por Franco Machiavelo
Hay decisiones que parecen pequeñas cuando se miran desde un escritorio ministerial, pero que adquieren otra dimensión cuando se contemplan desde la mesa de una familia trabajadora.
Un computador puede parecer apenas una máquina: una pantalla, un teclado, unos circuitos. Pero para un niño de una familia vulnerable puede ser una puerta abierta al conocimiento, una biblioteca entera, una herramienta para estudiar, investigar, crear y competir en un mundo donde la tecnología dejó de ser un lujo para convertirse en parte de la educación cotidiana.
Y ahora esa puerta corre el riesgo de cerrarse.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de José Antonio Kast deja sin financiamiento explícito a las Becas TIC, programa que continúa la política de “Yo elijo mi PC”. Si la propuesta se mantiene en esos términos, 2027 sería el primer año en 17 años sin una nueva entrega de computadores bajo esta política. En 2026 fueron 96.100 los estudiantes beneficiados.
La explicación oficial habla de evaluación, eficiencia y problemas de implementación. Incluso se ha señalado que el programa no tendría un efecto relevante en el aprendizaje.
Pero aquí aparece una pregunta incómoda:
¿Qué ocurre cuando la obsesión por medir la rentabilidad inmediata de una política pública termina olvidando la desigualdad social desde la cual parten los niños?
Porque no todos los estudiantes comienzan la carrera desde la misma línea de partida.
Mientras algunos niños tienen computador propio, internet permanente, habitaciones tranquilas para estudiar, padres que pueden ayudarlos y colegios con abundantes recursos tecnológicos, otros comparten un teléfono celular entre varios miembros de la familia y deben hacer malabarismos para cumplir una tarea.
Y después se nos dice que todos tienen las mismas oportunidades.
¡Qué maravillosa igualdad!
Uno llega a la carrera con zapatillas nuevas y el otro descalzo, y luego aparece el elegante economista de turno para explicar que ambos fueron tratados exactamente igual.
Eso no es igualdad.
Eso es confundir igualdad formal con justicia social.
La educación pública no puede limitarse a decirle al niño pobre: “Aquí tienes las mismas reglas que al niño rico”. Debe preguntarse primero si ambos poseen realmente las mismas herramientas para enfrentar esas reglas.
Porque si el hijo de una familia acomodada puede comprar un computador de $500.000 o $800.000 sin alterar el presupuesto familiar, mientras una familia vulnerable debe escoger entre pagar alimentos, medicamentos, arriendo o comprar tecnología para sus hijos, entonces eliminar una ayuda estatal no significa simplemente ahorrar dinero.
Significa trasladar el costo desde el Estado hacia la familia que menos capacidad tiene para asumirlo.
