Disipando el chaparrón
La baja en la tercera línea de Economía expuso las diferencias en el seno del gobierno en torno a las conversaciones con la empresa finlandesa, en particular por sus aspiraciones tributarias. La afirmación de Tabaré Vázquez acerca de que las negociaciones están “muy avanzadas” contrastó con la de su ministro Danilo Astori, para quien se está “muy lejos” de alcanzar un acuerdo con Upm (ex Botnia). El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo a Brecha que, llegado el caso, el gobierno “estará a la altura” y dirá “no va más”, pero “no podemos confundir las broncas personales, o el estilo de negociación, con la responsabilidad de llevar adelante con éxito un proceso de negociación”.
Mariana Cianelli
Brecha, 6-10-2017
La renuncia del número 3 de Economía, Andrés Masoller, generó malhumores en el gobierno y evidenció internas en el Ejecutivo por las negociaciones con Upm. Al director de la Asesoría Macroeconómica no le cerraban las cuentas que se sacaban en las reuniones con la empresa finlandesa, o, en sus palabras, “desacuerdos con la forma en la que se está llevando adelante la negociación”.(1) Los representantes de Upm demandan que los predios forestales por fuera de la zona franca concedida no paguen el impuesto al patrimonio. También que el canon por usar una zona libre de impuestos nacionales no supere los 700 mil dólares anuales. Y, en su momento, también solicitaron contar con una zona franca en el puerto que les permitiera sortear el pago de los depósitos propios. A pesar de las negativas por parte del gobierno a varios de estos puntos, la empresa finlandesa se plantó firme e insiste en poner sobre la mesa los mismos requerimientos una y otra vez. (2)
El Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) mira con recelo los anhelos tributarios de la empresa, y el propio Danilo Astori es uno de los jerarcas que más objeciones ha planteado, confirmaron a Brecha varias fuentes. Masoller, una de las figuras centrales en la negociación, batallaba para que la instalación de la pastera no sólo robusteciera el Pbi sino que también dejara ganancias al país. La idea de invertir 1.000 millones de dólares en infraestructura antes de saber si la empresa va a realizar la inversión era algo que no convencía del todo a algunos integrantes del equipo económico. El problema para Masoller radicaba en el cuidado de las cuentas del Estado: le preocupaba que la renuncia fiscal que Upm busca y el desarrollo de la infraestructura por parte del Estado impactaran negativamente en el déficit fiscal.
Al encargado de cuidar la perspectiva macroeconómica del país le preocupaba también la sostenibilidad a largo plazo del proyecto de los cincuentones. Tampoco estaba conforme con la versión final de la reforma de la Caja Militar (aún a estudio del Parlamento), dado que la propuesta del Mef era mucho más ambiciosa, ni con la demora en el tratamiento legislativo del impuesto a las jubilaciones militares. A esto se le sumó la redistribución de los recursos que se acordó en el tratamiento de la rendición de cuentas en el Palacio Legislativo. Según los sectores cercanos al equipo económico, Masoller se retiró por decisiones políticas que afectan el resultado de lo que sería, pasada raya, su trabajo.
En la Torre Ejecutiva consideran que “fue un error político”, y que su paso al costado dejó expuesto al gobierno, colocando el tema en el terreno mediático. La oposición no tardó en sumar dudas sobre la negociación que está llevando adelante el gobierno con los finlandeses y solicitó a los ministerios involucrados que brindaran información (véase recuadro).
Donde manda capitán
La primera fase del proyecto aún no se ha concretado; el gobierno esperaba redondear esta etapa en marzo de este año. Transcurrido ese plazo, el presidente Tabaré Vázquez anunció en mayo, en el Consejo de Ministros de Cardal, que el documento de acuerdo se firmaría en junio. A partir de la renuncia de Masoller, Astori aseguró que se estaba “muy lejos” de llegar a un acuerdo con Upm (La Diaria, 28-IX-17). El ministro de Economía agregó que “no se resolvió el tema”, que no era una “discusión fácil” y que su cartera “va a seguir defendiendo las cosas que entienda necesario defender”.
