Por la defensa de una genuina educación pública y democrática
Pedro Albornoz
Socialismo Revolucionario.
Todo el debate sobre la educación pública en Chile, que se ha dado a partir de las movilizaciones estudiantiles los últimos años; ha planteado sólo la punta del iceberg de un problema que es más global y que comprende no solo el ámbito económico de la educación, sino también el rol que le cabe a las universidades estatales en el desarrollo político y cultural de la sociedad.
Más allá del financiamiento de la educación, deberíamos abordar el que enseñamos; el cómo y para que educamos. El rol de la educación superior debiera ser no solo formar profesionales y técnicos competentes, si no que ciudadanos críticos con participación política deliberante en los procesos de transformación que requiere la sociedad.
Las políticas neoliberales implementadas a fuego bajo la dictadura y legitimadas bajo la transición; han permeado todos los niveles de la sociedad. La privatización en todas las áreas de la vida económica, ha implicado también una destrucción de lo público en el ámbito social y cultural. La mercantilización de la vida ha llevado al predominio de lo individual por sobre lo colectivo, al predominio del consumidor alienado por sobre el ciudadano políticamente deliberante.
Hemos llegado al punto en que se ha privatizado la política, como lo han demostrado los numerosos escándalos de corrupción a parlamentarios por parte de los grandes grupos económicos; o el desfalco de recursos públicos en instituciones militares y de carabineros. Todo esta situación explica el enorme descrédito de los partidos tradicionales y la profunda crisis de legitimidad de las instituciones entre la población; características inherentes del nuevo e inestable período político que vivimos.
En este contexto, el rol de las universidades públicas debiera ser fundamental para aportar a la reflexión crítica sobre los desafíos que enfrentamos como país, formando personas integrales capaces de aportar a la organización y deliberación política de la sociedad.
En relación a lo anterior, hace pocos días se ha divulgado un reportaje que ejemplifica muy bien las consecuencias que las políticas neoliberales han tenido en el sistema educativo. A través de la experiencia de la Universidad de Talca, se evidencia como la lógica de mercado ha destruido el rol público de las universidades supuestamente estatales. Aquí se corrobora que el criterio que impera para decidir si se abren o cierran carreras es la rentabilidad que ello signifique para la institución y no la consideración de un plan de desarrollo que responda a las necesidades de la región y el país. La política universitaria no considera la participación de la comunidad y la gestión de la universidad es a costa de una enorme precariedad laboral tanto de los funcionarios académicos como no académicos. Según señala la Federación de Estudiantes (Feutal) los trabajadores a contrata superan a los de planta y además, el 62 % de los trabajadores de la universidad son a honorarios.
Como indica Reinaldo Ruiz, ex profesor de economía; la Universidad de Talca, como la mayoría de las universidades estatales aún se rige por estatutos dictados en 1981, bajo dictadura. Por ello su gestión es propia de un régimen dictatorial; es centralizada, sin contrapeso ni participación democrática de la comunidad.
Eliana Adams ex presidenta de la Federación de Estudiantes (Feutal), señala que “muchos trabajadores hoy tienen miedo a hablar, miedo a contar lo que viven porque o si no los van a echar y tienen una familia que sustentar y, por otro lado, tenemos las demandas de los estudiantes de mayor participación. Porque hoy en día se toman todas las decisiones a puertas cerradas en el consejo académico, en los consejos de escuela donde si bien los estudiantes tenemos voz no tenemos voto y no es mucho lo que nos escuchan”.
En el reportaje se presenta el caso de Andrea Moreno, ex administrativa y profesora, quien también estudió en la misma casa de estudios, quien señaló que “después de 25 años de trabajar me fui con cero peso (…) La universidad me despidió por un correo electrónico de dos líneas. Entonces lo primero que siento es que la universidad me robó 25 años de trabajo, 25 años de mi vida… porque me siento estafada por la universidad”.
Roberto Pizarro, profesor titular de Hidrología, enfatiza que “se habla de que el rector por lo menos tendría un sueldo promedio de 16, 14 millones, es una nebulosa nadie lo sabe. Pero, estoy seguro que es sobre 14 millones (…) a mí me parece eso una exageración”.
El reportaje, dirigido por el documentalista Antonio Carrillo y producido por la productora Audiovisual Aluro 35, aborda el tema de la gestión de las universidades del Estado, tomando como ejemplo la Universidad de Talca, entidad que es dirigida por el mismo rector (Álvaro Rojas) por más de dos décadas y quién próximamente pretende re elegirse, para alcanzar el récord de 28 años como máxima autoridad. Esta situación, por cierto, es lo opuesto a lo que debiera significar el verdadero desarrollo de una educación pública, que además de ser gratuita y de calidad; debiera estar sustentada en la participación democrática de la comunidad (estudiantes, profesores y trabajadores) en su gestión.
Las últimas reformas realizadas en educación, no han abordado el desarrollo y genuina defensa de la educación pública en Chile. Lamentablemente, la llamada “gratuidad” implementada por este gobierno, vía subsidio a la demanda; ha significado un billonario traspaso de fondos públicos a las instituciones privadas (Ver Reforma a la educación superior: el millonario subsidio estatal que los privados no quieren perder – Ciper Chile).
En fin, en todos estos últimos años bajo los gobiernos del duopolio (Concertación y Chile Vamos) se han implementado supuestas “políticas públicas” que han terminado por abrir más nichos de negocios a la inversión privada; así lo vemos en Salud, Educación, Previsión, Servicios básicos, Transporte, etc.
Ha llegado el momento de romper con esta situación, levantando una alternativa de transformación revolucionaria para los jóvenes y trabajadores, que defienda y promueva genuinas políticas públicas de desarrollo para este siglo.
El desafío de estos próximos años, será fortalecer el movimiento por la defensa de la educación pública, planteando la urgencia de una verdadera democratización en la gestión de los programas educativos, que garantice la participación de estudiantes, profesores y la comunidad en la toma de decisiones
La lucha por transformar este sistema de mercado va indisolublemente unida a la lucha por los cambios educativos, políticos y culturales en el país. Solo de esta manera la educación permitirá formar individuos críticos y conscientes de su entorno; capaces promover las transformaciones revolucionarias que la mayoría de la población ha demandado todos estos años.
