Opinión. Radio Cooperativa
En política, un año es un siglo.
Hace poco más de un año, precisamente el 26 de septiembre de 2016, la ministra de Salud Carmen Castillo firmaba en Washington DC un acuerdo técnico de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para la evaluación del Examen Único de Conocimientos Médicos (EUNACOM). Una muy buena iniciativa, al recurrir a un organismo rector en políticas públicas e internacionales en salud para zanjar las fuertes polémicas en torno a este Frankenstein de la medicina chilena.
Según consta en el acuerdo firmado, una vez recibidos los insumos por parte del MINSAL, los técnicos internacionales entregarían un informe preliminar sobre la consistencia pública sanitaria chilena y el instrumento denominado EUNACOM. ¿Alguien lo vio? Al menos al Senado de la República no ha llegado.
Por ello, en enero solicitamos acceder al mismo mediante un oficio dirigido al MINSAL.
Meses más tarde recibiríamos una vaga respuesta, sin ningún contenido sobre dicho informe. Y así han pasado doce meses desde que se firmó el acuerdo, el cual si bien prevé la confidencialidad de la información, también resulta tomar una temática de alto interés político, sanitario y social, por lo que en este tiempo tanto la ciudadanía como quienes hemos trabajado por años en el tema deberíamos haber sido consultados acerca de nuestras opiniones y fundamentos acerca del EUNACOM, polémico examen que ha actuado como un filtro injusto e inequitativo al ingreso al sistema público de cientos de médicos, por demás necesarios para un país con casi dos millones de personas esperando consulta con un especialista o por una cirugía.
Pues bien, se ha cumplido el plazo: el pueblo chileno y los actores relevantes debiesen ser informados acerca del estudio. Porque a lo que nos oponemos fervientemente es al secretismo, a las decisiones que se toman a puertas cerradas, sea en una cocina o en un despacho ministerial.
El mismo secretismo en materia de salud abunda en el reciente informe de la glosa 06 del MINSAL, que ha ingresado al Senado a principios de septiembre. Allí, se señala que no se informará al Congreso el número de fallecidos en lista de espera, para evitar replicar la “alarma pública” que se dio en diciembre de 2016, cuando se supo de los miles y miles que fallecían en espera, ante lo que discrepo radicalmente, pues esta es una indicación que el Senado votó previo a aprobar el presupuesto 2017 y por tanto, el MINSAL está obligado a responder.
No es legítimo, cuando la propia comisión asesora ministerial por fallecimientos en listas de espera calcula – porque no hay auditorías que lo confirmen fehacientemente – que han habido 6.593 fallecidos esperando atención por enfermedad no AUGE el 2016; cuando planteamos dicha causalidad años atrás, fuimos denostados.
¿Qué ocurre ahora entonces? ¿Adoptamos la política del avestruz, que esconde la cabeza en un hoyo y así el problema desaparece?
Sería en el mismo Washington DC, pero un año más tarde, en septiembre de 2017, que el senador Bernie Sanders junto a algunos de sus colegas, presentaría un proyecto de ley que promueve la creación de un seguro de salud universal, que de cobertura al pueblo estadounidense.
En una columna publicada el 13 de septiembre de 2017 en The New York Times, Sanders plantea que la salud es un derecho humano, denuncia las enormes ganancias de las empresas de la salud, que implicaron un costo aproximado de 10 mil dólares por cada ciudadano estadounidense en el año 2015. Y señala que – de acuerdo a una encuesta de The Economist-, el 60% de los estadounidenses estarían de acuerdo con la ampliación del Medicare.
Bernie Sanders señala que la transición hacia este nuevo plan de salud, implicaría un período de cuatro años de transición.
En Estados Unidos, y con toda la voluntad trumpiana de destruir el Obamacare, un actor político se anima a redoblar la apuesta, ir contra el poderío de las empresas de salud y establecer un Medicare para todos.
Hay que leer el proyecto del ex candidato presidencial estadounidense, que destaca en tiempos en que el neoliberalismo amenaza, desde Estados Unidos hasta Chile, con embestir contra la salud pública.
Pues la moción de Sanders apunta a que no debiese existir discriminación para acceder a la salud, ni por el color de piel, ni por la raza, nacionalidad, discapacidad, sexo, orientación sexual o identidad de género, ni menos por la condición de embarazo. El acceso universal en la reforma propuesta en Washington, estaría garantizado automáticamente a partir de la inscripción del nacimiento o de las situaciones migratorias.
Muchos en Chile escogen modelos liberales de salud, apuestan a paquetes básicos de prestaciones, apoyan los riesgos del TPP en salud.
Afortunadamente, los propios estadounidenses comienzan a despertar y quieren que se termine con el enorme lucro en materia de salud y la falta de acceso de millones de ciudadanos a la cobertura.
Sanders y sus aliados apuestan con su proyecto a prestaciones que permitirían el acceso a centros de salud en todos sus niveles, incluyendo medicamentos recetados, atención ambulatoria, atención primaria y de carácter preventivo, enfermedades crónicas, tratamiento integral de salud mental y abuso de sustancias, planteando la apertura hacia prácticas de medicina integrativa y de medicina complementaria.
Si encuentran coincidencias con nuestro proyecto de salud pública, no es mera casualidad, pues sabemos que otra salud es posible. Otro Chile es posible.
Mientras, seguimos esperando que el MINSAL de Carmen Castillo revele los resultados de la evaluación del EUNACOM, por parte de la OPS.
