EL PORTEÑO
por Gustavo Burgos
Desde 2006, con la consolidación del ciclo inaugurado por la transición pactada, Chile ha institucionalizado un régimen de alternancia que opera como soporte estructural del orden neoliberal heredado de la dictadura y refinado en democracia. Fueron 16 años en que el país fue gobernado ritualmente por la dupla Bachelet-Piñera. Este régimen no se define por la pugna real entre proyectos antagónicos, sino por la rotación administrada entre dos alas de la misma clase dominante: una derecha conservadora y una izquierda progresista, ambas comprometidas con la perpetuación del modelo económico y de la institucionalidad que garantiza la reproducción del capital financiero y, por su intermediación, de los intereses del imperialismo. La alternancia se vuelve, así, un dispositivo de estabilización política que permite canalizar el descontento social sin alterar el núcleo duro del poder.
La narrativa oficial ha erigido a Chile como “historia de éxito” del libre mercado, presentándolo como la “Suiza de las Américas”, miembro de la OCDE e integrado a bloques comerciales con las principales potencias del hemisferio norte. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica, exhibida como virtud por economistas y politólogos convencionales, descansa sobre una estructura profundamente desigual y dependiente. La prosperidad relativa que muestran las cifras del PIB per cápita se sostiene en un patrón primario-exportador centrado en el cobre, cuya volatilidad condiciona cíclicamente la rentabilidad del capital y, con ello, los márgenes de maniobra del Estado. Cuando el ciclo del cobre elevada la rentabilidad, el régimen respira; cuando declina, se agudiza la crisis social y se recortan los servicios públicos, exponiendo la precariedad estructural del modelo.
En este entramado se consuma la simbiosis entre las dos almas de la burguesía. La derecha, fiel a su función histórica, preserva discursivamente la ortodoxia del mercado, la disciplina fiscal y el orden público, operando como garante de la estabilidad y la propiedad. La izquierda progresista, a su turno, administra el mismo esquema con un ropaje discursivo de derechos, inclusión y reformas graduales, neutralizando la energía social transformadora mediante la institucionalización del conflicto y la cooptación de sus dirigencias, como ocurrió espectacularmente con la generación del alzamiento estudiantil de 2011 de Boric, Vallejo, Jackson y cía.. La alternancia, lejos de ser expresión de pluralismo, es el mecanismo que asegura la continuidad del modelo mientras se renueva la legitimidad del sistema.
Esta lógica explica la impotencia política de Jeannette Jara ante su inminente derrota. Su incapacidad para desplegar una plataforma reivindicativa y de movilización no obedece a una carencia táctica circunstancial, sino a una subordinación estratégica al pacto de gobernabilidad que la izquierda institucional ha asumido desde la firma del Acuerdo por la Paz. Al carecer de un programa que cuestione las bases materiales del orden, su discurso se refugia en la gestión técnica y en promesas compatibles con la austeridad, renunciando a articular al movimiento social como sujeto político autónomo.
En paralelo, la derecha opositora se limita a desempeñar su papel conservador sin amenazar la arquitectura que la sostiene. Su crítica al progresismo se concentra en la eficacia administrativa y el orden, no en el modelo en sí. Ambos polos comparten la convicción de que la estabilidad del sistema exige preservar la dependencia exportadora, la financiarización de la economía y la subordinación geopolítica, reproduciendo una institucionalidad que convierte la desigualdad en norma.
La alternancia, en consecuencia, no es un accidente sino la forma política del neoliberalismo chileno en su fase madura: una coreografía que administra la crisis, dosifica el conflicto y desactiva la posibilidad de una salida de carácter popular y emancipadora. Bajo su amparo, Chile exhibe cifras macroeconómicas que deslumbran al exterior mientras la distribución del ingreso se degrada y el decil inferior queda condenado a una participación menguante, confirmando que la estabilidad proclamada no es sino el reverso de una desigualdad estructural y funcional al capital transnacional.
En este contexto, el hundimiento del progresismo no constituye simplemente la derrota de una coalición electoral, sino la fractura de una de las piezas fundamentales que han permitido, durante casi dos décadas, la reproducción estable del régimen de alternancia. En la medida en que esta corriente ha operado como dispositivo de contención de las contradicciones sociales —canalizando la protesta hacia los márgenes de la institucionalidad y amortiguando la conflictividad mediante reformas menores, retórica de derechos y promesas de modernización— su descomposición abre una grieta en la arquitectura que garantizaba la gobernabilidad neoliberal. Una derrota demoledora superior a quince puntos entre Kast y Jara no sería, por ello, un mero resultado cuantitativo, sino la confirmación política de que el progresismo ha perdido su capacidad histórica para cumplir su rol de mediador entre las demandas populares y las necesidades de reproducción del capital, quedando expuesta su impotencia para disputar hegemonía incluso en el terreno simbólico.
Este derrumbe revela que la izquierda institucional ya no logra movilizar ni ilusionar, ni siquiera en condiciones de ofensiva conservadora. Su discurso, agotado y desprovisto de horizonte estratégico, se reduce a una gestión tecnocrática de la crisis que no convoca a la mayoría trabajadora ni ofrece una perspectiva de transformación real. En tal contexto, la victoria holgada de la derecha no sería expresión de una adhesión entusiasta a su proyecto, sino el síntoma de una descomposición estructural: la retirada del progresismo como fuerza capaz de metabolizar el descontento social y traducirlo en lealtad al sistema.
Esta crisis interna del régimen de alternancia se traduce, asimismo, en el carácter farsesco y despolitizado de una segunda vuelta en que ninguno de los contendores parece convencido de representar un proyecto histórico con vocación de poder. La escena electoral se vacía de contenido programático, deviniendo en una disputa ritual por la administración de un orden cuya legitimidad se erosiona. La democracia representativa se exhibe así en su desnudez formal: como procedimiento sin pueblo, como competencia sin ideología, como simulacro de soberanía.
Sin embargo, esta ausencia de entusiasmo y este vacío de legitimidad, lejos de clausurar el campo político, abren una posibilidad histórica. La crisis del progresismo y la fatiga del modelo generan un espacio en el que puede emerger una política obrera autónoma, no subordinada a los ciclos electorales ni a la lógica del mal menor. Allí donde la institucionalidad pierde credibilidad, se abre la oportunidad de articular un bloque de resistencia popular que transforme la deslegitimación de la democracia burguesa en fundamento para una estrategia de confrontación real con el orden existente. Una política que no aspire a reformar los «bordes del sistema», sino a cuestionar sus cimientos, que haga propio un programa de revolución social y que, apoyada en la organización, la movilización y la acción directa, recupere la perspectiva insurreccional como horizonte de ruptura y no como consigna retórica.
En ese intersticio, donde el progresismo deja de cumplir su función de contención y la derecha ya no monopoliza el relato del orden, se juega la posibilidad de una recomposición del sujeto histórico del cambio: la clase trabajadora y los sectores populares reapropiándose de su destino político, desbordando la farsa electoral y reinstalando en el centro del conflicto la cuestión del poder. Se trata de una tarea histórica que convocará el enfrentamiento al próximo gobierno patronal que emerja este próximo 14 de diciembre.
