Por Mario López M.

El organismo encargado de proteger los intereses fiscales procedió a entablar querella criminal en contra de cuatro de los reos de Punta Peuco por pensiones de invalidez. Esta es solo la punta del iceberg que involucra por concepto de inutilidades más de cinco mil seiscientos millones de pesos anualmente.

Igualmente el Consejo de Defensa del estado solicita indagar a las comisiones de Sanidad de las FF.AA. que autorizan el pago de este beneficio. El organismo se hizo parte de la investigación que se realiza por las presuntas jubilaciones irregulares, originados en una querella presentada de manera particular por el abogado de DDHH, Roberto Ávila.

Las primeras denuncias

Como consecuencia de denuncias periodísticas –entre ellas de Cambio21- que dejaron en evidencia que a ex funcionarios de las FFAA que se les determinó ciertas patologías han declarado en otras instancias que están sanos e incluso que trabajan normalmente. Entre quienes aparecían ligados a estas irregularidades que se investigan como delitos, se encontraban personas vinculadas a violaciones a los DDHH e incluso el hijo del dictador, Augusto Pinochet Hiriart.

El abogado Roberto Ávila fue el primero en iniciar acciones legales a lo que se sumó más tarde Capredena que efectuó una denuncia ante el Ministerio Público, en contra de quien resulte responsable, para que investigara ante eventuales obtenciones fraudulentas de beneficios previsionales. Ello en razón de ser “resguardadores de los recursos públicos y la fe pública, es que representamos”, dijo a Cambio21 el Vicepresidente Ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas.

Por su parte el abogado Roberto Ávila Toledo, interpuso la primera querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los eventuales fraude previsionales. La acción judicial buscaba conocer las responsabilidades de siete ex oficiales de las Fuerzas Armadas y, de todos quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco, tratándose de un hecho público denunciado por medios de comunicación, que da cuenta  que existirían una serie de ex uniformados que reciben pensiones excepcionales o de inutilidad de segunda clase, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. “Se trata de personas que no están en situaciones de invalidez de segunda clase y que han obtenido tal calificación con el único propósito de ver aumentada su jubilación dolosamente”, reza la querella.

El CDE a escena

Hoy se suma el CDE por los hechos que se investigan judicialmente desde mediados de 2017 por la Fiscalía Centro Norte por fraude al Fisco, en relación al otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase (equivalente a la jubilación de invalidez) entregadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El pasado 8 de mayo el organismo se querelló contra cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, que al momento de ingresar al penal no habrían manifestado a Gendarmería tener algún tipo de enfermedad. En este grupo están Enrique Neira (pensión por $ 2.605.979), Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406), Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687) y Rubén Fiedler (pensión por $ 1.340.000). La querella del organismo también incluyó al excomandante en jefe de la Fach Patricio Ríos Ponce, así como al general (R) de Brigada Aérea Patricio Franjola.  Neira hace ostentación de su buena salud, pues juega a la pelota los martes y sábados de manera regular en una liga local. Enrique Neira Donoso, ex CNI, fue condenado por homicidio de Recaredo Valenzuela. “Tengo un síndrome de estrés post traumático”, declaró. Se encuentra libre desde el 1 de julio de 2015.

De acuerdo a la querella, “estos pensionados no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen, según sus propios dichos (en la ficha de Gendarmería), ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad”. También presentó acciones legales contra los funcionarios que integraron las comisiones de Sanidad de las tres ramas de las FF.AA. (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), “cuyo diagnóstico dio origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación”.

No son los únicos

La querella del CDE alcanzó asimismo a individuos que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil “con mayores exigencias físicas e intelectuales que las que desarrollaban en la institución pública”. Entre ellos aparecen mencionados Patricia Rivera Narváez, quien recibe una pensión de invalidez de segunda clase por la suma de $ 1.700.000, luego de haber desempeñado funciones de abogada de Capredena, y “actualmente desempeñando labores como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago”.

Incluye la acción penal al general (R) Franjola, quien recibe la pensión más alta de Capredena, por $ 6.806.000, tras desempeñarse como auditor de la Fach. Sin embargo, el consejo advirtió que “actualmente” ejerce como abogado en su estudio particular.

La querella establece “La presente investigación nos entrega claros indicios de estar en presencia de personas que trabajaban en las distintas ramas de las FF.AA. o en servicios públicos, que se acogieron a una jubilación bajo la modalidad de declaración de inutilidad de segunda clase y que, según lo hemos expuesto en la presente querella, no cumplían con las condiciones para obtener dichos beneficios. Por estos motivos, las jubilaciones percibidas por estos conceptos son totalmente improcedentes y han generado un perjuicio para el Fisco de Chile”.

