por Gustavo Burgos
Luego de ser abatido en la Cámara de Diputados y en la víspera de una nueva derrota en el Senado, Piñera recurre al Tribunal Constitucional, su última trinchera de poder. En el papel podría tratarse de otra de las hábiles maniobras del avezado inversionista quien da la pelea hasta el final muchas veces para subir el precio de de su capitulación. Tal razonamiento podría operar en un cuadro institucional operativo y previsible. Uno en el que tuviese sentido político, electoral, la defensa de la Constitución. Pero el esperpento institucional y la distopía política que caracteriza al régimen del Acuerdo por la Paz nos indica un camino opuesto. Piñera sabe que se dirige hacia un abismo y —como en «Thelma y Louise»— acelera. Pero el salto de la película es un salto hacia la libertad, el de Piñera uno que nos conduce a la barbarie.
La relación de Piñera con las instituciones es crítica porque es el resultado de la ordenación del poder desde el Acuerdo. Un orden en que el Gobierno se sostiene políticamente en el Parlamento y se ejerce funcionalmente desde La Moneda, porque Piñera fue librado de la cárcel el 15 de noviembre de 2019 con la exclusiva finalidad de afirmar ese acuerdo y administrar lo imprescindible. Desde iniciada la pandemia, la única tarea de Piñera ha sido dar los informes COVID-19 y tomar algunas medidas sanitarias. Aún en esa reducida tarea ha sido derrotado no por una particular impericia o estupidez —de la que no lo libramos— sino que porque los intereses de clase que sostiene y que dan forma a la política impulsada desde el MINSAL, son incompatibles con los de la mayoría explotada. El fracaso de la política sanitaria piñerista, con índices de mortalidad de los más altos en el mundo son la consecuencia necesaria de la propia crisis capitalista. La crítica personalizada de la «oposición» burguesa centrada en la estatura, política por cierto, del Ministro Paris o en la aptitud mental del Presidente, son una forma mediocre de soslayar la cuestión de fondo: el orden capitalista chileno no puede dar respuesta a la crisis sanitaria, porque ni la propiedad privada de los medios de producción, ni la democracia representativa patronal ni la docilidad de las élites a los intereses imperialistas, son compatibles con una política racional, comunista, para enfrentar la crisis.
