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Ahora y antes
Desde Serpaj se apuntan avances, pero también retrocesos. Las fuertes reivindicaciones para la conquista de nuevos derechos tuvieron como contracara el incremento de la violencia institucional, que, ejercida contra determinados sectores, fue ignorada, justificada o promovida. En 2017, además, la justicia –magra a la hora de condenar las violaciones cometidas durante la dictadura– retrocedió años en el debate sobre la imprescriptibilidad, mientras el Estado, frente a las “mentiras” y las “amenazas”, se caracterizó por “la inacción”.
Betania Núñez
Brecha, 15-12-2017
La agenda de derechos se amplió. Sin embargo, hay derechos consagrados en las leyes que se violan en los hechos y hay fuertes reivindicaciones para conquistar nuevos, mientras sigue habiendo sectores de la sociedad por los que pocos pelean, y derechos que pocos defienden. Esa mirada, que atraviesa buena parte del informe del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de 2017, “Derechos humanos en el Uruguay”, dispara la interrogante: ¿Qué tipo de sujetos construye la agenda de derechos? “Hay algunos reclamos que se acompañan y otros que no, entonces es interesante preguntarse si construye un sujeto transformador, crítico, integral, que se preocupa por toda la gama de vulneración de derechos o si sigue habiendo un grado de desigualdad en las reivindicaciones”, planteó Mauro Tomasini, miembro del consejo editor del informe, en diálogo con Brecha. Ni bien se habla de seguridad, “los derechos empiezan a desvanecerse. Todos los avances que hay en algunos ámbitos, en otros, se limitan, se anulan o no existen, y hay conquistas muy interesantes mientras hay personas que viven en mazmorras”, ejemplificó.
Y en la misma línea, Mariana Mosteiro, también militante de Serpaj e integrante del consejo editor, dijo al semanario que “ha habido muchos avances, pero en lo que está englobado en el informe como ‘Seguridad democrática y derechos humanos’, ha habido retrocesos”. Por ejemplo, la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, que extendió la prisión preventiva hasta 150 días, “deja una situación gravísima a los adolescentes, de menos garantías que para los adultos”. Asimismo, desde Serpaj consideran que la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, aprobada este miércoles, implica un avance importante, pero “el agravamiento de penas nos parece realmente un retroceso, porque no creemos que la cárcel deba seguir siendo una solución a todos los problemas”.
Tanto en el sistema penal juvenil como en el adulto, planteó Mosteiro, “sigue habiendo una ausencia vertebral de qué hacer con una persona que está privada de libertad. La cantidad de muertes dentro de las cárceles en 2016 fue alarmante, y en 2017 también viene siendo terrible”. Según datos incluidos en el informe y facilitados por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, en las cárceles murieron 47 personas durante 2016 y en los primeros diez meses de 2017, otras 38.(1) La mayor cantidad de muertes “suceden en los centros más grandes, como el Comcar y el Penal de Libertad, y si bien las recomendaciones nacionales e internacionales proponen que se piense en centros pequeños, estamos por inaugurar una cárcel (en Punta de Rieles, que será gestionada bajo el modelo de participación público-privada) para 1.900 personas, que va en contra de todo lo que Uruguay tiene ratificado mediante acuerdos internacionales”, resumió Mosteiro.
“Ese Uruguay for export del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana” tiene la contracara de “otro montón de circunstancias muy soterradas que permiten ofrecer la imagen de que no tenemos tantos problemas”, sostuvo Madelón Aguerre, miembro de Serpaj, el pasado miércoles durante la presentación del informe.
Por eso, en la actividad se hizo énfasis en que existe un aumento de “la violencia institucional” y un “deterioro de algunos derechos humanos”, acompañado de algo que apareció “en los últimos tiempos” y “es extremadamente peligroso y preocupante: hay situaciones que son aprovechadas para echar leña al fuego de la demanda social de mayor castigo, y hay personas que están utilizando su libertad de expresión para pedir pena de muerte, cadena perpetua y otras cosas mucho peores”, como lo planteó el periodista Fabián Werner, a lo que su colega, Andrea Villaverde, acotó: “Pensar que en Uruguay hace tres años hubo un movimiento social muy fuerte que partió desde los más jóvenes y logró que no se bajara la edad de imputabilidad”. Si en ese momento “se vio a una sociedad muy politizada que respondía en clave de derechos humanos, muy poco tiempo después, las personas que estaban movilizadas hoy están anestesiadas frente a esos reclamos”. Los dos comunicadores, invitados por Serpaj, comentaron diferentes aspectos abordados en el informe.
