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Una beligerante resolución contra Nicaragua aprobada en la Cámara de Diputados de Chile. Por Esteban Silva Cuadra

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Una beligerante resolución contra Nicaragua aprobada en la Cámara de Diputados de Chile.
Por Esteban Silva Cuadra

La Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Resolución N°1578 “En rechazo a las detenciones de opositores políticos efectuadas por el Estado de Nicaragua”, el jueves 17 de junio de 2021. En primer lugar, quiero expresar que resulta incomprensible e impresentable que algun@s compañeros diputados de la izquierda antineoliberal se hayan sumado irreflexivamente apoyando una Resolución dura y beligerante en contra del gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega.

El proyecto contra el gobierno sandinista fue presentado por Marcelo Schilling y Jaime Naranjo, jefe y Subjefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Ambos son conocidos voceros y considerados “portaestandartes” de las posiciones más conservadoras y reaccionarias del social liberalismo en el ámbito internacional. La actual posición ideológica y política de ese PS no tiene absolutamente nada que ver con las posiciones internacionalistas que forjó y defendió el socialismo chileno liderado por Salvador Allende. Una posición socialista internacionalista basada en la defensa y respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, en la unidad bolivariana, en la autonomía y el no alineamiento, la solidaridad entre los pueblos del tercer mundo y la lucha contra todo colonialismo y el imperialismo.

El diputado Schilling ejerció durante el gobierno post Pinochetista del presidente Aylwin como un obscuro operador de la mal llamada y rechazada “Oficina” de seguridad. Debido a su acción al mando de la Oficina, Schilling tuvo que enfrentar a la justicia chilena y recientemente se han conocido nuevas y contundentes investigaciones periodísticas que revelan su responsabilidad política en montajes y operaciones contra militantes de izquierda y de movimientos revolucionarios que combatieron a la dictadura pinochetista, (algunos de los cuales incluso fueron combatientes internacionalistas en Nicaragua). Por su parte, el diputado Jaime Naranjo, es un conocido activista antichavista, destacándose en promover todo tipo de denuncias contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Jaime Naranjo ha apoyado constantemente a Estados Unidos en su política de agresión y de sanciones ilegales en contra el gobierno venezolano. Hace poco, el nombre del diputado se hizo tristemente conocido internacionalmente debido a su impresentable respaldo a la monarquía marroquí violadora de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios del Sáhara Occidental. Territorios, que como se sabe, se encuentran ilegalmente ocupados por la monarquía alauita colonialista. Sin ir más lejos, y aprovechando de su cargo como presidente de la comisión de RREE de la Cámara de Diputados, Naranjo promovió una insólita Resolución de apoyo al entonces presidente Donald Trump para respaldar su ilegal reconocimiento de la falsa soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, un territorio perteneciente al pueblo saharaui definido por la Comisión de Descolonización de la ONU como un territorio no autónomo. Llamo la atención en medios extranjeros el insólito (y casi único) respaldo que tuvo en Chile, el ultraconservador presidente Trump y la monarquía marroquí de corte feudal, por parte de los diputados de la derecha liderados por un “socialista” como el señor Naranjo.

En las consideraciones del Acuerdo de Resolución contra el gobierno nicaragüense se utiliza como referencia argumental la Resolución N°105 del 18 de julio de 2018 en contra del gobierno de Nicaragua, también promovida a la época por la derecha oficialista y aliados en la Cámara de Diputados. Citando el referido Acuerdo, se dan por validados sus supuestos, y en consecuencia, se asumen como verdaderos un conjunto de argumentos falsos y tendenciosos para culpabilizar como responsable exclusivo de violación a los derechos humanos al gobierno Sandinista y a las instituciones del Estado y de administración de Justicia de ese país, al haberse defendido del intento de golpe y asonada antidemocrática perpetrado por sectores de la ultra derecha y sectores empresariales opositores con apoyo y financiamiento de los Estados Unidos. En los inaceptables considerandos que respaldan la moción parlamentaria se avala también las resoluciones anteriores promovidas por la derecha oficialista contra Nicaragua, en la que se solicita al gobierno de Piñera el “incorporar al grupo de Lima a las discusiones sobre la crisis de Nicaragua”. Un inaceptable respaldo y validación política del mal llamado grupo de Lima, creado por iniciativa del ex canciller del PPD, Heraldo Muñoz y que agrupa todavía a los gobiernos de derechas que van quedando en la región. Se trata de un club de la derecha injerencista encabezada por Bolsonaro, Duque y Piñera, los que junto a Almagro de la OEA han sido los principales vasallos del gobierno norteamericano en su agresión y sanciones ilegales contra los pueblos y gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Es legítimo tener y manifestar preocupación por lo que ocurre en Nicaragua, pero ello debe hacerse con respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, con conocimiento de causa y sin injerencia externa indebida. En consecuencia, no es coherente ni inaceptable apoyar una Resolución injerencista y agresiva que solicita al gobierno de la derecha Piñerista, (a un gobierno que es responsable de graves violaciones a los derechos humanos contra del pueblo chileno y que sigue manteniendo en la cárcel a los presos políticos de la revuelta) que ejecute una serie de acciones hostiles contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Se le solicita también coordinar con la decrépita OEA (y de paso resucitar el moribundo grupo de Lima) para condenar al gobierno de Nicaragua. Y para peor, la resolución dirigida al presidente Piñera le solicita llamar a consultas al embajador de Chile en Managua. Una inamistosa medida contra el pueblo y gobierno de la Patria del General Sandino, de Rubén Darío y del comandante Tomás Borge.



Santiago de Chile 18 de junio de 2021

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