Pero el Mef no es el único ministerio que plantea reparos a las exigencias de Upm. Según supo Brecha, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) tampoco está del todo conforme con algunos aspectos de la negociación. Sin embargo, durante esta semana, integrantes del gabinete salieron a aplacar los murmullos generados tras la partida del director del Mef. Una fue la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, quien no tiene ningún “problema” con la instalación de la planta y que en las reuniones que ha tenido con la pastera simplemente se le ha informado las condiciones para instalarse (Radio Uruguay, 4-X-17). También aseguró que “si cumplimos con nuestro trabajo, Upm va a estar absolutamente controlada desde el punto de vista ambiental”.
El ministro de Transporte, Víctor Rossi, admitió en diálogo con Brecha que Upm tiene muchas aspiraciones que “consideramos excesivas” y que “defiende con insistencia”. Esa postura, dice el ministro, muchas veces genera molestias, “pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de negociar en nombre de los intereses del país y, por lo tanto, tenemos claro hasta dónde podemos ir y hasta dónde no va más”. El ministro agregó que ya le han planteado varias negativas a la empresa, y también reafirmado una y otra vez que no van a aceptar “nada que esté por fuera de lo que autoriza la ley”. Rossi prefiere no arriesgar si el gobierno está “cerca o lejos” de llegar a un acuerdo con la empresa, pero aseguró que él está interesado en que salga en el “corto plazo” porque hay muchas cosas para hacer que “van a generar beneficios al país”.
Para desviar los señalamientos al mutismo sobre las negociaciones, las diferencias en el gabinete ministerial y las demoras en la concreción de la planta, el presidente de la República declaró el jueves al semanario Búsqueda que están trabajando “para que el acuerdo se firme en octubre”, y aseguró que “no hay divisiones” en el gobierno. Sin embargo, marcó su distancia con el ministro de Economía al recalcar que están “muy avanzados” en el acuerdo con Upm.
Meterle turbo al viaje
Hasta que ocurrió el portazo de Masoller, Economía estaba ejerciendo un contrapeso en la negociación en la interna del gabinete, pero en el gobierno hay quienes interpretan que la incapacidad de mantener a uno de los suyos parece haber debilitado su postura. La salida pública de Vázquez remarca su deseo de que la primera fase de las negociaciones se concrete con rapidez.
El advenimiento de los tiempos electorales no es lo único que acelera la marcha del gobierno en relación con la inversión de la pastera. La necesidad de materializar un mojón –si bien el contexto actual es diferente al que existía cuando la economía transitaba una etapa de enlentecimiento y se anunciaba la posibilidad de una tercera planta de celulosa– mueve al gobierno a enfocarse nuevamente en Upm y en la posibilidad de recibir una inversión de unos 4.000 millones de dólares. Además, quedan dos etapas más para que la empresa finlandesa decida si quiere o no instalarse. La siguiente fase se centraría en definir las obras de infraestructura necesarias y comenzar su concreción. La tercera etapa sería el acuerdo final y la construcción de la planta. Todos estos pasos tienen que darse antes de febrero de 2019 (Búsqueda, 5-X-17), pero el tiempo que están llevando las idas y venidas genera algunas incertidumbre sobre el cumplimiento del cronograma.
Si bien las exigencias por parte de la empresa son fuertes, el gobierno no siente que esté en una relación asimétrica. El ministro de Transporte dijo a este semanario que aunque sea legítimo considerar que pueden existir destinos más seductores para la empresa finlandesa en la región, el objetivo que tiene el país es seguir pensando en su desarrollo económico: “Si las cuerdas de la negociación se tensan de modo que se vaya más allá de lo que conviene al pueblo uruguayo, el gobierno estará a la altura de las circunstancias diciendo no va más (…), con la responsabilidad de llevar adelante con éxito un proceso de negociación que no se da todos los días, porque del mismo modo que Uruguay va a seguir existiendo con la planta o sin la planta, también es cierto que esta inversión es importante para el país”.
Mientras el gobierno busca distintas alternativas para sellar acuerdos con la pastera finlandesa y zurcir las diferencias en el cuerpo ministerial, las interrogantes sobre lo que se acuerda y lo que no empiezan a multiplicarse tanto desde la oposición como desde su propia fuerza política, que recibe con cuentagotas detalles sobre lo que está en juego.
Notas
1) El País, 24-IX-17.
2) Véase Brecha, 29-IV-17.
