PSOE, que tantos y tan buenos servicios ha prestado siempre al régimen del 78, y cuyo papel ha sido clave para aplicar el 155 y afianzar la ofensiva del nacionalismo españolista contra el legítimo derecho a decidir del pueblo de Catalunya.
La moción de censura y las elecciones anticipadas
El PSOE ha registrado una moción de censura en el Parlamento, una opción a la que se ha negado durante toda la legislatura, pero que toma ahora ante lo insostenible de la situación. Obviamente la presión que esta decisión ha colocado sobre Ciudadanos, ha empujado al partido de Rivera a exigir a Rajoy la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.
La clase dominante está optando por la solución más favorable a sus intereses. Presentar a los dos grandes partidos que han sostenido al PP en el gobierno, como pilares del Estado “en este momento de emergencia nacional”, y pilotar la convocatoria de nuevas elecciones apaciguando la ira de la población y evitar así movilizaciones en las calles, es su apuesta. Esta opción también permitiría a la burguesía colocarse en las mejores condiciones para arropar a Albert Rivera e intentar, en este lapso de tiempo, una operación cosmética de renovación interna del PP. Si Rajoy se enroca e intenta una resistencia numantina, sólo ayudará a un mayor hundimiento del PP. La crisis en sus filas se va a agudizar inevitablemente, y la OPA hostil de Albert Rivera puede tener mucho mayor eco esta vez, facilitando la fuga de miles de sus militantes y cargos públicos a las listas de Ciudadanos.
El giro brusco de la situación es un reflejo de la crisis del régimen capitalista español. Echar al PP del gobierno es una necesidad. Pero los queremos fuera para que se acabe definitivamente con la pesadilla que han supuesto sus políticas. Por esta razón, la actitud de los dirigentes de Unidos Podemos, extendiendo un cheque en blanco al PSOE y poniendo a “disposición de Pedro Sánchez los escaños de UP para que la moción triunfe”, tal como se han apresurado a plantear sus portavoces, es un error.
Subordinarse a Pedro Sánchez sabemos a dónde conduce. Ya hemos visto lo que da de sí la política del secretario general del PSOE. En los asuntos decisivos, se ha fundido con las posiciones más derechistas y reaccionarias, y ha sido un sostén claro de Rajoy en momentos críticos. No se puede descartar, ni mucho menos, que en las próximas semanas se alcance un acuerdo táctico entre Ciudadanos y el PSOE, que incluso cristalice en un futuro gobierno de coalición entre ambas formaciones tras unas elecciones anticipadas.
Apoyar críticamente la moción de censura contra el PP presentada por el PSOE sí, pero marcando las distancias con sus políticas y definiendo unas exigencias claras. Lo que se necesita ahora es expulsar del gobierno al PP mediante la movilización, la huelga general y la protesta generalizada.
La responsabilidad del momento señala directamente a Pablo Iglesias, a Alberto Garzón, y a los sindicatos mayoritarios. Hay que salir de esta crisis llamando a la clase trabajadora, a la juventud, al movimiento feminista, a los pensionistas, al pueblo de Catalunya, a unir nuestras fuerzas en una gran rebelión de dignidad en las calles, que organice la huelga general para barrer al PP, y hacerlo con un programa claro:
- • Dimisión inmediata del gobierno.
- • Basta de recortes. Derecho a la sanidad pública digna, gratuita y universal. Fuera la LOMCE, gratuidad de la enseñanza pública desde infantil hasta la universidad.
- • Derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones. Jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud.
- • Salario mínimo de 1.100 euros y 35 horas semanales sin reducción salarial.
- • Prohibición por ley de los desahucios. Parque de vivienda pública con alquileres sociales.
- • Plenos derechos democráticos de expresión, reunión y organización. Derogación de la Ley Mordaza.
- • ¡Abajo el 155! Fuera la legislación represiva, libertad presos políticos. Por el derecho a decidir del pueblo de Catalunya, Euskal Herria y Galiza