Descargos del abogado de internos de Punta Peuco

Raúl Meza, abogado defensor de la mayoría de los internos en Punta Peuco, dijo a Cambio21 que “Sin entrar a pronunciarme en particular sobre los casos de los internos querellados por el CDE, debemos hacer presente que la concesión de estos beneficios de jubilación por invalidez tienen una regulación legal que establece una serie de requisitos para el otorgamiento de estos beneficios, como lo es la evaluación médica por una comisión de sanidad de la institución integrada por distintos especialistas médicos que evalúan los antecedentes médicos y clínicos del postulante”.

El profesional señaló asimismo que “Por tanto, el CDE tendrá que acreditar durante la investigación penal si el funcionario de las FFAA actuó dolosamente al someterse a toda la normativa legal para el otorgamiento de un beneficio en su jubilación, en caso contrario tendrá que hacerse responsable por la grave imputación penal. Además, el otorgamiento de pensiones con algún grado de inutilidad a los integrantes de las FF.AA, está normada por la legislación que regula la materia. En ella están establecidas las patologías que tienen derecho a algún grado de inutilidad y por lo tanto los requisitos que se  deben cumplir para otorgar dicho grado de inutilidad”, señaló a nuestro medio.

Meza indicó a Cambio21 que “En el proceso participan, entre otros organismos,  las a) Comisiones de Sanidad de la respectiva institución donde son evaluados clínicamente la afección que padece la persona que presenta alguna enfermedad susceptible de percibir algún grado de Inutilidad b) la Institución respectiva (ejército, armada, fuerza aérea) c) La Subsecretaria de Guerra, hoy Subsecretaría de las Fuerzas armadas y d) La Contraloría General de la República. Dicho lo anterior, me parece extraordinariamente grave que el CDE cuestione la probidad y las competencias profesionales de los organismos públicos que participaron en este proceso de concesión de este beneficio de jubilación de segundo clase a funcionarios de las FFAA”, señaló.

Para el abogado Meza, “si esta imputación penal no tiene un sesgo político el CDE debería querellarse en contra de todos los organismos y funcionarios públicos que participan de la concesión de este beneficio de jubilación de segunda clase, tales como, Instituciones armadas, Comisiones de sanidad de dichas instituciones, Subsecretaria de Guerra hoy Sub Secretaria de las FFAA y la Contraloría Gral. de la República por una eventual asociación ilícita”. Cabe señalar que el CDE se querelló en contra de los integrantes de las Comisiones que intervinieron en los hechos.

Cifras escandalosas  

El Vicepresidente de Capredena y sociólogo, Cristián Rojas Grüzmacher, señaló a Cambio21 que se pagan “mensualmente algo más de ciento seis mil pensiones, de las cuales 5.594 son de ‘inutilidad de segunda clase’. Nuestro medio planteó al ejecutivo que resulta incomprensible que personas que siendo agentes del Estado y que en uso de sus medios y poder, violaron los DDHH, por tales hechos alegan después estar afectados por estrés postraumático, por ejemplo, y gocen de beneficios pecuniarios por tal razón. Y lo peor, tienen  o dicen tener buena salud.

A lo anterior, Rojas señaló que “Dentro de las incapacidades no solo las hay físicamente, sino que existen aquellas que no resultan observables a ojo de cualquier persona. Parte de estos cuestionamientos públicos que han aparecido durante las últimas semanas, tiene que ver justamente con personas que, habiéndoseles declarado esta inutilidad y habiéndosele constatado una enfermedad, cuando les toca declarar en otra instancia su condición de salud, lo hacen como sanos, incluso por escrito e institucionalmente consignado así (…) ello lamentablemente da pie para mantos de dudas de eventuales aspectos irregulares a ojo de cualquier ciudadano”.

“Lo lamentable –para el vicepresidente de Capredena-, es que a partir de unos pocos casos se siembra la duda en casos de personas que sí están padeciendo patologías o enfermedades e incluso recibiendo no montos millonarios (…) La inutilidad la califica una unidad médica dependiente de cada una de las instituciones de las FFAA. (…) Efectivamente hoy encontramos tres categorías de inutilidades. Las mayoritarias son las inutilidades de segunda clase, estas 5.594 que se pagan en la actualidad (pagándose por ellas) Alrededor de 5.500 a cinco mil seiscientos millones de pesos anualmente, correspondiente al 5% del total de dineros que se destinan a pensiones”.

Hijo de Pinochet dentro de los imputados

El libelo originario patrocinado por el abogado Roberto Ávila, identifica a siete ex oficiales del Ejército, entre los cuales se encuentra el hijo del dictador Augusto Pinochet Ugarte, Augusto Pinochet Hiriart, quien recibe una pensión de invalidez de segunda clase desde 1979.

Dentro de los imputados en la querella, cuatro han sido condenados por delitos de lesa humanidad durante la Dictadura.

Los querellados son Emilio Enrique Neira Donoso; Rubén Enrique Fiedler Alvarado; Jaime Torres Gacitúa; Patricio Ferrer Duco; Patricio Franjola Buigley; Augusto Pinochet Hiriart y Patricio Ríos Ponce.