La oposición denuncia secretismo en la negociación
Lo que no se sabe
La oposición aprovechó la renuncia del número 3 de Economía para cuestionar lo poco que se sabe sobre las negociaciones con Upm. El diario El País informó el 3 de octubre que los coordinadores de las bancadas de la oposición se reunieron con la vicepresidenta, Lucía Topolansky, para pedirle información sobre lo que está discutiendo el gobierno con la pastera. El Poder Ejecutivo, que de un tiempo a esta parte recalca que la información que proporciona es la que puede dar porque está sujeto a un acuerdo de confidencialidad, informó a través de sus integrantes que no tiene ningún problema en brindar la información que se le pida. La ministra Eneida de León (del Mvotma) dijo a Radio Uruguay que quiere que “quede claro” que una vez que “Upm decida invertir o no invertir toda esta información va a ser pública”. La ministra dijo que han hablado de la “forestación” y del “agua”, pero concretamente no ha despejado interrogantes sobre el posible impacto ambiental de la pastera.
A la oposición este punto le parece discutible. El senador nacionalista Jorge Larrañaga (Partido Nacional) sostuvo en un comunicado que hace más de un año que el gobierno viene negociando en el “más absoluto secretismo un acuerdo con Upm”. El líder de Alianza Nacional consideró que lo que se sabe es debido a “filtraciones” que el propio gobierno genera porque le conviene, y sostuvo que tiene que informar al Parlamento sobre lo que está sucediendo, porque “la potestad tributaria para establecer exoneraciones fiscales la tiene exclusivamente el Parlamento y no el Poder Ejecutivo, que sólo tiene iniciativa privativa en esta materia”. También recalcó que luego de que el gobierno firme un “contrato secreto” con la finlandesa será el Parlamento el que apruebe los gastos del Estado.
El también nacionalista Juan José Olaizola (Partido Nacional, del sector Todos, de Luis Lacalle Pou) presentó una nota en la Comisión de Transporte solicitando la convocatoria de Rossi y del ministro de Economía, Danilo Astori, para que den explicaciones sobre la negociación y la renuncia del economista Andrés Masoller. El presidente Tabaré Vázquez en sus declaraciones a Búsqueda dijo que el gobierno comunicará tanto a la “oposición” como a “todos los uruguayos”, con “total transparencia”, la información sobre las negociaciones.
Algunos requerimientos de Upm
Lo que se sabe
La empresa finlandesa le planteó al gobierno una lista de pretensiones. El principal punto de la negociación, durante esta primera fase, se centró en los aspectos tributarios. Upm quiere, entre otras cosas, que se le descuente el impuesto al patrimonio de sus predios forestales. El pedido, según pudo saber Brecha, tiene su origen en lo que sucedió con la pastera Montes del Plata durante el gobierno de José Mujica. Antes de instalarse en el país, Montes del Plata había acordado con el gobierno que, en caso de que hubiera cambios significativos en materia tributaria, se revisaría la ecuación económica acordada. Cuando el impuesto a la concentración de la tierra (Icir) se derogó por ser declarado inconstitucional, el gobierno acordó no cobrarle el impuesto al patrimonio a Montes del Plata, para equiparar así las condiciones del acuerdo inicial. En las negociaciones actuales Upm desea obtener el mismo trato que Montes del Plata, pero el gobierno le ha manifestado que ese pedido lo complica porque debe aplicar obligatoriamente el impuesto de manera general.
El segundo aspecto que trascendió públicamente es que Upm solicitó como condición para su intalación que el gobierno realice inversiones en materia logística. El Ministerio de Transporte anunció el 15 de agosto el proyecto Ferrocarril Central, que se propone crear una vía férrea entre Paso de los Toros y Montevideo.(1) El titular de Transporte, Víctor Rossi, dijo a Brecha que “si no existiera Upm, también sería una necesidad estratégica elevar el nivel de las carreteras y las rutas. El planteo de Upm nos da el impulso de reconstruir un ferrocarril acorde al siglo que vivimos, y también estamos reforzando los siete puentes en la ruta 5, algo que históricamente se necesitaba hacer”.
Upm también quiere que la energía que genere a partir de la biomasa forestal sea comprada por Ute regularmente a través de un contrato. El 19 de agosto de 2016 el presidente del ente eléctrico dijo a El Observador “que no se va a pagar más de lo que la energía vale”, y que se tenía que buscar un “ganar-ganar”.
Nota
1) Véase Brecha, 24-VIII-17.
