Por Héctor Vega
La agenda conjunta –partidos-gobierno– fijó plazos y condiciones bajo los cuales la ciudadanía participará en el proceso constituyente. Las negociaciones internas a este binomio determinaron la permanencia de un presidente objetivamente prescindible, sin credibilidad alguna, con apenas un 10% de aprobación, para que cumpla sin zozobras los dos años que le restan. En esa jugada va implícita la subsistencia de la clase política en sus puestos de poder: Congreso y administración pública. Este salvataje político, de unos 2000 privilegiados de la clase política en los intersticios del poder corresponde a un 0,000142%…del cuerpo electoral de Chile.
0,000142% que impone reglas al resto de la ciudadanía es la clase política que en connivencia con el SERVEL, logró en abril 2017, el refichaje falso de los partidos políticos. Partidos que el 15 de noviembre pasado firmarían el Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución con que se inauguró el proceso oficial para dictar una nueva Constitución. En un Informe de CIPER, realizado por el psicólogo organizacional y comunitario, Javier Calzada Montealegre, se relata que “el Servicio Electoral (Servel) determinó que los partidos podían refichar a sus antiguos militantes enviando solo una fotocopia del Carné de Identidad del supuesto interesado por correo electrónico. Esto, a pesar de que las normas originalmente establecían que el refichaje debía hacerse por medio de dos mecanismos bastante más complejos y seguros: validándose una clave única por cada militante (la de ChileAtiende) y mediante la intervención de un ministro de fe”. Todo ello fue reemplazado y validado por una ley corta que autorizaba el refichaje de los militantes de los partidos políticos mediante una una fotocopia enviada por correo. El Informe ya citado explica la razón por la cual los partidos estaban obligados al refichaje.
“Entre 2014 y 2018 conocimos en detalle el gran escándalo del financiamiento ilegal de la política a través de boletas y facturas falsas, del que se benefició desde la UDI hasta la campaña presidencial de Michelle Bachelet. La llamada Comisión Engel resolvió que, para evitar que los partidos se corrompieran buscando financiamiento entre empresarios del mundo privado, era mejor que contaran con financiamiento público. Para acceder a esos recursos públicos, las colectividades debían iniciar un proceso de “refichaje” de sus militantes, para limpiar y ordenar sus padrones, como una forma de pasar la prueba de la confianza ciudadana después de todos los casos de corrupción que se habían conocido (Penta, SQM, Corpesca, etc.). El 14 de abril de 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año, hasta abril de 2017, para que los partidos reficharan a sus miembros. Si no cumplían con este trámite quedarían obsoletos, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso al financiamiento con fondos públicos”.
Según el Informe se calcula en $ 7 mil millones por año el monto que debería repartirse en el financiamiento de los partidos. De esta manera los mismos partidos, con refichajes falsos ya saneados en virtud del “arreglín” partidos-SERVEL, son quienes hoy firman el Pacto por la Paz Social y Nueva Constitución, origen de los tiempos que hoy se da la clase política para controlar el proceso constituyente.
En lo fundamental la regla de los dos tercios para la aprobación de las nuevas normas constitucionales permite que la minoría del tercio restante bloquee cualquier intento de cambio fundamental en la Constitución. Nada se deja al azar. En el período de 5 meses, entre las elecciones de abril y octubre, se constituirán las listas que se postularán para la elección de delegados constituyentes. Tema no resuelto, sujeto a toda clase de ambigüedades, donde se avanza desde listas de independientes bajo el sistema D’Hont de la cifra repartidora, a la fijación de escaños para los pueblos originarios; dejando en la incertidumbre las reglas que permitirían la representación paritaria de géneros. Nótese que son 5 meses en que la calle estará no solo activa, sino que adelantará sus propias propuestas de auto convocación para un proyecto constituyente alternativo de origen comunal. Objetivamente, este es un acto de ruptura en una sociedad que fija sus objetivos en el desarrollo de un mundo rentista decadente cada vez más alejado de un entorno global que fija sus metas en función de los avances de la ciencia y la tecnología.
La clase política cree manejar los tiempos de la política. Conoce el poder de las comunas ya manifestado en los movimientos sociales del 18 de octubre. Por ello, busca contrarrestar, mediante la manipulación del tiempo y el espacio, cualquier proceso constituyente auto convocado de origen comunal. Percibe que la realidad social actual y las propuestas se han construido en la calle sin banderas ni dirección política –sin la masa cercana a caudillos y consignas. La heterogeneidad de la calle es su debilidad pero al mismo tiempo es el principio de la ruptura.
Históricamente, nunca la clase política chilena se ha visto enfrentada a un enemigo cuyos movimientos se aproximan más a la revuelta que a los entendimientos políticos. Entiende, medianamente, que batallas decisivas se darán en el período de 5 meses que media entre la consulta plebiscitaria del 26 de Abril y la elección de delegados constituyentes del 25 de Octubre. Será un período de intensa represión propia a tiempos políticos acordados que en nada tienen en cuenta las realidades sociales.
Contrariamente a procesos anteriores, que terminan en una elección e instalación de una coalición, las batallas políticas del futuro abrirán espacios para conquistas cuya vocación es el cambio del sistema. Un tablero que se libra de piezas obsoletas es parte de un tinglado que espera otro renovado con piezas y reglas nuevas. Sabemos que la lucha comenzó el 18 de octubre, pero aparte del muy largo plazo que necesita para su materialización no tenemos ninguna otra certeza respecto a su término. Un hito importante de esa lucha es la integración de las 346 comunas del país por el cambio del sistema. Pero eso es un límite que por su ambición denota tiempos largos propios a períodos y cambios generacionales. Cuando evocamos los factores en juego tenemos una sola certeza: un proceso constituyente auto convocado por las comunas crea un hecho político que destruye todo el andamiaje creado por la clase política, es una ruptura; un acto de Liberación sin compromisos.
* Abogado y economista
Santiago, enero 3, 2020
