El gobierno de Gabriel Boric impulsó y promulgó en mayo de 2024 la llamada Ley Corta de Isapres, un marco regulatorio diseñado para dar cumplimiento parcialmente, a un fallo de la Corte Suprema de 2022 —que ordenaba restituir cobros excesivos y ajustar planes por la tabla de factores— sin permitir la quiebra del sistema privado y generando un «perdonazo» indirecto a la industria de la salud privada.
Críticos y sectores de izquierda calificaron la medida como un rescate financiero o «salvataje» a las aseguradoras que terminó repercutiendo en los propios afiliados.
*Claves del proceso y la «Ley Corta»*
• El origen del problema: En noviembre de 2022, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga a las Isapres a aplicar una tabla de factores única de la Superintendencia de Salud y a restituir los cobros en exceso a sus cotizantes, poniendo a varias aseguradoras al borde de la insolvencia.
Críticos y sectores de izquierda calificaron la medida como un rescate financiero o «salvataje» a las aseguradoras que terminó repercutiendo en los propios afiliados.
*Claves del proceso y la «Ley Corta»*
• El origen del problema: En noviembre de 2022, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga a las Isapres a aplicar una tabla de factores única de la Superintendencia de Salud y a restituir los cobros en exceso a sus cotizantes, poniendo a varias aseguradoras al borde de la insolvencia.
• La postura del gobierno de Boric: El Ejecutivo (a través del Ministerio de Salud, liderado por Ximena Aguilera) sostuvo que no se buscaría un «perdonazo» ni una inyección de recursos públicos para rescatar a empresas privadas, pero advirtió que un colapso abrupto de las Isapres desbordaría gravemente al sistema público (Fonasa), donde se atiende la gran mayoría de la población.
• Aprobación de la ley (mayo de 2024): El Congreso aprobó el proyecto gubernamental que:
• Obliga a las Isapres a pagar la totalidad de la deuda con sus afiliados mediante planes de restitución en medicas cuotas (con un plazo de hasta 13 años), priorizando a los adultos mayores.
• Habilita mecanismos para ajustar el cálculo de precios y equilibrios financieros (como el Índice de Costos de la Salud, ICSA), permitiendo «alzas reguladas» en los planes para dar viabilidad al cumplimiento de la deuda.