Amenazas, inacción e impunidad
En materia de pasado reciente, el capítulo que abre el informe, “las conclusiones tristemente no son mejores que años anteriores y es terrible que la justicia haya reforzado la impunidad: tenemos una Suprema Corte de Justicia (Scj) que no nos deja de sorprender con fallos como el de la inconstitucionalidad” del segundo y tercer artículo de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura, planteó Mosteiro. “Tampoco se vieron avances del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, que depende directamente del Ejecutivo. Nos preocupa fuertemente porque el tiempo se vuelve un enemigo para las causas, para obtener justicia”, agregó.
En ese sentido, en el artículo de los abogados Pablo Chargoñia y Clémence Schumacher se sostiene que “la mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad no han visto satisfecho su derecho al amparo judicial.” (2) Desde 2002, con el primer procesamiento –el del canciller del gobierno de facto, Juan Carlos Blanco, por la desaparición forzada de Elena Quinteros–, “se sometió a juicio penal a un total de 31 personas”, por lo que se concluye que “el exiguo número caracteriza el modelo de justicia-impunidad posdictadura”.
La mayoría de los procesamientos refieren a casos de desaparición forzada –algunos catalogados como homicidios “a pesar de la ignorancia sobre el paradero de la víctima y del carácter permanente del ilícito”– y en abril de este año, por primera y única vez, se imputó el delito de tortura. En el artículo se subraya que no ha habido ningún procesamiento por crímenes contra la libertad sexual ni sustracción de menores.
Y a ese panorama, que se sostiene desde hace décadas, se le sumó este año la ausencia del Estado uruguayo en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), realizadas en mayo en Buenos Aires, tema que fue abordado en el artículo de Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. (3) En esas instancias se buscaba debatir el proceso de selección de los jueces que integran la Scj, que en las palabras de Tyler “se limita a una negociación política entre los partidos representados en el Parlamento” y se caracteriza por “la falta de transparencia e información pública así como por la ausencia de participación de la sociedad”. Asimismo, se pretendía analizar “los obstáculos cada vez más evidentes para la investigación y sanción de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura militar” y “las amenazas contra fiscales, abogados y defensores de los derechos humanos que fueran proferidas por un ‘Comando Barneix’, así como la sustracción de información y las amenazas a integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense del Uruguay (Giaf)”. Por eso, la ausencia del Estado uruguayo “causó estupor y perplejidad, primero, y una buena cuota de indignación, después”, y si bien en el período de sesiones celebrado en octubre en Montevideo, “Uruguay prestó todo su apoyo” y la ausencia en Buenos Aires parecía haber sido superada, mientras Tyler redactaba el artículo que aquí se menciona, “se conoció una (nueva y) nefasta sentencia”, la de la Scj: “De esta forma la corte ubica a Uruguay en contravención de la normativa internacional que lo obliga en materia de derechos humanos y de los estándares legales del sistema interamericano. Se da así un nuevo paso para consolidar la impunidad en el país”.
“Es significativo que un país como Uruguay, que respaldó históricamente al sistema interamericano de derechos humanos, terminara dejando una silla vacía. Es un hecho simbólico (que en materia de derechos humanos) fue tal vez de los más importantes del año”, dijo Werner sobre el cierre de la presentación, a lo que Villaverde agregó: “Ese hecho y la no respuesta de (el presidente Tabaré) Vázquez al pedido de Familiares” de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que exigió la destitución del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por brindar información falsa sobre el paradero de un posible enterramiento clandestino, “ fueron los dos hechos más graves del año”. Y agregó: “Este 2017 ha sido un año complejo. No sólo sucedieron las amenazas”, primero, del Comando Barneix y, más recientemente, la dirigida al fiscal de Corte, Jorge Díaz, “sino que también se vio una gran inacción del Estado. De las amenazas todavía no sabemos nada. El robo en el Giaf tampoco se ha aclarado”.
Notas
1) El tema se aborda en el artículo “Nadie es capaz de matarte en mi alma”.
2) “La judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente: norma jurisprudencial (2013-2017).”
3) “El Estado uruguayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 162o período de sesiones en Buenos Aires: la ausencia que nadie necesitaba.”
